España comenzó una semana decisiva para el mundo del trabajo, en que las organizaciones sindicales y patronales harán el último esfuerzo para alcanzar un consenso sobre una reforma laboral, si quieren evitar que el gobierno la establezca por decreto el día 16.
Un día después, el presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, concurrirá a la cumbre semestral de los 27 jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) y quiere llevar en la mano la reforma que el bloque exige a España, como parte del ajuste para reducir su déficit público y para reestructurar su modelo económico.
Los líderes sindicales y empresariales negocian desde hace dos años esta reforma, con presencia del gobierno. Pero no parece probable que logren acercar sus posiciones sobre puntos como la flexibilización del despido y la contratación, en el plazo fijado por Zapatero a comienzos de mes.
Fuentes del gobierno señalaron a IPS que su intención es fortalecer el fomento del empleo, con una reforma del sistema de indemnización por despido, entre otras medidas.
En esa línea, se propone analizar dentro de la mesa negociadora y de ser posible llegar en ella a un acuerdo sobre el sistema de indemnizaciones por desempleo, que incluyen tanto el mantenimiento de una parte del coste asumida por los contratantes, otra por los contratados despedidos, o que se den voluntariamente de baja, y una tercera por el Estado.
El tema más discutido es que las empresas provisionarían mensualmente a los trabajadores con indemnizaciones por despido, sin pagárselas anticipadamente pero sí constituyendo un fondo a nombre de los empleados, quienes podrían cobrarlo al ser despedidos o cuando llegue el momento de su jubilación.
Este costo sería de aproximadamente cinco por ciento del salario para asegurar una indemnización.
La necesidad de una reforma laboral que modernice el sistema de contrataciones, los convenios colectivos, y las indemnizaciones al cesar la relación laboral, ha sido planteada por los empleadores privados y los partidos políticos conservadores desde poco después de llegar Zapatero al gobierno, en 2004.
Pero el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había insistido en la opción de un pacto entre empresarios y sindicatos, hasta que hizo un brusco giro en éste y otros temas cuando la UE pasó a demandar a Madrid a implementación de la reforma como parte del ajuste.
La consensuada o decretada reforma laboral va a seguir a otras medidas establecidas por el gobierno dentro del recorte de gastos de unos 18.000 millones de dólares establecido en mayo, que incluyó una rebaja de los salarios de los empleados públicos y de las contrataciones del sector.
El recorte salarial promedio del segundo semestre de este año para los 2,3 millones de empleados públicos será de cinco por ciento, seguido por el congelamiento de sueldos en 2011.
El duro recorte pretende rebajar el déficit fiscal de 11,2 por ciento del producto interno bruto de 2009 a 9,3 por ciento este año, y a seis por ciento en 2011.
En la UE califican las medidas de "valientes", pero demandan otras acciones más duras aún, incluida la reforma del sistema de pensiones, pilar de la sociedad de bienestar del país.
El recorte salarial llevó a las dos mayoritarias centrales sindicales, Comisiones Obreras (COO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), a realizar el martes una huelga de los empleados públicos, que tuvo alta repercusión en la opinión pública, pero un débil seguimiento de los afiliados.
Todos los servicios públicos fueron prestados, aunque con dificultades en algunos sectores y regiones, y las concentraciones de cierre convocadas por CCOO y UGT tuvieron poca afluencia. La realizada en Madrid no alcanzó a las 200 personas, según cálculos independientes.
El secretario general de la CCOO, Ignacio Fernández, dijo en ese acto que si fracasa la negociación con los empresarios y el gobierno decreta una reforma "lesiva a los intereses de los trabajadores, habrá huelga general".
Su par de la UGT, Cándido Méndez, criticó que desde el gobierno y la UE se crea que se puede conjurar el pánico de los mercados financieros y el debilitamiento del euro "recortando las retribuciones de los empleados públicos, o congelando las pensiones o hipotecando nuestras posibilidades de futuro".
También repitió que en España no hace falta facilitar más el despido, porque ya es muy fácil y como muestra recordó que desde 2008 han perdido su trabajo millones de personas. Actualmente, más de cuatro millones de personas, 20 por ciento de la población económicamente activa, están desempleadas, el doble del promedio europeo.
Mariano Rajoy, líder de la principal fuerza opositora, el centroderechista Partido Popular, exigió el miércoles en el parlamento a Zapatero que recorte de inmediato el número de ministerios y reduzca los altos cargos, como medidas sustitutivas a la rebaja salarial y el congelamiento de las pensiones.
El presidente del gobierno replicó que la reducción de ministerios y altos cargos tendría una incidencia mínima en el presupuesto y recordó que en sus seis años de gestión el gasto social se incrementó en un 50 por ciento y que las medidas adoptadas apenas lo reducirán en la mitad de un punto porcentual.
Pero el mismo miércoles un millar de organizaciones no gubernamentales y sindicatos se manifestaron ante la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (cancillería) para protestar porque dentro de los recortes se haya incluido a la Ayuda Oficial al Desarrollo, lo que atenta contra los derechos sociales de los más vulnerables en el mundo.
La manifestación se realizó mientras en el ministerio se inició la reunión de dos días de la Conferencia Internacional sobre Cooperación Internacional y Desarrollo en Tiempos de Crisis.
