Activistas contra la pena de muerte reunidos en la capital de Austria para discutir el octavo informe quinquenal de la Secretaría General de la ONU destacaron la tendencia mundial hacia una abolición total y universal del máximo castigo.
Los abolicionistas están eufóricos, aunque varios países donde se continúa aplicando la pena de muerte siguen sin respetar normas y estándares internacionales en tres planos: no limitan el castigo a los crímenes más graves, no excluyen a los menores de edad ni garantizan un juicio justo.
El informe de la Secretaría General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la pena de muerte fue presentado al cierre este jueves en la sesión número 19 de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal.
"La campaña contra la abolición de la pena de muerte es larga y requiere de constantes recordatorios. Y el informe de la Secretaría General es una herramienta extremadamente importante y valiosa para recordarle al mundo que debe abolir la pena capital", dijo Thomas H. Speedy Rice, de la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores de Estados Unidos (NACDL, por sus siglas en inglés).
"El informe mantendrá vivo el diálogo y la discusión con los gobiernos", sostuvo.
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Rice dijo a IPS que, en su opinión, el reporte contribuye a un debate continuado y más razonado sobre un tema muy emotivo. Elogió el enfoque del trabajo y la contribución hecha por las oficinas de la ONU y las organizaciones no gubernamentales internacionales como la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte (WCADP, por sus siglas en inglés), alianza mundial de grupos de la sociedad civil, abogados y sindicatos.
La WCADP y la NACDL realizaron este jueves una reunión paralela a la que asistió Jacqueline Macalesher, administradora del proyecto contra la pena de muerte de la organización no gubernamental Penal Reform International (PRI).
Macalesher destacó un programa del PRI para la abolición de la pena máxima y para promover alternativas que respeten los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante dos años, el proyecto del PRI será aplicado en 20 países de cinco regiones para incrementar las salvaguardas y promover una mayor responsabilidad de los sistemas de justicia penal a través de una política integral de desarrollo y de reforma legal, incluyendo una mejor administración carcelaria.
El otro objetivo del proyecto es exhortar a los gobiernos a que consideren cuidadosamente si las sanciones que se proponen para reemplazar la pena de muerte cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos.
Macalesher dijo que la región que presenta más desafíos es Medio Oriente y el Norte de África, porque la pena de muerte es vista como parte de la cultura y la religión.
El proyecto analiza las actitudes de la sociedad sobre la pena máxima y apoya a los gobiernos que se mueven hacia una abolición o hacia una mayor transparencia en su aplicación.
La tendencia, "aunque leve, es extremadamente positiva", destacó Aurelie Placaise, de la WCADP.
El informe concluye que, con raras excepciones, los países que mantienen la pena capital están reduciendo en forma significativa su uso en cuanto a número de personas ejecutadas y casos en los que se aplica.
Sin embargo, si bien trabajan por una prohibición internacional de las ejecuciones, los abolicionistas también quieren que los países que las siguen aplicando no violen las salvaguardas y respeten plenamente las limitaciones existentes a su uso.
De particular preocupación es la implementación del castigo contra menores de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño claramente estipula que la pena máxima no debe ser aplicada en delitos cometidos por personas con menos de 18 años de edad.
El abrumador y creciente consenso internacional sobre esto deriva del reconocimiento de que los menores carecen de la madurez y la capacidad de juicio necesario, y por tanto, no se puede esperar que sean plenamente responsables por sus acciones.
Pero, más importante, refleja la firme convicción de que los menores son susceptibles al cambio, y por tanto tienen un mayor potencial de rehabilitación que los adultos.
Placaise destacó la oportunidad del debate. A fines de este año está prevista una votación en la Asamblea General de una resolución de la ONU sobre una moratoria de la pena de muerte.
La resolución es vista como el mayor compromiso de la comunidad internacional para abolir el castigo.
Según Placaise, más de dos tercios de los países ya han eliminado la pena de muerte en la ley o en la práctica, y 95 naciones la han abolido para todos los delitos.
