El proceso iniciado contra Baltasar Garzón apunta a acabar con el modelo de justicia universal impulsado desde España por este magistrado, dijo a IPS Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional, organismo jurídico con competencia en todo el país.
El magistrado Luciano Varela remitió este miércoles un auto abriendo un juicio oral contra Garzón, por considerar que cometió prevaricación al iniciar tres procesos sobre las víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y de la posterior dictadura de Francisco Franco, que se prolongó hasta 1975, respondiendo a la demanda presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
En uno de esos juicios, Garzón ordenó la apertura de 19 fosas comunes ubicadas en distintas zonas de España, entre ellas una en la que está enterrado el poeta Federico García Lorca, fusilado por los franquistas el 19 de agosto de 1936, lo cual provocó duras reacciones en su contra de la ultraderecha y fuerte apoyo de los mayoritarios sectores democráticos.
A principios de la semana y atendiendo a los fuertes ataques en su contra, Garzón decidió trasladarse a La Haya para actuar siete meses como asesor externo del fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, con quien en varias oportunidades compartió mesas en seminarios sobre temas jurídicos y derechos humanos.
Para poder hacerlo solicitó permiso al Consejo General del Poder Judicial, lo cual está previsto en la legislación vigente y que todo apuntaba que sería tratado el próximo lunes, ya que ese cuerpo debe convocar reuniones con al menos 72 horas de antelación.
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Pero en esta ocasión y respondiendo al pedido realizado por siete vocales conservadores, que constituyen mayoría en el Consejo, éste convocó una sesión plenaria extraordinaria para este viernes con un único punto en el orden del día que es la suspensión cautelar de Garzón, quien se hizo conocer en el mundo cuando intentó en 1998 extraditar desde Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet (1915-2006).
Fuentes judiciales señalaron a IPS que, dada la constitución del Consejo, todo indica que Garzón será suspendido, atendiendo a la apertura del juicio oral dictado este miércoles por Varela.
Al producirse esa suspensión cautelar, Garzón ya no podrá acogerse al permiso de servicios especiales para trasladarse a La Haya, pues ese tipo de actividad sólo es aplicable a los jueces que se encuentran en activo.
Moreno Ocampo, preguntado por el madrileño diario El País, calificó la esperada ida de Garzón a La Haya a colaborar con él como "un gran fichaje".
"Nadie puede dudar de que Garzón es el juez del mundo", que tiene la mayor experiencia en la investigación de organizaciones criminales de muchos países y que la Corte Penal Internacional tiene la misión de terminar con la impunidad de los crímenes masivos, apuntó, en referencia a la misión de ese tribunal de abordar delitos contra la humanidad, de guerra y torturas.
Explicó que por esa cualidad fue que solicitó ayuda de personalidades del mundo jurídico y que "para investigar las organizaciones criminales internacionales Garzón es el mejor".
En lo inmediato, la decisión del Consejo del Poder Judicial implicaría que Garzón fuera suspendido y no pudiera salir del país. Fuentes próximas al juez dijeron a IPS que éste está decidido a recurrir esa decisión ante el Tribunal Constitucional, por entender que se están vulnerando derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Esa vulneración se desprende de la decisión del Tribunal de no admitir a trámite la recusación que interpuso contra Varela, pues eso significó que se mantuviese el auto contra él sin permitirle defenderse.
Varela además actuó en favor de los dos grupos ultraderechistas que acusaron a Garzón al pedirles que presentaran nuevos escritos de acusación subsanando varios errores que detectó.
Dolores Delgado señaló a IPS que el Tribunal se ha precipitado injustamente al decidir abrir el juicio oral contra Garzón, emitiendo "una cascada" de resoluciones de tres o cuatro folios cada una, cuando por lo normal suelen tener más de un centenar.
Esa "cascada" estaría mostrando que las resoluciones no fueran estudiadas ni fundamentadas, sino simplemente emitidas para castigar a Garzón sin fundamentos.
Además, precisó la jurista, esas resoluciones llevan un baile de fechas sin mayor lógica, porque "a lo que apuntan es a abortar la oferta de la Corte Penal Internacional, de La Haya", un pedido que podría aceptar Garzón y trabajar siete meses allí "sin que hubiera peligro para nadie".
Delgado opinó que el Consejo General del Poder Judicial debería concederle a Garzón el permiso para ir a La Haya y no suspenderlo en sus funciones hasta que se realice el juicio en su contra, "porque si lo hacen sería acabar con el modelo de la justicia universal".
Sin embargo, todo indica que no le concederán el permiso y lo suspenderán. Esto significará convertirlo en la última víctima del franquismo, afirmó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Con todo este asunto por delante, las miradas y los oídos estarán pendientes de lo que resuelva el Consejo General del Poder Judicial, aunque la mayoría de las previsiones indican que fallará contra Garzón.
Así, el juez Garzón, en vez de viajar a La Haya "vivirá un exilio interno", a menos que las masivas expresiones de apoyo que está recibiendo influyan sobre el Consejo.
