El parlamento de Perú abrió el procedimiento para exigir al empresario estadounidense William Kallop el pago al fisco de 482,2 millones de dólares, por los impuestos correspondientes a la venta de una operadora petrolera por 900 millones de dólares y por otras deudas con el Estado.
Petro Tech Peruana (PTP) fue vendida el 6 de febrero de 2009 al consorcio formado por las compañías Ecopetrol, de Colombia, y Korean National Oil Corporation (KNOC), de Corea del Sur, en una operación realizada en Estados Unidos.
La transacción se realizó con la intermediación de la estadounidense Offshore International Group y se produjo fuera de Perú con el propósito de evadir impuestos, concluyó una comisión especial del unicameral Congreso legislativo, presidida por el diputado Johnny Peralta, que investigó la actividad de PTP desde su fundación por Kallop en 1993.
"El Estado peruano puede declarar nula la venta de PTP a Ecopetrol y KNOC porque se vulneraron las leyes que obligan el pago de impuestos", explicó Peralta a IPS. Puntualizó que el hecho de que la venta se haya producido en el exterior no exime de abonar los impuestos por el cambio de propiedad de una compañía peruana.
Peralta, del gobernante Partido Aprista, aseguró que la investigación evidenció que la argucia de Kallop en la venta formó parte de sus prácticas habituales mientras estuvo al frente del PTP.
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Cuando cambió de manos, PTP tenía una concesión para explotar el petróleo en 9,5 millones de hectáreas, producía 12.000 barriles diarios de crudo, y había reportado ingresos anuales por 360 millones de dólares y utilidades por 134 millones, en el ejercicio fiscal de 2008.
Kallop tiene sus oficinas en la ciudad estadounidense de Houston, la capital del sureño estado petrolero de Texas, tras abandonar Perú en 2008, a donde había llegado al comienzo de los años 90, cuando empezaba el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), quien abrió las puertas a la inversión extranjera especulativa.
Poco después de constituirse, PTP obtuvo la concesión de numerosos pozos petroleros en el zócalo continental, que forma parte de la plataforma marítima peruana. Sus yacimientos principales están en la región de Piura, en la costa del norte del país, rica en hidrocarburos.
Peralta afirmó que PTP fue organizada desde el principio para obtener la mayor rentabilidad y reducir al máximo el pago de impuestos y regalías al Estado. Con ese fin, Kallop diseñó un entramado de empresas manejadas con testaferros que prestaban servicios a PTP.
Con esa fórmula, PTP declaraba al fisco reducidas ganancias, debido a la sobrefacturación de los servicios formalmente subcontratados, aunque fuesen propiedad encubierta de Kallop. "Así se producía la evasión de impuestos", explicó Peralta, legislador por Piura.
El reporte y conclusiones de la comisión investigadora fueron aprobados el 20 de mayo por la sala plena del Congreso, con 75 votos a favor, 16 en contra y una abstención.
Ese expediente pasó de inmediato al procurador público para casos de corrupción para que formule las denuncias penales contra Kallop y otros directivos de PTP. También serán encausados cinco ex ministros y 20 ex funcionarios de los gobiernos de Fujimori y Alejandro Toledo (2001-2006), bajo el cargo de falta de fiscalización a la operadora petrolera.
Jorge Pérez Taiman, abogado de Kallop en Perú, dijo a IPS que el informe aprobado en el parlamento está plagado de inexactitudes y que la deuda tributaria de su cliente es muy inferior a la indicada.
"La venta de PTP se hizo en el extranjero y por lo tanto está exceptuada del pago de impuestos", insistió Pérez. Añadió que el ministro de Economía y el jefe de Fiscalización Tributaria al momento de la venta dijeron ante la comisión "que la operación no estaba gravada, así que no existe la deuda de 270 millones de dólares".
El abogado desestimó también que pretenda cobrarse una deuda de 66,7 millones de dólares reclamada a PTP por la estatal Petroperú. Esa empresa —dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros derivados— perdió el arbitraje sobre el reclamo al que aceptó someterse, dijo.
Solo reconoció una deuda de PTP con el Estado peruano, por 120 millones de dólares, actualmente en litigio. "Si se pierde el proceso, se pagarán, si no lo perdemos, no pagamos, así de simple", señaló Pérez.
Sobre la red de ocho compañías para "maquillar" presuntamente las ganancias de la petrolera y limitar su aporte de impuestos y regalías, Pérez replicó que no es delito ser propietario de varias empresas.
Kallop abandonó Perú en octubre de 2008, poco antes de difundirse conversaciones telefónicas, interceptadas ilegalmente, entre directivos de la empresa estatal Perupetro, supuestamente coludidos para otorgar una concesión de explotación a la noruega Discover Petroleum.
Perupetro está encargada de promover la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Sus directivos fueron espiados por la empresa privada Business Track (BTR), que tenía entre sus clientes a PTP y el caso forzó la dimisión del entonces primer ministro, Jorge del Castillo.
El presidente de Perupetro, Daniel Saba, que sobrevivió a la tormenta, ha indicado que sospecha que Kallop pagó a BTR para intentar defenestrarlo, en represalia por haber forzado a PTP a pagar una deuda de 40 millones de dólares.
Peralta aseguró que hay indicios de los nexos entre PTP y BTR y no descartó que Kallop mandase a espiar a Perupetro. La conducta del controversial empresario texano "responde a un patrón que las autoridades judiciales deben investigar y sancionar", dijo el legislador.
Todos los grupos parlamentarios participaron en la comisión investigadora y recomendaron procesar a Kallop por defraudación tributaria y corrupción de funcionarios.
