A 11 días de decretado el estado de excepción en cinco departamentos de Paraguay, se produjo la captura de un presunto miembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Esto en medio de una serie de cuestionamientos a esta polémica medida.
La primera detención de un supuesto integrante del EPP se produjo en el departamento de Boquerón, en la región Occidental, el cual no se halla bajo el estado de excepción.
Esta disposición, prevista en la carta magna y que restringe derechos fundamentales como los de reunión y manifestación, rige desde el 25 de abril en cinco de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Amambay, en el norte de la región Oriental, y Presidente Hayes y Alto Paraguay, en la región Occidental, zonas donde actuaría el EPP.
Desde la entrada en vigor del estado de excepción hasta inicios de esta semana se detuvo a 84 personas, 31 de las cuales tenían orden de captura, informó el Comando de Operaciones Conjuntas.
Pero las detenciones efectuadas por las fuerzas militares y policiales respondieron mayoritariamente a falta de documentación en regla, delitos de estafa y abuso sexual, y no por vinculación al grupo armado.
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A esto se añade la captura este jueves de Julián de Jesús Ortiz Achucarro, quien integraba la nómina de prófugos del EPP difundida por el gobierno tras la liberación del ganadero Fidel Zavala en enero.
Zavala fue secuestrado en su estancia de Concepción y estuvo en cautiverio 94 días.
Las críticas de las organizaciones de derechos humanos y de la oposición política al gobierno centroizquierdista de Fernando Lugo se agudizaron con el transcurso de las operaciones de las fuerzas de seguridad, que involucran a un contingente aproximado de 3.000 efectivos militares y 300 agentes policiales.
"Estamos recibiendo denuncias de que los militares y policías están extorsionando a la gente común, con supuestas multas por no tener sus documentos en regla", dijo a IPS Juan Martens, abogado de la no gubernamental Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
La Codehupy ha expresado insistentemente su preocupación ante lo resuelto por los poderes Ejecutivo y Legislativo, señalando que el país no se halla en conflicto armado internacional ni existe conmoción interior que amerite la declaración del estado de excepción, según lo establece la Constitución.
"Los efectivos tienen la idea de contar con carta blanca para hacer lo que quieran en estos sectores. No hay incursión en los montes, todos los operativos se hacen en las ciudades", indicó Martens.
Los integrantes del EPP, según los propios organismos de seguridad, se desplazan por territorio boscoso, de difícil acceso.
Para el senador Sixto Pereira, del oficialista Partido Popular Tekojoja, la evaluación debe ser cautelosa.
El legislador dijo a IPS que el estado de excepción es una herramienta que el parlamento paraguayo planteó al gobierno para que los militares apoyaran a las fuerzas especiales de la policía, lo que demanda su tiempo.
"Esto no es una cuestión matemática, hay resultados que se están logrando con la aplicación de esta ley", aseguró.
Según Pereira, existen aspectos de las acciones en desarrollo que no pueden hacerse públicos por motivos de seguridad. El estado de excepción no debe ser visto sólo como un operativo de persecución contra el EPP sino contra todo tipo de grupos criminales, subrayó.
El supuesto grupo armado estaría conformado por un reducido número de personas, responsables, entre otros delitos, del secuestro extorsivo de personas, y con vinculaciones al narcotráfico.
"No debe ser considerado como una organización guerrillera sino como una organización criminal", sostuvo Pereira, al tiempo que indicó que deben ser capturados y procesados por la justicia.
Otro aspecto objetado por las organizaciones de derechos humanos es la falta de información entregada a la ciudadanía local.
Para Martens, el desconocimiento sobre el estado de excepción y sus alcances reina tanto entre la población afectada como entre los propios efectivos de las fuerzas de seguridad.
"El escenario ahora es que a la gente común se le vigila y extorsiona", acusó.
Los ministerios de Educación y Cultura y Salud Pública y Bienestar Social informaron sobre tareas de apoyo en los departamentos afectados.
La entidad sanitaria, por ejemplo, diseñó un plan de contingencia en los cinco departamentos para la atención efectiva de los casos de urgencia, con personal e insumos hospitalarios garantizados.
"Desde el gobierno se promueve, por iniciativa de la ciudadanía, de los movimientos sociales y partidos progresistas, que el estado de excepción no tienda a convertirse en un sinónimo de estado de sitio, persecución, inmovilismo o caza de brujas a mansalva", dijo Pereira.
En el plano regional, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), cuya última cumbre de jefes y jefas de Estado tuvo lugar el 4 de este mes en Argentina, manifestó su solidaridad con Paraguay en la lucha contra la violencia del EPP.
Mientras, en el seno del Congreso legislativo los sectores de oposición insisten en la posibilidad de levantar la medida.
Al respecto, el senador Pereira no descartó que el mismo parlamento, con mayoría opositora, haya instaurado el plazo de 30 días de estado excepción para la captura de los integrantes del EPP dentro de una agenda con fines políticos.
