Desnudo y cargando un saco de piedras, dio varias vueltas a una plaza donde estaban congregados unos 2.000 indígenas ecuatorianos, mientras la multitud le echaba epítetos de asesino,»yanascha» (renegrido) y traidor.
A Orlando Quishpe, de 22 años, lo ataron luego a un poste donde recibió baños de agua helada mientras era azotado con ortigas por mujeres.
Enseguida, cada uno de los presidentes de las 20 comunidades indígenas congregadas, tomó un fuste de cuero de vaca y dio un latigazo en la espalda del joven reo.
Sangrando y desfalleciente, Quishpe fue retirado del lugar por su madre, María Josefina Ante, y por los dirigentes de su propia comunidad, Guantopolo, donde, según decidieron los comuneros, deberá realizar cinco años de trabajos comunitarios, sin abandonar la zona.
Los hechos sucedieron el domingo 23 en La Cocha, una comunidad indígena situada en los páramos de 3.500 metros de altura, en el cantón Pujilí, 90 kilómetros al sur de Quito.
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El castigo fue transmitido con sus deprimentes detalles por todos los canales de televisión de este país en sus informativos de la noche y apareció en primera página de todos los diarios del lunes 24.
"El debate va mucho más allá de lo que los medios de comunicación en su afán de volverlo un espectáculo lo han presentado al público", dijo a IPS el abogado Norman Wray, que fungió como constituyente en 2007.
Ni el castigo físico ni la pena de muerte están contemplados en la legislación ecuatoriana, pero la Constitución aprobada en 2008 permite que las comunidades indígenas apliquen su propio derecho consuetudinario para impartir justicia.
La sentencia de Quishpe se debió al asesinato, cometido el 9 de mayo, de Marco Antonio Olivo, otro veinteañero, residente en La Cocha. El propio Quishpe confesó el crimen con detalles registrados en un vídeo, tras ser acusado por otros jóvenes, cómplices suyos.
Sin embargo, mientras le aplicaban el castigo público, se retractó a gritos. "Yo no he matado a nadie", gemía.
Quishpe deberá pagar 1.750 dólares a la madre del joven muerto, María Luisa Pallo, de 64 años, que asistió al castigo y gritó e insultó al que considera matador de su hijo.
Una semana antes, los mismos indígenas de La Cocha habían bañado, azotado con ortigas y flagelado a otros cinco jóvenes de Guantopolo, acusados de complicidad del asesinato. Éstos quedaron libres, pero están obligados a pagar mil dólares cada uno a la comunidad de La Cocha.
En este país de casi 15 millones de habitantes, el censo de 2001 registró algo más de ocho por ciento de personas que se declaraban indígenas. Si se considera la lengua materna de los censados, la población nativa llegaría a 14 por ciento.
En una columna publicada en el diario Hoy bajo el título "Doble justicia", el psicólogo Rodrigo Tenorio acusó a los constituyentes de 2007 de un "esnobismo simplón que pretendió que tendría bajo su control político a los grupos indígenas si se les concedía todo, incluida una justicia propia".
Wray, sin embargo, dijo a IPS que lo que hizo la Constitución es respetar los derechos de los pueblos indígenas consagrados desde 1989 en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, advirtió Wray, "la limitación clarísima son los derechos humanos establecidos en la carta constitucional y en las convenciones internacionales".
Tenorio reclamó, en tono compartido por otros editorialistas, que "es hora de que la Asamblea Nacional (legislativa) y otras instancias del Estado arreglen estos entuertos si se desea evitar que el caos se instale en el país".
"El pluralismo jurídico, por el que coexisten dos maneras de aplicar la justicia, es un desafío gigantesco para el Ecuador", dijo Wray, aceptando que este caso demuestra la necesidad de establecer normas escritas y procedimientos claros.
Wray admitió que "si hay una conflictividad entre las normas, debemos ser capaces de establecer, en un diálogo intercultural, los mínimos y los máximos de la aplicación de la justicia indígena".
"El derecho penal mestizo no comprende el esfuerzo de las comunidades indígenas por reinsertar a los condenados a la vida de la comunidad. Un baño de agua fría y una ortigada es mejor a mandarle cuatro años al penal, donde no existe rehabilitación alguna y el delincuente queda aislado de su contexto social", argumentó el jurista.
Para el sociólogo Luciano Martínez, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y especialista en temas rurales, el incidente refleja un conflicto más hondo en las comunidades nativas.
"Hay un claro deterioro de la organización comunal, pues los jóvenes indígenas no se sienten representados por las prácticas tradicionales. Los jóvenes actúan más desde una posición de ciudadano urbano y, si puede decirse, occidental", dijo Martínez a IPS.
Sin juzgar este caso concreto, Martínez señaló un ingrediente: los condenados son seis jóvenes con tatuajes, que visten de negro, que trabajan durante la semana en la capital y sólo van a sus comunidades algunos fines de semana.
Cientos de jóvenes campesinos "ni creen ni practican los valores comunitarios", dijo Martínez. "Hay una crisis entre la juventud campesina y los comuneros, que los comuneros quieren resolver desde la imposición tradicional".
El sociólogo no ve solución fácil. "La crisis es muy aguda, atraviesa todos los aspectos de la vida comunal y rompe sus valores. Estos jóvenes pertenecen ya a subculturas urbanas". Se habla inclusive de rockeros y "pandilleros" indígenas.
Las autoridades indígenas "tienen miedo de hablar" del tema, según Martínez.
En su opinión, subsiste "una visión idílica de la solidaridad, de la reciprocidad de la comuna indígena, pero hay fenómenos reales que no se han estudiado, como el aumento de suicidios de los jóvenes, que se deprimen porque no encuentran un lugar ni allá ni acá".
"La justicia indígena no alcanza a entender este fenómeno y está dando palos de ciego", concluyó.
El caso tomó más notoriedad porque el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, acudió unos días antes a la comunidad indígena para "rescatar" al reo.
Pero, a pesar de su nutrida escolta, no pudo acercarse siquiera a La Cocha pues los indígenas recibieron a la caravana con una lluvia de piedras.
A su vez, el propio presidente de la República, Rafael Correa, amenazó con intervenir con la fuerza pública, porque en su concepto la justicia indígena se estaba extralimitando.
