La comunidad indígena tohono o'odham cuenta los días que faltan para que en octubre expire la autorización dada a una empresa que almacena residuos peligrosos para instalarse en su territorio, en el norteño estado de Sonora.
En octubre de 2005, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avaló que la firma Centro de Gestión Integral de Residuos operara un confinamiento de desechos tóxicos en el municipio de General Plutarco Elías Calles, conocido como "La Choya", a unos 2.200 kilómetros al norte de la capital mexicana.
Pero la negativa del cabildo municipal a dar su consentimiento al botadero, con capacidad para albergar 45.000 toneladas anuales, sumada a la oposición de la comunidad y de organizaciones no gubernamentales, impidieron que éste funcionara.
"Es un caso de injusticia ambiental. Pero ahora hay posibilidades de que no se haga la renovación del permiso", señaló a IPS Marisa Jacott, activista de la no gubernamental Fronteras Comunes, una de las organizaciones que ha luchado contra el basurero tóxico.
El pueblo tohono o'odham o pápago, integrado por unas 12.000 personas, está asentado en territorio sonorense y en el estado estadounidense de Arizona, fronterizo con México.
La compañía aún no habría presentado la solicitud de renovación de la licencia. En todo caso, es necesario el aval municipal para que el vertedero opere, aunque aún no es emitida el acta con esa negativa.
Los confinamientos de residuos tóxicos implican un riesgo de contaminación para los mantos freáticos (aguas subterráneas) y suponen amenazas para la salud de las comunidades aledañas.
En México operan sólo dos de estos vertederos y se han autorizado otros seis, entre ellos, "La Choya". En Sonora, además, se ubica un depósito inactivo, Cytrar (Confinamiento y Tratamiento de Residuos), cuya limpieza de 2.300 toneladas de tóxicos que estaban a la intemperie se inició en 2005.
Este caso simboliza las dificultades para manejar los desechos tóxicos en esta nación norteamericana, cuyo volumen anual supera los seis millones de toneladas.
Operado por la española Técnicas Medioambientales de México (Tecmed) entre 1996 y noviembre de 1998, Cytrar fue cerrado por las autoridades en 1998 luego de que vertiera ilegalmente plomo, mercurio, manganeso, solventes y baterías de automóviles, según denuncias de la no gubernamental Greenpeace.
A causa de la clausura, Tecmed demandó al Estado mexicano en 2003 conforme al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea vigente desde 2000. La empresa ganó y obtuvo una indemnización de 7,5 millones de dólares.
Además, en el municipio sonorense de Nacozari se depositaron 40 millones de toneladas de los llamados jales mineros: apilamientos de rocas molidas que quedan después de que los minerales han sido separados.
Las autoridades ambientales pretenden que Sonora reciba 25 por ciento de la totalidad de los desechos tóxicos del país, cuando ese estado genera menos de uno por ciento de ese volumen.
"Nos llama la atención por qué han perfilado así al estado. El porcentaje propuesto es altísimo", indicó Jacott, cuya organización creó el proyecto México Tóxico, diseñado para acceder a información de contaminación y residuos peligrosos y combatir los efectos de la exposición a sitios contaminados.
En todo el país hay casi 300 sitios contaminados.
En Sonora operan industrias cementeras, agroquímicas, automotrices y termoeléctricas que generan sustancias contaminantes.
Un total de 2.510 establecimientos industriales reportaron sus datos al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, adscrito a Semarnat y cuya edición más reciente data de 2005.
De Sonora al menos 49 establecimientos debieron inscribir sus estadísticas.
Entre las sustancias incluidas en ese registro figuran los compuestos orgánicos persistentes, los metales y sus compuestos, los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), los hidrocarburos aromáticos y los plaguicidas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecuta el proyecto "Desarrollo del sistema informático de sitios contaminados", que incluye siete lugares, entre ellos Cytrar y Nacozari. Pero los expedientes son confidenciales, bajo el argumento de que son obras en ejecución.
La ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en vigor desde 2004, fija los lineamientos para el manejo de los desechos peligrosos. Asimismo, hay al menos cuatro normas oficiales sobre su disposición y administración.
El reglamento de esa ley define que las sustancias sujetas a reporte federal son aquellas contaminantes del aire, agua, suelo, subsuelo, materiales y residuos peligrosos, así como compuestos orgánicos persistentes, gases de efecto invernadero y sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Además, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, firmado en 2001 y en vigor desde 2004, que busca eliminar o controlar una serie de contaminantes como dioxinas y furanos, contiene medidas de reducción de riesgo y exposición en sitios contaminados.
"Se supone que debe haber una remediación del sitio (contaminado). Pero sólo trasladan los residuos y luego proceden al cierre técnico. No hay una remediación eficaz", denunció Jacott.
