La conferencia que comenzó este lunes en la capital de Uganda para revisar el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI), es la primera oportunidad para realizar un balance sobre la actuación del tribunal, de estudiar una reforma del tratado y de mejorar su trabajo con vistas de futuro.
Desde su entrada en vigor en 2002, el tribunal con sede en La Haya concentró su trabajo en África, aunque la fiscalía también estudia la situación de Afganistán, Colombia, Georgia y Palestina, así como Guinea y Costa de Marfil.
El congoleño Thomas Lubanga Dyilo está procesado por crímenes de guerra y reclutamiento de niños y niñas para las Fuerzas Patrióticas de Liberación del Congo en el conflicto de 2002 y 2003.
Otros dos casos de República Democrática del Congo están en las etapas previas de procesamiento y se emitieron órdenes de detención contra cinco altos miembros del ugandés Ejército de Resistencia del Señor.
El caso de mayor visibilidad es el del presidente sudanés Omar al-Bashir, acusado de siete cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad.
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El asunto reveló la falta de solidaridad hacia la CPI después de que la cumbre de la Unión Africana, realizada en 2009 en Libia, declarara que no iba a respetar la orden de detención.
La presión de la sociedad civil logró que las autoridades de muchos países africanos, signatarios del Estatuto de Roma, declararan que iban a cumplir con su obligación si Bashir visitaba su territorio.
"La conferencia de revisión es una oportunidad para que tanto los estados parte del Estatuto de Roma como los que tienen otra visión de la CPI analicen los logros y qué se puede hacer para mejorar", señaló Dismas Nkunda, presidente del Consorcio Darfur y uno de los directores de la Iniciativa Internacional por el Derecho de los Refugiados.
EVALUACIÓN
Es fundamental el principio de complementariedad, que estipula que la CPI sólo puede intervenir cuando el sistema legal nacional no pueda o no esté dispuesto a investigar y procesar casos de crímenes contra la humanidad.
Ése fue el principio esgrimido por el fiscal jefe Luis Moreno-Ocampo para investigar la violencia que siguió a las elecciones de 2008 en Kenia, donde una serie de demoras arrojó dudas sobre la seriedad del gobierno en la identificación y el procesamiento de los implicados.
La existencia de la CPI fortaleció a fiscales y a jueces y permitió la aprobación de la ley de Justicia y Paz en Colombia de 2005, señalaron Amanda Lyons y Michael Reed-Hurtado, del Centro Internacional de Justicia de Transición. Es un avance respecto de la amnistía total que caracterizaba a los procesos de paz.
Los tribunales locales no han logrado atender la sistemática y generalizada violencia que goza de respaldo estatal y nadie ha sido acusado en Colombia bajo la nueva ley. La sociedad civil desearía que Moreno-Ocampo lanzara una investigación abierta en su país.
VÍCTIMAS
Otro de los asuntos que se discutirá en la conferencia de revisión será el impacto de la CPI sobre las víctimas. Casi 300.000 personas víctimas de la violencia aguardan que haya justicia en Colombia.
"Las víctimas ya no tienen que ser espectadores que sufren en silencio. Mecanismos como la CPI les ofrecen una voz independiente que les permite expresarse con seguridad y dignidad y les garantiza que haya justicia", señaló Carla Ferstman, directora de Redress, una organización con sede en Gran Bretaña.
A ello se suman las consecuencias no planeadas sobre las comunidades afectadas. Las órdenes de arresto emitidas contra Bashir ilustran el peligro, señaló Nkunda.
"Hubo represalias contra comunidades que esperaban una justicia rápida y eficiente, lo que no fue previsto por quienes redactaron el Estatuto de Roma", añadió.
"Es un gran desafío proteger a las víctimas, a los testigos y a quienes los ayudan. Muchos de los países y regiones en las que actúa la CPI siguen siendo inseguros con conflictos vigentes", coincidió Ferstman.
"Es fundamental garantizar la seguridad de los que ayudan a la CPI, como numerosas organizaciones que la asisten en el terreno, para que el tribunal" logre su objetivo, añadió.
El asunto Bashir también hizo énfasis en la cuestión de la colaboración de los estados parte.
"El éxito de la CPI depende de la colaboración y de la disposición de actores externos", dijo Nkunda a IPS, en alusión al rechazo de varios países africanos a colaborar con la detención del presidente sudanés.
"Lo mismo ocurre con el líder del Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony, y sus comandantes. ¿Quién los va a detener?", preguntó Nkunda. "Ahí es donde entra la colaboración entre los países, la ONU y órganos regionales como la Unión Africana", añadió.
Además de la evaluación, se prevé que se discuta la posibilidad de agregar "delitos de agresión" contra el mandato de la CPI, lo que le permitiría investigar y procesar a países que atacan a sus vecinos.
"Lo más difícil será el delito de agresión y si debe reformarse el Estatuto de Roma", indicó John Washburn, representante de la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales Estadounidense para la CPI. "Pero no creo que ese asunto domine la conferencia", añadió.
Unos 2.000 representantes de los estados partes, de organizaciones no gubernamentales y organismos intergubernamentales participarán en la conferencia de Kampala desde este lunes hasta el viernes de la semana próxima.
La conferencia fue abierta por el presidente de la Asamblea de los Estados Parte, el embajador Christian Wenaweser, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de la CPI, el juez surcoreano Sang-Hyun Song.
También están presentes Moreno-Ocampo, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el presidente de Uganda, Yoweri Museveni.
