El sector privado podría aportar mucho dinero para frenar la pérdida de biodiversidad, como lo hace con el Mecanismo de Desarrollo Limpio para mitigar el cambio climático. Pero la propuesta, presentada en un foro de la capital keniata, provoca debate entre ambientalistas.
"Es un enfoque basado en el mercado y diseñado para movilizar dinero para la conservación. Y muchos de estos fondos también se invertirán en un buen desarrollo", explicó Vorhies a Tierramérica.
El MDV es impulsado como un intento de frenar la tala de árboles y la desaparición de pantanos, por ejemplo, afectados por jugosos proyectos extractivos y agropecuarios. Por esta vía, la comunidad, organización o gobierno que desee conservar un bosque, humedal, región costera o arrecife coralino creará un plan de uso sustentable por 10 años.
Tras una auditoría independiente, se extiende al plan aceptado un certificado de "hectáreas de biodiversidad protegida" para ser colocado en el mercado de capitales, se indica en el proyecto presentado en la III Reunión del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre la Revisión de la Implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, realizada del 24 al 28 de este mes en Nairobi.
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No se trata de proteger solamente áreas vírgenes sino, literalmente, cualquier actividad que potencie la biodiversidad, desde un establecimiento ganadero sustentable hasta granjas orgánicas, un acuario comunitario para la conservación de peces que dependen de los corales o un proyecto edilicio que preserve un humedal.
Los compradores podrán ser corporaciones que quieran cumplir con su responsabilidad social o inversores individuales que deseen adquirir una hectárea de bosque tropical o arrecife coralino sabiendo que serán adecuadamente manejados y conservados, señaló Vorhies.
"Si las 500 principales empresas transnacionales se comprometieran con apenas una centésima parte del uno por ciento de sus ganancias anuales, se generarían 2.500 millones de dólares anuales para la conservación", agregó.
Pero esas especulaciones fueron calificadas de "ingenuas" por Simone Lovera, de la no gubernamental Coalición Mundial por los Bosques, con sede en Asunción. Si hubiera semejante interés empresarial en conservar la naturaleza "no habría habido en primer lugar ningún problema para financiar la biodiversidad", cuestionó la activista ante la consulta de Tierramérica.
Lovera sostuvo que es de por sí problemático crear un sistema de financiamiento para proteger la biodiversidad que sea similar al Mecanismo de Desarrollo Limpio, previsto en el Protocolo de Kyoto.
Las soluciones para afrontar el cambio climático que se basan en el mercado fueron rechazadas categóricamente por varios países latinoamericanos y por la sociedad civil en la Conferencia Mundial de los Pueblos contra el Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra, que se realizó entre el 19 y el 22 de abril en la central ciudad boliviana de Cochabamba.
Sin embargo, la principal crítica de Lovera hacia el MDV es la evidente omisión de "toda referencia a los derechos y necesidades de los pueblos indígenas, mujeres, agricultores o comunidades locales".
Vorhies respondió a los cuestionamientos de Lovera indicando que está totalmente equivocada, pues el MDV no sólo se trata de conservación, sino también de compartir equitativamente las ganancias y un uso sustentable para y por los pueblos nativos.
"Queremos invertir en los guardianes del paisaje para darles los recursos que les permitan continuar siendo guardianes", aseguró.
Donde haya disputas en torno a los derechos sobre la tierra no será posible el MDV, aclaró. "Tiene que haber un propietario identificado y quedar bien definido quién es responsable de manejar el paisaje; de otro modo el mercado lo rechazará", explicó.
En cuanto al Mecanismo de Desarrollo Limpio, ha "movilizado 25.000 millones de dólares en financiamiento", y se ha aprendido mucho sobre qué no hacer, agregó Vorhies.
En su opinión, las empresas y otros actores económicos están ansiosos por invertir en la protección de la biodiversidad, pero les falta una garantía de que su dinero se destinará realmente a un buen manejo.
Para ofrecer esas garantías, el MDV deberá prever sanciones, indicó.
James Seyani, delegado de Malawi, apuntó en su intervención en el Grupo de Trabajo que, si bien "puede ser bueno, se necesita más debate sobre este asunto porque hay varios aspectos que tienen que aclararse".
En la reunión del Grupo de Trabajo se formuló una meta para 2020, tras evaluar cómo movilizar más recursos para proteger la fauna y la flora, que será presentada a los países miembro en Nagoya, Japón, donde entre el 18 y el 29 de octubre se realizará la 10 Conferencia de las Partes del Convenio.
Aunque el Convenio sobre la Diversidad Biológica no participaría en la implementación del MDV, que lo apruebe significará que los gobiernos apoyan la idea y entonces el mercado le prestará atención, dijo Vorhies. "Esperamos tener seis proyectos piloto operativos en los próximos 24 meses", detalló.
A su vez, la filipina Joji Cariño, de la indígena Fundación Tebtebba, señaló que donde la tenencia de la tierra está clara y es apoyada por el Estado puede haber algunos beneficios para los pueblos originarios.
Pero "sin esos derechos, esto será pura palabrería, y puede ser otra forma de apropiación de la tierra", advirtió Cariño a Tierramérica.
* Este artículo fue publicado originalmente el 29 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
