Argentina fue el primer país en el mundo en tener una ley de cuotas para promover la participación de la mujer en los poderes públicos colegiados. Pero casi 20 años después, la norma que inspiró al resto de América Latina sigue siendo resistida en una provincia.
"Jujuy es una provincia donde la construcción del poder tiene características casi feudales, con caudillos fuertes y muy conservadores", dijo a IPS María Inés Zigarán, profesora de periodismo y miembro del movimiento provincial de mujeres.
"Y no es azaroso que no tengamos ley de cupo femenino. Es una provincia hostil y resistente a la promoción de los nuevos derechos incorporados a la Constitución en la reforma de 1994", añadió en referencia a los derechos de las mujeres o los indígenas.
En Argentina, la ley de cuotas a favor de la participación política de la mujer fijó un mínimo de 30 por ciento de candidatas para cargos electivos colegiados. Cuando se aprobó, en 1991, el Congreso Nacional contaba con cinco por ciento de mujeres en la Cámara de Diputados y cuatro por ciento en el Senado.
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Actualmente, 38 por ciento de la cámara baja y 36 por ciento de la alta son femeninos. Mientras, normas con el mismo espíritu se fueron aprobando en las 24 provincias del país, excepto en Jujuy.
Pero esa resistencia muestra grietas y enfrentó este mes al Poder Legislativo con el Judicial de Jujuy, en una crisis cuyo desenlace está aún pendiente.
Un grupo de mujeres presentó en 2009 un recurso de amparo ante la justicia provincial para obligar a los poderes públicos a adoptar normas favorables a una participación política igualitaria.
En mayo, el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy acogió el recurso y condenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a "cumplir con el mandato constitucional" expresado en el artículo 37 de la reformada carta magna.
Los tres jueces del tribunal emplazaron a los legisladores a aprobar la norma en tres meses "bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias" no especificadas.
El artículo 37 establece que "la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral".
El fiscal provincial de Jujuy, Alberto Matuk, y un grupo de legisladores reaccionaron con virulencia. "Los jueces se excedieron en sus funciones y vamos a apelar el fallo ante el (provincial) Tribunal Superior de Justicia", dijo a IPS.
"No pueden ordenar que se saque una ley que fije un cupo de 50 por ciento", protestó el fiscal, un cargo que en las provincias designa el gobernador. En verdad, la sentencia no habla de porcentajes y solo exige que se cumpla con el mandato constitucional mediante una acción positiva a favor de la equidad de género.
Matuk defendió la negativa legislativa a establecer las cuotas, porque en el parlamento provincial hay ya 15 diputadas, más de 30 por ciento de sus 48 bancas. Pero adelantó que este año "la ley de cupo será tratada", cuando el parlamento aún no dijo nada al respecto.
Más allá de los porcentajes actuales, las mujeres quieren una ley que garantice su participación y sea aplicable en los 16 departamentos y 61 municipios en que se divide Jujuy. "En el norte (provincial) hay 39 comisiones municipales y 34 no tienen ninguna mujer", dijo a IPS Alicia Chabale.
Chabale, abogada del grupo que introdujo el amparo, coincide en que Jujuy es una provincia "absolutamente machista" donde las mujeres que logran participar en política son calificadas por los dirigentes como "ingobernables".
"El poder aquí lo manejan ellos, sobre todo el (gobernante) Partido Justicialista, que tiene una mesa chica de tres dirigentes que deciden cómo se reparten los cargos. Y claro, tienen muchos compromisos con mucha gente", advirtió la letrada.
El parlamento provincial, dominado por el justicialismo (peronismo) fue más allá del rechazo al fallo. Doce legisladores solicitaron el día 8 el "jury" (votación aprobatoria) de un juicio político a los tres magistrados por "actuaciones incompatibles con sus funciones".
El bloque justicialista, igual que la fiscalía, considera que los jueces "avasallaron la jurisdicción" del Legislativo, al ordenar la aprobación de una ley con la amenaza de sancionar a los diputados.
Pero las presiones contra el jury comenzaron a agolparse desde el resto de Argentina y los diputados de Jujuy no tienen fácil procesar a los magistrados por un fallo jurídico contrario a sus posiciones y no por una conducta personal impropia.
Cinco prestigiosas organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), emitieron un pronunciamiento contra la solicitud de jury, al que se sumaron ya decenas de personalidades y asociaciones de jueces y abogados, entre otras.
El documento plantea que el poder político de Jujuy pretende "el avasallamiento del Poder Judicial" por sentenciar que se cumpla con la Constitución.
"El problema es gravísimo porque más allá del contenido de la sentencia, si (el parlamento) no está de acuerdo lo que debe hacer es apelar, no perseguir a los jueces", dijo a IPS Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.
"Una cosa es acudir al Tribunal Superior de Justicia, y otra muy distinta es amenazar a los jueces con el juicio político porque no se coincide con una sentencia", alertó.
La profesora Zigarán consideró que la crisis evidencia la cerrazón de los legisladores contra el cupo. "Hace 19 años que lo reclamamos, se presentan proyectos cada año y siempre quedan en el cajón", dijo.
Señaló que a pesar de que el machismo es transversal en todos los partidos políticos en Jujuy, se concentran en el justicialismo las fuerzas más reaccionarias a la histórica posición argentina a favor de la participación femenina en la política.
Eva Duarte (1919-1952), la segunda esposa del fundador del partido y tres veces presidente Juan Domingo Perón, fue la líder popular más carismática de la historia argentina. La actual presidenta, Cristina Fernández, también es peronista.
Jujuy es una de las provincias con más alto índice de mortalidad materna por abortos sépticos y de delitos contra la integridad sexual en todo el país.
Para Zigarán, el tribunal cuestionado tiene antecedentes independientes y progresistas. "Con el jury se busca escarmentar a los jueces, domesticarlos para que nunca más saquen un fallo independiente", alertó.
