Perú no extraditará al ciudadano chino Wong Ho Wing, requerido por la justicia de su país por un delito sancionado con pena de muerte, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncie sobre el caso, confirma una carta del gobierno a la que tuvo acceso exclusivo IPS.
Wong, quien se dedicaba a actividades empresariales en Lima y vivía con su esposa y sus dos hijos, fue detenido en el aeropuerto internacional el 27 de octubre de 2008, cuando pretendía viajar al extranjero. Está acusado en China de de lavado de dinero, soborno y también de defraudación de rentas de aduana, ilícito que es castigado con la pena capital en ese país.
El Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de Perú accedieron a la solicitud de extradición cursada por China, pese a que el Estado peruano ha suscrito convenios internacionales que prohíben la entrega de ciudadanos a países que los reclaman para ser ejecutados.
A las autoridades peruanas les bastó una carta de compromiso del Tribunal Popular Supremo de China que aseguraba que Wong no sería sentenciado a la pena de muerte en caso de ser declarado culpable.
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Ante la decisión de las autoridades peruanas, la defensa de Wong apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también dependiente de la OEA y con sede en Washington.
Cuando Wong estaba prácticamente listo para ser devuelto a China, el 25 de marzo, el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, comunicó a Perú que la Corte había solicitado la suspensión del proceso hasta que ese tribunal no resuelva el pedido de garantías provisionales hecho por el ciudadano chino.
El gobierno peruano de Alan García acató la decisión.
Mediante una comunicación escrita, fechada el 6 de abril, el embajador de Beijing en Lima, Zhao Wuyi, protestó por la resolución peruana y recordó la vigencia de un tratado de extradición entre China y Perú.
Poco después, el 26 de ese mes, María Landaveri, encargada de la Subsecretaría para Asuntos de Asia, la Cuenca del Pacífico, África y Medio Oriente de la cancillería peruana, respondió al embajador Zhao explicando el procedimiento seguido por el país en este caso.
Landaveri escribió al embajador Wuyi, "por especial encargo del señor presidente de la República (Alan García)", que, primero, el Poder Ejecutivo peruano detuvo e inició el proceso de extradición pedido por China conforme a las leyes nacionales y al tratado sobre la materia suscrito entre ambos países.
Dentro de este contexto, Wong recurrió a la Corte de San José para obstaculizar la extradición, arguyó la diplomática peruana. De esta manera, el gobierno aclaraba que había cumplido con su parte de acceder a la entrega del empresario.
"El referido ciudadano chino ha hecho uso de las garantías procesales que por ley asisten en el Perú, así como de los recursos ante una instancia supranacional, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia el Perú reconoce internacionalmente", señaló Landaveri a Zhao.
"Actualmente, la Corte Interamericana ha emitido medidas urgentes requiriendo al Estado peruano que se abstenga de extraditar al señor Wong Ho Wing, mientras la solicitud de medidas provisionales no sea resuelta por el pleno de la Corte", añadió la funcionaria.
Landaveri planteó en la carta que "corresponde al Perú esperar el pronunciamiento final de esta instancia (Corte Interamericana) a fin de adoptar una decisión final sobre este caso".
Para la defensa del ciudadano chino, la comunicación escrita revela que Lima intenta a toda costa satisfacer al gobierno de China, con el que suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) el 28 de abril del 2009.
"La carta de la cancillería pone en evidencia que el gobierno de Perú estuvo en todo momento a favor de la extradición, soslayando la pena de muerte que está prohibida en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en la Constitución Política de Perú", dijo a IPS Luis Lamas Puccio, abogado de Wong.
El gobierno "se disculpa ante el embajador chino de no poder todavía extraditarlo, evidenciando que desde un comienzo se había comprometido a ello. Esto quiere decir que incluso el Poder Judicial se allanó a entregar al ciudadano chino", enfatizó.
En la misma carta, Landaveri destaca que Perú ha cumplido con lo que le correspondía.
"Señor embajador, el gobierno de la República Popular China debe estar seguro que el Perú, en tanto firme cumplidor de la normatividad vigente sobre la materia, no pretende soslayar en absoluto la excelente relación bilateral que mantienen ambos países", dice.
El 31 de marzo del 2009, Cantón le envió una misiva al presidente García alertándolo de que la extradición de un ciudadano requerido para ser condenado a la pena de muerte era improcedente conforme la legislación interamericana.
"(Le solicito) que se abstenga de extraditar al señor Wong Ho Wing hasta tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre la petición formulada a su favor", señaló en la oportunidad el secretario ejecutivo de este cuerpo con sede en Washington.
Pero García, como se desprende de la reciente carta enviada al embajador chino, prefirió continuar con el proceso de extradición y solo se detuvo cuando la Corte Interamericana emitió medidas urgentes a favor de Wong.
