En la República Democrática del Congo las mujeres son objeto de abusos sexuales, mutilaciones y asesinatos, dijo indignada la activista Immaculée Birhaheka. La mayor parte de esos actos de violencia quedan impunes.
"En la sala que creamos para las víctimas de la violencia sexual en el hospital Panzi, en (la oriental provincia de) Kivu del Sur, todavía vemos mujeres que llegan de diferentes provincias vecinas", agregó la coordinadora de la organización no gubernamental congoleña Promoción y Apoyo a las Iniciativas de las Mujeres.
La operación Amani Leo, lanzada en enero por la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monuc) y las Fuerzas Armadas (FARDC) de ese país, se extenderá hasta septiembre.
Su objetivo declarado es volver a controlar los territorios mineros de las orientales provincias de Kivu del Norte y del Sur, ahora en manos de rebeldes. Amani Leo, que significa "paz ahora" en swahili, fue diseñada para superar las deficiencias de acciones militares anteriores contra organizaciones como las FDRL (acrónimo francés de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, integradas principalmente por milicias que llevaron a cabo el genocidio ruandés de 1994).
Durante esas acciones previas, tanto los grupos rebeldes como algunos soldados del gobierno, cometieron atrocidades contra la población civil.
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NUEVAS MEDIDAS
El sacerdote Jean-Bosco Bahala, relator general para el comité de control del acuerdo nacional de paz, dijo que la Monuc y el ejército nacional tienen que implementar medidas para reducir el riesgo que corren los civiles.
"Antes de cada ataque hay campañas de educación pública. Además, se implementa una barrera de protección para impedir represalias de los rebeldes", declaró Bahala en una entrevista con IPS.
Varias aldeas de Kivu del Norte fueron atacadas por las FDLR desde inicios de abril. Bahala dijo a IPS que en esos incidentes fueron secuestradas varias mujeres.
Los casos de violencia contra las mujeres persisten en las zonas de conflicto, pero en general esa violencia se ha arraigado en los lugares donde el ejército se ocupa de la seguridad de la población, destacó.
"No solucionaremos el problema de la violencia contra las mujeres si no resolvemos primero el de la estabilidad, eliminando la presencia de estas milicias armadas", agregó.
Katana Gege Bukuru, secretaria general de la organización no gubernamental Mujeres Activistas Unidas por los Derechos Humanos, opinó que "es verdad que una vez que los grupos armados empiezan a combatir la Monuc interviene para establecer un cese del fuego. Sin embargo, los civiles siguen muriendo, dado que a menudo los campos de batalla están cerca de las aldeas".
Según un portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre enero y marzo de este año se reportó la violación de 1.244 mujeres en la República Democrática del Congo.
Generalmente se creía que estas cifras representaban una fracción del total de ataques. Más de un tercio de estas violaciones se cometieron en Kivu del Norte y del Sur.
"Es difícil identificar a los perpetradores. A veces visten uniformes y portan armas para camuflarse. Así que no sabemos si son rebeldes, miembros de las Fuerzas Armadas o civiles", explicó Bukuru a IPS por teléfono desde Bukavu.
IMPUNIDAD PERSISTENTE
Kabamba dijo que algunos soldados que cometen actos de violencia contra las mujeres quedan impunes. Entre ellos hay figuras de alto perfil, como el general Bosco Ntaganda.
Sobre el ex comandante rebelde del Consejo Nacional para la Defensa del Pueblo (conocido por su acrónimo francés CNDP) pesa una orden de arresto internacional por delitos cometidos en la nororiental provincia de Ituri, pero él continúa formando parte de las FARDC en Kivu del Sur.
Según Kabamba, se han presentado demandas contra ciertos oficiales, pero los abusos son tan generalizados que el país no puede juzgarlos a todos.
"Hay 2.000 o 3.000 soldados operando en Kivu del Sur. Cientos de ellos han cometido atrocidades. Actuar contra estos abusos equivaldría a arrestar a los varios grupos de las FARDC en Kivu del Sur que actualmente llevan a cabo varias operaciones militares", dijo.
Los acuerdos legales implementados por la Monuc y el gobierno ahora brindan a las mujeres la oportunidad de demandar a sus atacantes.
Bahala señaló que gracias a los programas de rehabilitación y apoyo psicológico las violaciones son cada vez menos tabú. A consecuencia, las mujeres violadas tienen menos temor a que la comunidad las margine, y ahora están dispuestas a hacer las denuncias. No obstante, según Bukuru, todavía hay muchas mujeres con miedo a tomar esta decisión.
"Algunos violadores son arrestados y encarcelados, a la espera de un juicio. Sin embargo, la mayoría de ellos quedan impunes", dijo.
"Es por eso que intentamos ayudar a estas mujeres. Pero carecemos de los recursos (necesarios), especialmente para que viajemos, nos reunamos con ellas, paguemos la asistencia médica que necesitan, los abogados Nos gustaría que la Monuc nos ayudara financieramente. Y, sobre todo, que utilizara una diplomacia blanda e iniciara negociaciones con los rebeldes", añadió.
PERSPECTIVAS
Para Kabamba, interrumpir estas operaciones equivaldría a consolidar la impunidad. "Se considera que las FDLR y otras organizaciones rebeldes han logrado derrocar a la contrainsurgencia. Estos grupos están cometiendo atrocidades contra poblaciones civiles", dijo, intentando "involucrar a la prensa y a las organizaciones internacionales para que éstas puedan presionar al gobierno congoleño".
El objetivo es que éste, que busca redefinir el mandato de la Monuc, ponga fin a las operaciones en marcha en Kivu del Norte y del Sur", agregó.
"La situación ha mejorado mucho en el país. No hay motivo para mantener una respuesta de esta dimensión por parte de la Monuc, que por el momento está presente no sólo como parte de la operación Leo Amani, sino en todo el país", dijo Bahala.
"Queremos que el gobierno asuma la responsabilidad, y no podrá hacerlo mientras esté en una situación de dependencia permanente", concluyó.
