Las organizaciones indígenas de Perú pasaron de la indignación a la acción frente a la decisión del presidente Alan García de devolver al parlamento con observaciones la ley de consulta sobre sus territorios, y pidieron que una misión especial de la ONU visite el país para en su respaldo.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) envió el lunes 28 una carta a James Anaya, Relator Especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la situación de los derechos humanos y las libertades de los indígenas, en la que solicitan un respaldo "in situ" a la demanda a favor de los derechos de sus pueblos.
Por su parte, la Federación de Comunidades Nativas de la región noroccidental amazónica de Ucayali ha programado una primera movilización de protesta para este jueves 1 de julio, mientras expertos en temas indígenas advierten que puede reavivarse la conflictividad en la Amazonia y otras áreas dominadas por la actividad minera y petrolera.
García remitió el día 21 al unicameral Congreso legislativo con ocho observaciones el texto de la Ley del Derecho de la Consulta de los Pueblos Indígenas, que fue debatida por siete meses y con que Perú pasaría a cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la protección de los derechos de las poblaciones originarias.
"El Estado debe privilegiar el interés de todos los ciudadanos", señala García en una de sus observaciones. El Jefe de Estado aseguró a la prensa que no podía permitir que las comunidades indígenas detuvieran proyectos de inversión que beneficiarán a todo el país.
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La ley de consulta establece que cualquier medida legislativa, administrativa, proyecto de desarrollo, plan o programa que afecte de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas tendrá que ser consultada con ellos previamente.
Alberto Pizango, presidente Aidesep replicó al mandatario que los nativos "no están en contra de la inversión en desarrollo" sino que quieren "diálogo y respeto".
El punto central de la negativa presidencial a promulgar la ley es el supuesto derecho a veto que se permitiría a las comunidades nativas, lo que Aidesep y otras organizaciones niegan que signifique la necesidad de "consentimiento" incluida en la ley. El parlamento puede ahora ratificar el texto aprobado el 19 de mayo, "allanarse (acoplarse)" a las observaciones, o acoger parcialmente alguna de ellas. Pero no puede promover la discusión de un nuevo texto.
El primer paso es que las comisiones de Constitución y de Pueblos Indígenas emitan sendos dictámenes sobre las observaciones. La presidenta de la primera de esas comisiones, Mercedes Cabanillas, dijo a IPS que en la primera semana de julio las dos comisiones se reunirán en forma extraordinaria para elaborar y votar esos informes.
El parlamento peruano se encuentra en receso hasta agosto, por lo que también tendría que convocarse a sesiones extraordinarias si se quiere resolver una situación que podría avivar situaciones conflictivas en la región amazónica.
Cabanillas, de la bancada del gobernante Partido Aprista Peruano, adelantó que tres puntos al menos en que podrían aceptarse los pronunciamientos del gobierno, y se mostró a favor de que la crisis abierta se resuelva a la brevedad.
Pero para Aidesep ninguna de las observaciones del Ejecutivo tiene sustento jurídico, todas violan la Constitución y las normas internacionales. El jefe del área legal de Aidesep, Germán Guanira, dijo a IPS que el gobierno apela a este recurso para "ganar tiempo" y aprobar mientras nuevas concesiones a favor de las empresas mineras y petroleras.
El gobierno de García ha otorgado concesiones a las industrias extractivas a un ritmo acelerado sin que los pueblos indígenas sean consultados a pesar que Perú ratificó en 1994 el Convenio 169, que establece la obligación de consultar a los pueblos originarios sobre actividades que afecten sus territorios.
La aprobación de la ley fue uno de los compromisos asumidos tras las violentas protestas producidas en la provincia amazónica de Bagua, que el 5 de junio de 2009 provocaron la muerte de 33 personas entre nativos, mestizos y policías, durante la represión de una manifestación.
Casi 80 por ciento del territorio de la norteña Amazonia peruana está entregada en concesión a compañías de hidrocarburos. A comienzos de la década de los 90, las concesiones mineras ocupaban apenas 2,3 millones de hectáreas y en la actualidad superan los 19,5 millones.
Los conflictos han crecido a la par del impulso de la explotación privada de las riquezas del suelo y subsuelo amazónicos. En enero de 2010, la Defensoría del Pueblo reveló que 76 por ciento de los conflictos socioambientales está relacionado con la actividad extractiva.
"Las observaciones no aportan al debate. Todo lo contrario: tienen un matiz político y son inconstitucionales", aseguró a IPS el abogado Hernán Coronado, del no gubernamental Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Aplicada.
Son tres los planteamientos de García que despiertan mayor polémica. El primero es el que objeta que se reconozca el derecho a la consulta a las comunidades andinas y costeras, que pretende limitar a la región amazónica.
Al respecto, Coronado señaló que "el Estado no puede hacer una discriminación aleatoria, crear a los pueblos indígenas según sus criterios sin reconocer derechos pre existentes. En todo caso, esta identificación se tiene que hacer junto con los interesados: los pueblos indígenas".
Mario Palacios de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, calificó esa observación de "autoritaria y racista".
El segundo punto es la oposición presidencial a que se les consulte en el caso de programas y planes de desarrollo que afecten sus vidas. Para Garcia, la consulta debería limitarse a medidas legislativas y administrativas, pese a que las recomendaciones de la OIT no son restrictivas.
El tercer punto es que proponga que sea a Oficina Nacional de Procesos Electorales la que establezca el criterio básico de "representatividad y legitimidad" de los pueblos indígenas, cuando no es un órgano preparado para ello.
Cabanillas dijo que no comparte este último planteamiento y consideró que la función de delimitar la representación indígena debe corresponder al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
Elizabeth León, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, adelanto a IPS que los técnicos de su grupo de trabajo ya elaboraron un pre dictamen, con el rechazo de todas las observaciones. El 6 de julio esa Comisión votará el reporte.
"Quizás haya intereses y presiones. Pero si uno mira con objetividad el tema, con esta ley se garantiza la seguridad de inversión de las empresas porque disminuirán los conflictos ante proyectos consultados", aseguró León, del opositor Partido Nacionalista.
