Los pueblos indígenas de Perú cuentan finalmente con una ley que obliga a los poderes del Estado a consultarlos sobre cualquier disposición que los afecte. Pero su aplicación no será fácil, porque se necesita reformar el organismo encargado de aplicarla y aprobar otras normas.
Cualquier medida legislativa, administrativa, proyecto de desarrollo, plan o programa que afecte de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas tendrá que ser consultada con ellos previamente, señala la nueva norma aprobada el 19 de este mes.
La Defensoría del Pueblo calificó la ley como un paso trascendental para el reconocimiento de los pueblos originarios y para institucionalizar "el diálogo intercultural entre éstos y las autoridades del Estado".
El nuevo instrumento fue aprobado cuando se multiplican los proyectos de inversión privada en los territorios ancestrales, que han generado varios conflictos con alto impacto social. El más grave fue el que se produjo el 5 de junio de 2009 en la norteña provincia de Bagua, cuando la represión de fuerzas de seguridad a protestas indígenas se saldó con 33 muertos.
[related_articles]
Más de 70 por ciento de la Amazonia está bajo concesiones otorgadas a proyectos petroleros, mientras en las regiones de los Andes prolifera el otorgamiento de licencias mineras.
Perú ratificó en 1994 el Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece en su artículo 6 el derecho a la consulta sobre lo que afecte el territorio y forma de vida de estas poblaciones.
Perú tiene 28,7 millones de habitantes, y un tercio de ellos son indígenas. Hay 7.515 comunidades nativas y campesinas reconocidas, 6.067 andinas y 1. 448 amazónicas.
Las organizaciones indígenas celebraron la ley y exigieron al presidente Alan García que la promulgue sin introducir observaciones. El jefe de Estado tiene 15 días para sancionar las leyes votadas por el Congreso o para devolverlas con observaciones.
Los gremios empresariales reconocen la medida a medias. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Ricardo Briceño, señaló que no es totalmente satisfactoria, porque no prohíbe expresamente el veto de los pueblos indígenas.
No hay duda de que la "implementación de la ley implicará un esfuerzo de los diversos actores en el proceso de diálogo", aseguró a IPS Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
La ley establece en su artículo 3 que debe alcanzarse un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas sobre las medidas en cuestión. De no ser posible, el Estado está obligado a actuar para proteger los derechos de estas poblaciones.
También fija los criterios para identificar a los pueblos indígenas y las etapas de la consulta. Además, designa al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) como el órgano técnico gubernamental responsable de que se aplicar la legislación.
La Defensoría cree que la ley recoge de manera sustantiva el proyecto que presentó al parlamento en julio de 2009, tras el conflicto de Bagua, y cuya aprobación es parte de los compromisos asumidos entonces por el gobierno con las comunidades amazónicas.
Para Lanegra, el Indepa tendrá que ser reformado porque carece de funciones, recursos y capacidades para asumir la nueva tarea.
La ley entrará en vigor 90 días después de su publicación en el diario oficial El Peruano, para dar tiempo a que "las entidades estatales, responsables de llevar a cabo los procesos de consulta, cuenten con el presupuesto y la organización requerida".
Según Lanegra, el Ministerio de Energía y Minas será uno de los organismos que más deberá adecuar sus desarrollos a la nueva ley, porque varios de sus proyectos de inversión se encuentran en territorio indígena.
La no gubernamental Red Muqui aclaró que las audiencias públicas que realiza actualmente ese ministerio como mecanismos de participación ciudadana en sus desarrollos mineros, no pueden reemplazar la consulta con los pueblos originarios a que obliga la nueva ley.
También planteó que hay tres condiciones básicas para la consulta: que se produzca antes de que el Estado decida sobre el uso futuro de las tierras de los pueblos indígenas; que sea un proceso libre y voluntario, sin presiones o abusos de poder, y que las partes interesadas puedan contar con información completa, accesible y relevante, y con un enfoque intercultural.
Asunta Santillán, experta en temas indígenas de la no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, dijo a IPS que tendrán que someterse a consulta de los nativos los proyectos de ley forestal y de asuntos ambientales, junto con la iniciativa del Ejecutivo para reubicar poblaciones que habitan en zonas de programas de inversión de interés nacional.
El Indepa, explicó a IPS su presidente, Mayta Cápac Alatrista, ya trabaja en la creación de una dirección dedicada a la consulta, que deberá contar con personal especializado y estará dedicada a hacer cumplir la ley.
El instituto tendrá la función de coordinar los procesos de consulta, capacitar a los funcionarios y pueblos indígenas que participen, registrar a las organizaciones y representantes de los nativos y elaborar una base de datos con información detallada sobre esos pueblos.
"Somos conscientes del desafío y sabemos que tenemos que realizar cambios en la institución", dijo Alatrista. Añadió que el mayor reto será lograr que los funcionarios públicos valoren el diálogo intercultural y la diversidad.
El funcionario explicó que en abril ya propuso al gabinete ministerial la incorporación de nueve representantes indígenas al consejo directivo del Indepa, conformado por 21 miembros, y que la selección sea hecha por las propias comunidades indígenas.
Alatrista reconoció que las cinco oficinas que tiene el instituto en las regiones desde diciembre son insuficientes para hacer cumplir la nueva ley. Tampoco bastará el actual presupuesto anual, de 3,5 millones de dólares. "Hay mucho por hacer", afirmó.
