Las consignas de muerte contra el sacerdote católico Javier Giraldo, aparecidas en grafitis en la capital de Colombia, pueden ser responsabilidad de militares, paramilitares o narcotraficantes vinculados a cultivadores de palma africana.
Pese a tan poderosos enemigos, el jesuita se resiste a la protección policial. Además de su radical desconfianza hacia toda persona que porte armas, Giraldo ha dicho que no soportaría que alguien quedara herido o muerto en un eventual ataque en su contra.
La desconfianza ante los grupos armados se le acentuó desde que 15 años atrás comenzó a asesorar a 600 familias campesinas que habían colonizado un estratégico lugar en Urabá, una rica región costera de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, bañada por el mar Caribe.
El obispo de aquella diócesis, Isaías Duarte Cancino, lo advirtió: "A ustedes los van a expulsar de aquí porque éste es un corredor de guerra".
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En efecto, es un camino hacia el golfo de Urabá, fronterizo con Panamá y lugar privilegiado para la introducción de armas, tránsito de drogas y mercancías de contrabando.
En aquella época, 1995, ya había comenzado la ofensiva militar para expulsarlos de la región. El obispo —que sería asesinado el 16 de marzo de 2002— les aconsejó que se convirtiesen en una comunidad de paz.
Así lo hicieron el 23 de marzo de 1997 ante testigos internacionales, para que diesen fe del compromiso de la comunidad con el principio de no colaboración con agentes armados y de no admitir en su territorio a persona alguna con armas.
Ese principio desató la reacción de la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Y los empresarios agrícolas, motivados por la propaganda negativa contra estos campesinos, pasaron a mirarlos como un grupo subversivo vinculado a la insurgencia izquierdista.
Las denuncias de Giraldo desde la Comisión Intereclesial Justicia y Paz contra militares y paramilitares han puesto de manifiesto las raíces del conflicto armado colombiano.
La disputa por la tierra es el problema más antiguo. La reforma agraria fue contemplada en la Ley de Tierras de la Presidencia de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y se convirtió en programa de gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Pero los grandes terratenientes se encargaron siempre de boicotearla.
En San José de Apartadó, Giraldo pudo ver el poder de las empresas productoras de palma que, aliadas con militares y paramilitares, expulsaban a los campesinos para apoderarse de sus tierras.
Detrás de las familias en fuga entraban los tractores que arrasaban hasta con los cementerios. "Los que regresaban después de seis o siete años no reconocían sus tierras, cruzadas por canales de irrigación. En un pueblito llamado Santa Lucía fui tratando de ubicar el cementerio; todo lo habían destruido", dijo en entrevista para este artículo.
También emergió el problema de la corrupción en el ejército, unido a los paramilitares y al servicio de los cultivadores de palma aceitera.
"Era muy evidente la conexión del ejército con los paramilitares. El plan Génesis del general (Rito Alejo) del Río, había sido trazado en función de poblaciones en donde podía tener influjo la guerrilla", contó el sacerdote.
Esa operación pretendió pacificar "a sangre y fuego" Urabá en 1997, con un saldo de decenas de muertos y miles de desplazados.
En sus orígenes, San José de Apartadó fue territorio político de la izquierdista Unión Patriótica y del Partido Comunista, un hecho que militares y paramilitares miran como un estigma y que la operación Génesis buscó castigar.
Pero la debilidad más protuberante para Giraldo es la inoperancia de la justicia. "Con la idea de no dejar impunes los abusos, porque la impunidad favorece la repetición, se abrieron cantidad de procesos y fui descubriendo que la justicia colombiana es solo testimonio", narró.
"Me decían, traiga los testigos; convencí a muchos campesinos para que atestiguaran, y después de declarar los mataban", dijo.
Entonces acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuya presión están a punto de ser sentenciados 10 militares, procesados por la masacre de febrero de 2005, en la que murieron ocho personas, entre ellas dos niños.
Después de esa masacre, el presidente Álvaro Uribe ordenó que un comando policial se instalara en el centro de San José de Apartadó, pese a las protestas de sus habitantes.
Cuando llegaron los primeros vehículos con policías y armas, los campesinos abandonaron la población y se fueron con lo que pudieron llevar a una finca que tenían para cultivos comunitarios.
Allí se instalaron en refugios precarios que, poco a poco y con ayuda de gobiernos y organizaciones no gubernamentales de Europa, han transformado en la población de San Josesito de la Dignidad.
En el antiguo San José de Apartadó se instalaron paramilitares, algunos de ellos acusados por las masacres. Reaparecieron los bares, los depósitos de mercancía de contrabando y las armas.
Medios de la zona indican que en los 13 años transcurridos desde que San José de Apartadó se convirtió en modelo de resistencia civil, fueron asesinados 197 miembros de la comunidad y cientos soportaron torturas, desapariciones y desplazamiento.
La solidaridad de Giraldo con estos campesinos y su denuncia de los crímenes son las razones que explican las amenazas.
"Al principio me daba miedo, pero las amenazas se han vuelto rutinarias. Por otra parte", respondió sereno, "cuando uno compara con lo que le pasa a muchísima gente, uno hace el parangón y ellos sufren más".
