Crímenes cometidos en Perú, primero amnistiados y luego juzgados, serán presentados en el juicio al magistrado español Baltasar Garzón como prueba de la imposibilidad de perdonar o hacer extinguir los delitos de lesa humanidad.
El caso peruano será expuesto por un testigo solicitado por Garzón, el abogado Ronald Gamarra, que representó a familiares de las 15 víctimas de la matanza de Barrios Altos, en el centro de Lima, cometida en 1991 por un "escuadrón de la muerte" del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Por ese caso y por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en 1992, el ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado el año pasado a 25 años de prisión.
Los perpetradores de ambos crímenes se habían beneficiado de una amnistía otorgada en 1995 por el gobierno de Fujimori a los delitos de derechos humanos cometidos por agentes civiles o militares desde mayo de 1980.
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Ese año se considera el inicio del conflicto armado entre fuerzas de seguridad y guerrillas de izquierda que se prolongaría por dos décadas en este país andino.
La estadounidense Jo-Marie Burt, profesora visitante de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora asociada de la George Mason University de Virginia y quien estudia el proceso a Fujimori, dijo a IPS que "Gamarra jugó un rol fundamental en la lucha contra la impunidad en Perú, y por ello Garzón le ha pedido ser testigo en el desafortunado juicio que se llevará en su contra".
En una carta que Garzón dirigió a Gamarra el 10 de este mes, a la que tuvo acceso IPS, el juez español le propone que su testimonio se centre en su experiencia en procesos de delitos de derechos humanos que habían sido, sin embargo, amnistiados.
Usted actuará "como testigo de la existencia de una corriente de interpretación jurídica, basada en la expansión del Derecho Penal Internacional, que propicia la persecución de aquellos delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad, a pesar del tiempo transcurrido desde que se perpetraron y por encima de las Leyes llamadas del perdón", dice la misiva.
"Ese testimonio tendría que estar apoyado en casos concretos conocidos por usted", agrega.
Gamarra lleva varios años patrocinando a víctimas de la represión gubernamental durante la guerra interna.
Fue responsable de la oficina de derechos humanos de la Procuraduría Ad Hoc que se constituyó en 2000 para investigar las acusaciones contra Fujimori y contra su asesor de inteligencia, el también convicto Vladimiro Montesinos, y participó en el proceso de extradición del ex presidente desde Chile.
Ahora ejerce la secretaría general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un colectivo de más de 50 organizaciones no gubernamentales peruanas.
"Es un honor actuar de testigo en un juicio trascendental para quienes luchamos contra la impunidad, y es más relevante todavía porque el acusado es un magistrado emblemático", dijo Gamarra a IPS.
"Garzón justamente impulsó los juicios a represores" latinoamericanos, como el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), "dejando sentado que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que ninguna ley de punto final, de perdón y olvido o de amnistía para todos está sobre la jurisprudencia que comprende la sanción para los autores de violaciones a los derechos humanos", agregó.
El juez de la Audiencia Nacional había iniciado trámites para investigar la suerte de más de 113.000 desaparecidos españoles en los años de la guerra y el franquismo.
El 14 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió en sus funciones, 48 horas después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, le abriera juicio oral por el supuesto delito de dictar, a sabiendas, una resolución injusta.
La acción contra Garzón fue promovida por grupos españoles de extrema derecha como Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española.
"La defensa que mi abogado se propone desarrollar estará basada en que las decisiones que adopté resultan amparadas por normas de Derecho Penal Internacional comúnmente aceptadas por las naciones civilizadas y recogidas en diferentes Tratados suscritos por España", explica Garzón en su carta a Gamarra.
"Son las normas que obligan a dar protección en todo momento a las víctimas de desapariciones forzadas de personas ( ), que consideran imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y que proscriben las leyes de perdón en la medida que éstas impidan perseguir los delitos de genocidio o de lesa humanidad", agrega.
De acuerdo con Gamarra, en el proceso a Fujimori, la defensa también arguyó que los delitos imputados habían prescrito. "Demostramos que la jurisprudencia internacional señala expresamente que los delitos de lesa humanidad no prescriben", insistió Gamarra.
"Al juez Garzón lo amparan las leyes internacionales para investigar los crímenes del franquismo", añadió.
