Cada día, unos 4.500 filipinos dejan su patria en búsqueda de proverbiales pasturas verdes. Pero algunos de ellos, en cambio, encuentran la muerte.
Joselito Zapanta, de 30 años, y quien trabaja instalando azulejos en Riyadh, asegura haber actuado en defensa propia cuando fue golpeado por su jefe sudanés. A comienzos de este año, este padre de dos hijos fue sentenciado a muerte por haber asesinado a su empleador.
Estos son apenas dos de los casos de filipinos condenados a muerte en el exterior documentados por la organización Migrante Internacional.
"Algunas penas han sido conmutadas por cadena perpetua, pero aún hay alrededor de 60 filipinos en el pabellón de la muerte", dijo a IPS el presidente del grupo, Garry Martinez.
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Al menos 26 de estos fueron sentenciados en países de Medio Oriente por crímenes como homicidio y asesinato en defensa propia. También aumentan los casos en China, en su mayoría por delitos relacionados con drogas, según Migrante Internacional.
Informes de prensa locales citan al Departamento de Asuntos Exteriores señalando que algunos filipinos también han sido condenados a muerte en Estados Unidos, Brunei, Malasia y Kuwait.
Aproximadamente 58 países todavía aplican la pena capital, según la organización Amnistía Internacional, mientras que 139 estados, incluyendo Filipinas, la han abolido por ley o en la práctica.
Según la Comisión sobre Población, alrededor de 10 por ciento de los 92 millones de filipinos trabajan en el exterior. Esto convierte a Filipinas en uno de los países con mayor cantidad de emigrantes por razones laborales.
Solo entre enero y noviembre de 2009, unos 1,28 millones abandonaron este país en busca de mejor trabajo, según datos de la Administración de Empleo de Filipinos en el Exterior.
"Muchos dejan Filipinas para trabajar en otros países como inmigrantes debido a la falta de empleos, las malas condiciones laborales y los inadecuados salarios en su nación. Pero muchos terminan aislados, víctimas de abusos, atrapados y, peor, algunos mueren", dijo a IPS la directora de la oficina filipina de Amnistía, Aurora Parong.
Migrante Internacional estima que hay cerca de 5.000 filipinos en cárceles extranjeras. También son comunes los casos de muertes misteriosas en otros países. La organización no gubernamental recibe entre cinco y seis denuncias a diario.
El grupo también dijo que los filipinos detenidos han sido rechazados por sus embajadas cuando solicitaron ayuda, y no se les dio asesoramiento legal. Además, los policías locales los habrían obligado a hacer confesiones falsas. Las barreras culturales e idiomáticas también constituyen un gran desafío.
"Recibimos una carta escrita en papel higiénico de parte de varios (filipinos) en el pabellón de la muerte, detallando cómo fueron torturados durante cinco días hasta que confesaron un crimen que no cometieron", dijo Martínez.
Las víctimas, que trabajaban en Arabia Saudita, pudieron enviar la carta a sus familias gracias a la ayuda de enfermeras filipinas en ese país del Golfo Pérsico o Arábigo.
Al ser consultada, la Oficina de la Subsecretaría de Asuntos de Emigrantes y Trabajadores, en la órbita del Departamento de Asuntos Exteriores, no pudo brindar datos actualizados sobre los casos de filipinos en el pabellón de la muerte.
"No tengo conocimiento de esos casos pues son las diferentes secciones (consulares) asignadas a los países involucrados las que están manejando eso", dijo a IPS Bert Manayao, procurador de la Oficina.
Cuando se le preguntó qué servicios se le proveía a los filipinos en el exterior, Manayao dijo que le brindaban "asistencia legal", pero no dio más detalles. Añadió que era difícil tratar los casos de aquellos que "fingían ser inocentes" y señaló que muchos eran fácilmente engañados para ser usados como "mulas" en el tráfico de drogas.
Según indica su sitio web, la Oficina tiene el mandato de dar "asistencia oportuna" y proteger "la dignidad, los derechos y la libertad de los ciudadanos filipinos en el exterior".
Migrante Internacional indicó que Manila pudo salvar a varios condenados muerte en el pasado apelando a los gobiernos de los países donde habían sido sentenciados, entregando una "tanazul" (carta de pedido de clemencia) y ofreciendo una compensación a las familias de las víctimas.
Pero esta práctica es inaceptable para algunos de los condenados.
"Para los que están en la cárcel y son inocentes, pedir perdón es admitir que cometieron un crimen. Lo que ellos quieren es que el gobierno filipino los defienda y luche por su inocencia", señaló Martínez.
Quince años después de que el ahorcamiento de la empleada doméstica filipina Flor Contemplación en Singapur desatara la indignación pública, Migrante Internacional lamenta que no se hayan logrado muchos progresos para mejorar la situación de los emigrantes.
Ahora que terminaron las elecciones presidenciales, la organización espera que la próxima administración dé pasos concretos. Los activistas indicaron que durante el gobierno saliente de la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo fueron decapitados seis filipinos en el exterior.
