América Latina no acierta con una política de seguridad eficaz y que respete los derechos humanos, pese a que hace tiempo ya que su índice de criminalidad es el más alto del mundo, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La conclusión está incluida en el "Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos", que "salda la falsa dicotomía entre seguridad y derechos básicos y establece lo que los Estados deben hacer para prevenir el delito y lo que no", dijo a IPS Gastón Chillier, director ejecutivo del argentino Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"Si algo está claro en la región es que no hay política de mano dura eficaz contra el delito. Los gobiernos deben definir si siguen huyendo hacia delante en la violencia o si van a discutir una política de seguridad democrática en serio", desafió el experto.
Por primera vez en 50 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, decidió analizar el problema con funcionarios y organizaciones no gubernamentales y formular una serie de recomendaciones a los gobiernos.
El representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, advirtió en la presentación del informe, el martes en Buenos Aires, que la región tiene 40 por ciento de los homicidios en el mundo pese a albergar a ocho por ciento de la humanidad.
No obstante, indicó que "los derechos humanos no pueden ser entendidos como obstáculos de la acción gubernamental sino como referentes que guían la acción de las autoridades y funcionarios".
El informe observa "serias dificultades de los Estados para dar soluciones eficaces a la delincuencia" y alerta sobre el crecimiento de la seguridad privada y de los grupos de "limpieza social" o "escuadrones de la muerte" de parapoliciales y paramilitares.
Las recomendaciones de la Comisión, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), apuntan a "fortalecer las instituciones, las leyes, las políticas, los programas y prácticas para la prevención y el control de la criminalidad y la violencia" en la región.
Según el estudio, los países de América "presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios".
El indicador de homicidios en América es de 25,6 cada 100.000 habitantes, mientras que el de Europa es de 8,9 cada 100.000 habitantes, el de Asia sudoriental de 5,8 y el del Pacífico occidental es de sólo 3,4 cada 100.000 habitantes, detalla el informe.
Los indicadores son aún más alarmantes si se toman en cuenta los homicidios por edad y procedencia socio-económica, un hecho que demuestra que la criminalidad involucra a una población principalmente joven de sectores medios y bajos, se afirma en el estudio. En cuanto a los costos de la violencia criminal, el estudio los estima entre dos y 15 por ciento del producto interno bruto de los países miembros de la OEA.
"Por primera vez en décadas, la delincuencia desplazó en América Latina al desempleo como principal preocupación de la población, debido a que ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público ni las fuerzas de seguridad tienen capacidad de respuesta eficaz para prevenir y reprimir legítimamente el crimen", subraya.
Ante esta ausencia, el mercado de bienes y servicios de seguridad privada creció 11 por ciento en los últimos 15 años en la región. Estas empresas, que en general operan sin los debidos controles de su personal, son proclives a los abusos y a la violencia.
"En muchos casos, el número de empleados de estas empresas superan con creces las plazas que los Estados asignan a sus fuerzas policiales", alerta la Comisión de la OEA.
Para la entidad, la seguridad ciudadana "requiere de una fuerza policial que resguarde a los habitantes, de una administración de justicia fortalecida" y "de un sistema penitenciario que tienda a la recuperación e inserción social del detenido".
Para que sean efectivas las políticas públicas de seguridad, deben ser sustentables en el tiempo, dice, ya que por su naturaleza requieren tiempos de ejecución de mediano y largo plazo, sostenidas en fuertes consensos partidarios y de acuerdos sociales.
La Comisión remarcó también lo que considera "una de sus preocupaciones centrales" respecto de la seguridad ciudadana en la región, como es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden a la policía.
"Es fundamental la separación clara y precisa entre seguridad interior, cuya función es de la policía, y la defensa nacional, con las Fuerzas Armadas", distinguió.
"La historia hemisférica demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones a los derechos humanos en contextos violentos", advirtió.
También alertó sobre la relación entre la policía y los inmigrantes.
"En muchos países de la región, las personas inmigrantes no son sólo estigmatizadas y responsabilizadas del incremento de la violencia y la delincuencia, sino que son víctimas privilegiadas de la criminalidad y la violencia estatal y privada", sentencia el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
