En su visita a Honduras, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigió sus dardos hacia los actos de hostigamiento contra juezas y jueces opuestos al golpe de Estado del 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya.
"Estos informes siempre incomodan, pero permiten indicarle al Estado, y al gobierno en particular, que la vigilancia por el respeto a los derechos humanos es y será permanente", dijo a IPS Bertha Oliva, de la Plataforma de Derechos Humanos, que aglutina a varias organizaciones no gubernamentales de Honduras.
El comunicado de la Comisión, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), se "ajusta bastante bien" a lo que ha pasado en el país en materia de violaciones a los derechos humanos, según la Plataforma.
En su segunda presencia en Honduras en nueve meses, el cuerpo concluyó que la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de las muertes ocurridas durante y posterior al golpe de Estado, que derrocó a Zelaya, facilita los actos de impunidad y debilitan el estado de derecho en esta nación centroamericana.
"De especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que participaron en actividades en contra del golpe de Estado. Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia", señala el texto.
"La Comisión hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de derecho", advirtió la misión.
Encabezada por su presidente, Felipe González, la delegación de la Comisión que visitó Honduras entre el 15 y 18 de este mes estuvo integrada también por su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero.
Se reunieron con funcionarios estatales, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas e integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular, contra el golpe de Estado.
La misión no contempló en sus visitas al representante del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien los emplazó y acusó este jueves de ser "parcializados" y responder a una "postura política e ideológica, plegada a los intereses del eje que lidera el presidente de Venezuela, Hugo Chávez".
Custodio dijo a la prensa que hace más de dos meses solicitó a la Comisión medidas cautelares para la prensa, ante la serie de asesinatos de los que han sido víctimas periodistas, "pero éstos nunca respondieron".
"Hablan de defensa del estado de derecho y la institucionalidad, pero son los primeros en violentarlas al no abocarse al Comisionado, al margen de las personas, para conocer de las causas, denuncias e investigaciones que hemos hechos; nosotros somos serios, no unos burócratas de escritorio", refirió molesto el ombudsman (defensor del pueblo).
En el caso de los periodistas, la Comisión lamentó que hasta ahora no existan investigaciones profundas que revelan las causas del porqué fueron asesinados siete comunicadores en el primer trimestre de este año, entre ellos uno que gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión a raíz del golpe de Estado.
Para el portavoz policial, Leonel Sauceda, "la valoración de ese informe es subjetiva".
"Nosotros estamos haciendo las investigaciones con rigurosidad, hemos pedido incluso apoyo extranjero y fuimos muy abiertos con ellos al dar detalles de las investigaciones sobre las muertes de periodistas, actualmente en confidencialidad", explicó a IPS.
La Comisión resaltó que, tras el asesinato de periodistas, se vive un clima de incertidumbre en la prensa y han recibido información sobre nuevas amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Pero fueron los despidos de jueces los que llamaron la atención de la Comisión.
Tres jueces y una magistrada de la Corte de Apelaciones, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, a 250 kilómetros de la capital hondureña, fueron despedidos hace dos semanas del Poder Judicial alegando violaciones a las normas de la Carrera Judicial y un reglamento interno de la Corte de Justicia, que prohíbe a los funcionarios judiciales participar en actos públicos o políticos.
Se trata de Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios, Guillermo López Lone y la magistrada Tirza Flores Lanza.
Todos ellos son fundadores de la Asociación de Jueces por la Democracia, que busca mayor apertura democrática en el Poder Judicial. Ellos iniciaron el lunes una huelga de hambre para exigir su reintegro.
La inspección de tribunales alega que ellos violentaron el artículo 54 de la ley de carrera judicial que establece que "no pueden propiciar, auspiciar u organizar huelgas, paros suspensión total o parcial de actividades, disminución del ritmo de trabajo, participar en tales actos o tolerarlos".
No obstante, el juez despedido Guillermo López Lone, un fuerte defensor humanitario en los años ochenta, dijo a IPS que "se nos ha violentado el debido proceso, no hemos sido escuchados y todo ello responde a una persecución política porque nos opusimos al quiebre democrático con el golpe de Estado".
Según Oliva, "ha molestado que el informe de la CIDH aborde el caso de los jueces despedidos, porque esa justicia que hoy dice defender a Honduras, no aplicó la misma norma para aquellos jueces que fueron a las marchas a favor del golpe de Estado".
Oliva es del criterio que el Poder Judicial está "cavando su tumba" con los despidos.
