El parlamento colombiano dio carpetazo al texto de una iniciativa popular respaldada por más de dos millones de personas para convocar un referendo sobre el agua, al eliminar del proyecto que se declare al recurso como un derecho humano fundamental.
El debate legislativo sobre el referendo va a proseguir. Pero sus promotores adelantaron que la consulta que el Congreso bicameral termine por proponer no contendrá el corazón de la iniciativa popular y, adicionalmente, sería considerada ilegal por la Corte Constitucional.
"De ese referendo que votarán, no somos voceros", aseguró Colmenares tras 18 meses de gestión sin lograr la aprobación del parlamento, a los que hay que sumar el año previo de preparación, movilizaciones y recolección de firmas.
La iniciativa de referendo por el agua y la búsqueda de que se le reconozca como derecho humano fundamental es respaldada por 2.039.812 firmas, que fueron acreditadas en septiembre de 2008 por la gubernamental Registraduría Nacional.
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Un mes después el proyecto del texto para la consulta fue introducido en el parlamento.
Desde entonces, los dirigentes y activistas de de organizaciones nacionales y regionales de indígenas, campesinos y habitantes de las urbes colombianas, realizaron múltiples movilizaciones a favor del referendo y mantuvieron una continua campaña pedagógica sobre la conveniencia de la iniciativa.
Pero en su trámite parlamentario, el proyecto sufrió modificaciones en la Comisión Quinta, la encargada de medio ambiente y recursos naturales, que ahora fueron ratificadas por la plenaria.
El texto de la iniciativa popular fue considerado "idealista e inviable" y se argumentó que era imposible asumir el costo de la propuesta de establecer un consumo mínimo vital gratuito.
Se decidió también que aceptar que el agua es un derecho humano fundamental pondría en riesgo las fuentes hídricas ubicadas en propiedades privadas, a las que habría que permitir el acceso a los ciudadanos que reclamasen su derecho fundamental.
La salida legislativa fue incluir al agua como uno más de los derechos económicos sociales y culturales, "lo que resta todo sentido al valor inicial", dijo Colmenares.
La modificación de textos elevados al parlamento por iniciativa popular para la realización de un referendo fue declarada improcedente por la Corte Constitucional en febrero, cuando rechazó por esa causa la celebración de una consulta para aprobar la tercera postulación consecutiva a la Presidencia del mandatario Álvaro Uribe.
"La Corte Constitucional definió que para los textos con respaldo popular, el Congreso debe limitarse a votar sobre su conveniencia: sí o no", recordó Colmenares.
"Lo mismo aplica para el referendo por el agua, y así lo recordamos de manera reiterativa a los parlamentarios", continuó.
Legisladores de fuerzas políticas opositoras al gobernante y derechista Partido de la U, como el centrista Partido Liberal y el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) insistieron en el mismo planteamiento.
Germán Reyes, legislador del PDA, aseguró a IPS que "la bancada del gobierno busca los mecanismos para hundir el referendo, porque la política del alto gobierno es privatizar el agua para entregarla a las multinacionales. Por eso este referendo les molesta".
"Que la gente ejerza el derecho fundamental, o que se protejan las cuencas hídricas que se están entregando a las multinacionales, eso no gusta. Pero tampoco dan la cara al país y no lo hunden de frente, sino que aplican todos los mecanismos de dilación", agregó Reyes.
Una estrategia que está clara para los promotores, que por ello consideran que el seguimiento del debate sobre la propuesta pasó a ser un formulismo, con final ya conocido.
Existe entre ellos la certeza de que la Corte Constitucional desechará el texto que se apruebe, y en consecuencia el referendo, por su modificación legislativa.
"Si la Corte es coherente, no lo va a aprobar", afirmó Reyes.
La actual legislatura parlamentaria cierra el 20 de junio, lo que no da el tiempo material para que se complete la discusión sobre el alterado proyecto de referendo, porque faltan un debate en la cámara baja y dos en el Senado.
En el nuevo Congreso, que se instalará el 20 de julio, nada cambiaría para el proyecto, porque el Partido de la U y el también derechista Partido Conservador el más radical contra la declaración del agua como derecho fundamental-, tienen cómoda mayoría.
Todo ello impulsa a los promotores del referendo a usar el compás de espera que se abre para concretar alternativas constitucionales para defenderlo.
Por ejemplo, "lograr un millón y medio de firmas adicionales para lo que tendríamos seis meses más", dijo a IPS el activista Rafael Espinel. Con ello, ya no sería necesario que la propuesta de referendo tenga ratificación legislativa, recordó.
También estudiar realizar actos masivos como el rechazo a los recibos de agua y alcantarillado, o celebrar movilizaciones masivas y hacer una consulta popular simbólica.
"Porque la situación es grave", dijo Colmenares, al resaltar que casi 30 por ciento del territorio rural colombiano carece de servicio de agua y alcantarillado.
Además, tan solo en Bogotá 300.000 familias soportan anualmente la suspensión del servicio por incapacidad de pago.
En tanto, "los páramos (andinos) se entregan a la explotación minera de trasnacionales", que demanda ingentes cantidades de agua, mientras el país padece de manera alternativa sequía o inundaciones por la deforestación o la desecación de tierras para ganadería.
Lo claro es que "el proceso legislativo ya no tiene sentido y hay que mirar otras formas de movilización para revivir el referendo. Es un reto que aceptamos", dijo Espinel.
