El gobierno de Ecuador no logró la mayoría necesaria para dar un giro inesperado al polémico proyecto de ley de aguas, habilitar una consulta popular, mientras continúan los disturbios por la oposición indígena y campesina a la norma.
La iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional legislativa, Fernando Cordero, de realizar una "consulta popular prelegislativa" que postergaría la votación sobre el cuerpo legal entre tres y seis meses, solo recibió 58 votos de 118 legisladores presentes en la sesión del jueves 13.
Las organizaciones indígenas reclaman modificaciones al organismo de contralor de los recursos hídricos, que crearía el proyecto, para ampliar la participación de las organizaciones nativas y dotarlo de mayores facultades.
Tras más de una semana de bloqueos de carreteras, marchas y manifestaciones de comunidades indígenas en siete provincias del país, Cordero propuso suspender la votación, que él mismo había colocado en el orden del día, y dar paso a esa consulta popular.
Ni Cordero ni otros legisladores habían mencionado este mecanismo a lo largo de los nueve meses de discusión de la ley.
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Las protestas en ciudades y numerosos cortes de carreteras a lo largo del callejón interandino han desembocado en incidentes de violencia y decenas de manifestantes detenidos por la policía.
La Constitución aprobada en septiembre de 2008 prevé que se deberá realizar consultas cuando el órgano legislativo vaya a adoptar normas que afecten derechos colectivos de las nacionalidades indígenas, pero el mecanismo no ha sido utilizado ni existe reglamento o norma secundaria para aplicarlo.
La Corte Constitucional (CC), observó el 18 de marzo a la Asamblea Nacional por no haber celebrado consulta prelegislativa en la aprobación de otra norma, la ley minera, y dispuso que la Asamblea efectuara esas consultas.
El presidente de la CC, Patricio Pazmiño, dijo en entrevista radial que esta consulta es un mandato y que la Asamblea debe organizarla e implementarla para el proyecto de ley de aguas.
Sin embargo, la votación, en una sesión llena de gritos y amenazas, fue desfavorable a la propuesta oficial.
La oposición, que intentó sacar adelante una moción por la que se constituía un "consejo de consulta" entre el legislativo y las organizaciones indígenas que determinaría el contenido de la ley, fracasó también, pues solo tuvo el respaldo de 38 legisladores.
El presidente del legislativo dijo que la Ley de Recursos Hídricos sólo será votada "cuando existan los resultados de la consulta prelegislativa".
Pese a una alianza inicial, el gobierno izquierdista de Rafael Correa y las organizaciones indígenas han chocado más de una vez sobre el manejo y explotación de los recursos naturales.
Para el constitucionalista Fabián Corral, decano de la Facultad de Derecho de la privada Universidad San Francisco de Quito, la propuesta de consulta es "más política que constitucional".
"Con esto, (el partido gobernante) Alianza País y el gobierno patean la pelota para adelante", dijo Corral a IPS, en referencia a que faltan los votos para aprobar la norma.
Por ejemplo, la legisladora Cynthia Viteri sostuvo que los 10 miembros de su bloque, los derechistas y opositores Movimiento Cívico Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano, no apoyaban el proyecto oficial. Otro grupo que tampoco apoyaría la norma es la opositora Alianza Democrática Ecuatoriana.
Fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que pidieron no ser identificadas, dijeron a IPS que organizar una consulta tomaría no menos de seis meses, "sobre todo si se debe realizar a las 13 nacionalidades indígenas del Ecuador, o a la mayoría de ellas".
Precisamente, quiénes serán convocados a expresarse y cuál sería el alcance de este tipo de consulta son aspectos que no están claros, dijo a IPS el director del programa de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Felipe Burbano.
De todas maneras, opinó, "esta parece ser una estrategia del gobierno para deslegitimar a la dirigencia del movimiento indígena frente a sus bases".
La administración de Rafael Correa "se siente fuerte en procesos eleccionarios y se sabe capaz de ganar consultas", por lo que buscaría apelar directamente a las comunidades, conjeturó.
Correa ha insistido en los últimos días que quienes se oponen a la ley de aguas son una "rosca" de dirigentes, que buscan presionar a las autoridades. Y el magistrado Pazmiño apuntó que la consulta "debe ser hecha a las comunidades y no a las organizaciones indígenas".
Los expertos electorales del CNE dijeron a IPS que la Asamblea debería establecer primero qué preguntas se formularán y a quiénes se las dirigirá, luego de lo cual el Consejo realizaría la convocatoria pública, con un plazo adecuado.
En este aspecto, un problema señalado por Burbano es que, pese a la abundante población nativa de este país sudamericano, no está determinado quién es indígena y quién no, por los procesos de aculturación vividos en las últimas décadas.
El siguiente paso sería la difusión de la consulta. Y, finalmente, su celebración con papeletas depositadas en urnas por los miembros de la comunidad o nacionalidad convocada.
Sus respuestas serían procesadas por el CNE, que proclamaría los resultados. Las fuentes descartaron que la consulta se lleve a cabo mediante "mesas de diálogo", asambleas o seminarios. "Estos mecanismos podrían realizarse como parte de la difusión, pero la consulta misma se resolvería por papeletas", dijeron las fuentes electorales.
