Perú sacudido otra vez por escándalo de corrupción

El último gran escándalo de corrupción en Perú sumó un ingrediente que sacude al gobierno de Alan García y a su partido: la denuncia de desaparición de pruebas, que se añade al espionaje y la presunta implicación de altos funcionarios.

Jorge del Castillo Crédito: Cortesía del diario La República
Jorge del Castillo Crédito: Cortesía del diario La República
El extravío de audios con conversaciones telefónicas fue denunciado por Giselle Giannotti, una de las procesadas por pertenencia a una organización ilegal de espionaje.

Aseguró que las pruebas desaparecidas involucran al ex primer ministro Jorge del Castillo, actual diputado y secretario general del gobernante Partido Aprista Peruano, y al ex ministro de Vivienda Hernán Garrido.

Las autoridades fiscales y policiales encargadas de la investigación negaron la desaparición de audios o evidencias del caso.

Pero el presidente García pidió públicamente que "salgan a la luz todas las grabaciones", ante la ola de reacciones que despertó este mes la entrevista a un medio local de Giannoti, en arresto domiciliario.
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García ha pedido que se "investiguen a los financistas del espionaje telefónico" y ha asegurado que "no me caso con nadie", en indirecta alusión a Del Castillo.

La oposición en el Congreso legislativo impuso la formación de una nueva comisión investigadora sobre la pérdida o borrado de audios y a quienes beneficiaría la desaparición de evidencias del más grave caso de corrupción del gobierno de García, en el poder desde 2006.

"Giannotti denunció que se esfumaron grabaciones donde se aluden a presuntos negocios corruptos de los ex ministros Del Castillo y Garrido", dijo a IPS el diputado Daniel Abugattás, del opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP).

Para Abugattás, "ello significa que hay una conspiración para desaparecer las pruebas contra figuras del gobierno y, en consecuencia, hay méritos para investigar". "No veo por qué tendría que mentir Giannotti", afirmó.

Giannotti y otros cinco presuntos espías fueron detenidos en enero de 2009 y se les incautaron miles de grabaciones telefónicas y correos electrónicos obtenidos ilegalmente.

El caso estalló en octubre de 2008, cuando Del Castillo y Garrido debieron renunciar al gobierno, al difundirse unos llamados "petroaudios" con conversaciones telefónicas "pinchadas" al ex ministro y ex diputado aprista Rómulo León, ahora preso.

De acuerdo con las grabaciones, León, intermediario de la compañía noruega Discover Petroleum, utilizó sus contactos en el gobierno para que la empresa obtuviera la concesión de lotes petrolíferos en el país.

León también es acusado de promover la manipulación de licitaciones para la construcción de hospitales, en beneficio del empresario dominicano Fortunato Canáan, para quien operó como "lobbista" o cabildero.

"Las imputaciones de Giannotti son muy serias", dijo a IPS el diputado de la opositora Unión por el Perú, Oswaldo Luízar.

"Pueden ser verdad o mentira, quizás se trate de una estrategia de defensa, no lo sabemos, por eso es necesario que una comisión se dedique a desentrañar el caso", explicó.

Esta es la tercera ocasión que se crea una comisión legislativa sobre los "petroaudios".

El caso entró en una nueva dimensión en enero de 2009, cuando la policía descubrió que detrás de los "petroaudios" estaba la empresa de seguridad Business Track (BTR) y detuvo a su propietario y cinco empleados.

BTR pertenece al retirado capitán de navío Elías Ponce, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia Naval durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) y actualmente preso.

La policía halló en poder de los detenidos cientos de grabaciones de diálogos telefónicos "pinchados" y correos electrónicos "hackeados" a funcionarios de gobierno y ejecutivos de importantes empresas extranjeras, instaladas en Perú en 2007.

Entre ellas, Cementos Mexicanos (Cemex) y Cimentos de Portugal, lo que hace pensar en sus competidores como mandantes del espionaje, aunque se mantiene la incógnita sobre ello.

Aparentemente, fue durante este trabajo que BTR interceptó diálogos de León con funcionarios y el empresario Canáan en que contaba sus supuestos pasos para ganar las licitaciones petroleras y hospitalarias.

Entre la documentación intervenida también se hallaron decenas de correos electrónicos de los miembros del comité de la campaña presidencial de Ollanta Humala y de dirigentes de su organización, el PNP.

Hace cuatro años, García ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, después del triunfo de Humala en la primera ronda.

La denuncia de Giannotti se produjo cuando estaba por concluir la fase instructora del proceso contra ella y los demás imputados de espionaje, antes de comenzar el juicio oral del caso.

Del Castillo consideró que la denuncia es una maniobra de los acusados de BTR para desvirtuar el juicio, con el propósito de proteger a quienes financiaban sus actividades ilegales.

En los "petroaudios" aparecieron encuentros de Del Castillo con León y el empresario Canáan, pero hasta ahora no hay evidencias de que el ex primer ministro participase en la red corrupta.

"No temo que se difunda ninguna grabación porque no he cometido ningún delito. Jamás Rómulo León me hizo alguna proposición. No van a encontrar ni una palabra mía relacionada a algún acto ilícito", señaló Del Castillo a IPS.

"Giannotti formula falsas imputaciones con la evidente intención de desprestigiar el juicio en su contra y de esa manera impedir que las autoridades identifiquen a los empresarios que pagaron por el espionaje telefónico", aseguró.

El jefe del equipo que capturó a los espías de BTR, el coronel de la policía Carlos Morán, expresó su sorpresa por las acusaciones.

"Cuando Giannotti estuvo detenida, nunca dijo que habían desaparecido las grabaciones", señaló a IPS. "Entendemos que sus imputaciones tienen como objetivo desacreditar nuestro trabajo y eso lo rechazamos", puntualizó.

La justicia adelanta dos juicios sobre el caso de los "petroaudios". Uno ya avanzado contra los involucrados en la red corrupta y otro todavía en fase de instrucción contra los seis acusados de espionaje.

Pero sigue sin saberse quiénes fueron los que contrataron el espionaje, aunque se suponga que son grupos económicos poderosos.

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