Guillermo Zuloaga, dueño de la televisora de noticias Globovisión, salió de Venezuela para eludir una orden de captura que un tribunal emitió poco después de que el presidente Hugo Chávez se quejó de que se lo juzgara en libertad, por delitos de opinión y comercio ilícito.
En menos de 10 días el periodismo en Venezuela encajó ataques con bombas molotov contra la Cadena Capriles, editora de tres populares diarios de la capital, la condena a casi cuatro años de cárcel de un periodista que criticó a un alcalde oficialista y la investigación a otros por fotografiar alimentos podridos en depósitos del gobierno.
El día 14 el gobierno intervino el Banco Federal, octavo del país, que confrontaba dificultades financieras desde hace meses y es propiedad de Nelson Mezerhane, socio de Zuloaga en Globovisión, de línea editorial opositora.
Zuloaga y Mezerhane declararon, por teléfono, que las medidas en su contra son una retaliación por la constante oposición de Globovisión y por su negativa a cambiar programas, despedir presentadores y disminuir la crítica en los noticiarios.
"Son medidas para estrangular a Globovisión, porque es la única televisora que queda crítica del gobierno para recoger nuestras protestas y los reclamos populares", comentó a IPS el sindicalista Pedro Rondón, dirigente de los obreros siderúrgicos de la sudoriental Guayana.
[related_articles]
La fiscal general Luisa Ortega declaró que Zuloaga y su hijo Guillermo Zuloaga Siso "están presuntamente incursos en los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento" en el comercio de vehículos.
Los Zuloaga poseen la distribuidora de autos Toyoclub, en la vecina ciudad de Valencia, y en mayo de 2009 guardaron en una casa de su propiedad en Caracas 24 vehículos para entregarlos, según dijeron, a compradores que los habían solicitado.
Ortega explicó la imputación de agavillamiento al acordarse dos o más personas para delinquir, y la de usura porque al depositar los vehículos en un local no comercial se presume ocultamiento para luego venderlos a un precio superior al del mercado.
En Venezuela no hay regulación de precios para automotores.
Los Zuloaga debían presentarse ante la justicia cada jueves y no podían salir del país. Pero esa prohibición fue levantada en febrero, coincidiendo con el retiro del director de Globovisión, Alberto Ravell, un contumaz crítico del gobierno.
En marzo Zuloaga dijo en una intervención ante la patronal Sociedad Interamericana de Prensa en la isla holandesa de Aruba que el 11 de abril de 2002, cuando estaba en marcha un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, éste "ordenó echarle plomo a una manifestación" de cientos de miles de opositores que pedían su renuncia.
Disparos de francotiradores segaron la vida de 19 manifestantes, partidarios y adversarios del gobierno, y dejaron decenas de heridos, pero nunca pudo establecerse una comisión de la verdad que fijase las responsabilidades del caso.
Contra Zuloaga se abrió un segundo proceso, por presunto vilipendio al jefe del Estado, quien el 2 de junio dijo que el empresario "me acusó por ahí en un foro internacional de que yo había mandado matar a la gente el 11 de abril".
"No voy a querellarme contra un burgués", dijo Chávez, pero "a ese señor se le agarró en su casa un bojote de carros (autos). Ese es un delito: acaparamiento".
El 11 de junio, cuando la afición venezolana se sumergía la Copia Mundial de Fútbol, el tribunal que sigue el caso de los autos ordenó la captura de los Zuloaga.
Mientras, un tribunal de Valencia condenó al veterano periodista Francisco Pérez a 45 meses de cárcel, el pago de una multa de 18.500 dólares y la prohibición de ejercer su oficio y de aspirar a cargos electivos mientras dure su sentencia, por haber vilipendiado al alcalde oficialista de la ciudad, Edgardo Parra.
En su columna de opinión en un diario local, Pérez había acusado a Parra de presunto nepotismo, por el nombramiento de varios familiares en importantes puestos de la alcaldía.
Autoridades del noroccidental estado de Falcón decidieron investigar a fotógrafos que divulgaron imágenes de toneladas de alimentos llevados a basureros pues se pudrieron en depósitos donde los conservaban responsables gubernamentales.
Mientras, la policía judicial continúa las pesquisas sobre los ataques con bombas molotov contra la sede de la Cadena Capriles, que no causaron víctimas ni daños pues por su manufactura muy tosca no llegaron a explotar.
"Los casos de Zuloaga y Pérez no son sólo exabruptos y arbitrariedades, sino parte de un cuadro de conjunto para tratar de asfixiar la libertad de expresión en el país", dijo a IPS Carlos Correa, de la organización no gubernamental Espacio Público.
"La estrategia del gobierno es judicializar las opiniones e informaciones que le sean contrarias hasta asfixiar la libertad de expresión", señaló a IPS el director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación en la Universidad Central, Gustavo Hernández.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una nueva carta al gobierno, expresando "el preocupante consenso entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sentido de que es legítimo silenciar a las personas críticas del gobierno a través del derecho penal".
En una entrevista con la televisora británica BBC esta semana, Chávez desestimó las críticas de la Comisión pues "ha apoyado golpes de Estado" en América.
"Yo quisiera ver los reportes de derechos humanos en relación con Estados Unidos, que bombardea ciudades, que mata niños ( ) en contra de Israel, que acabó con la franja de Gaza, asesinó y masacró delante del mundo miles y miles de niños y de mujeres", dijo el mandatario.
Organizaciones empresariales, políticas y gremiales, dentro y fuera de Venezuela, criticaron las medidas contra medios y periodistas.
Mientras, el grupo de comunicadores Movimiento por un Periodismo Necesario reiteró su respaldo a Chávez.
"Relacionar la actuación de la justicia con un ataque a la libertad de expresión, y pretender afirmar que constituye además una violación a la libertad de prensa es a todas luces un falseamiento y manipulación de los hechos en una larga cadena de declaraciones contra Venezuela, que se hace inaceptable", afirmó en una declaración el Movimiento.
"El medio de comunicación cuya concesión gratuita le fue otorgada al señor Zuloaga por el Estado venezolano, está al aire", subrayó la declaración.
