El sector camaronero mexicano tendrá que modificar sus técnicas de captura y modernizar sus embarcaciones si quiere evitar embargos como el que Estados Unidos le aplicará a partir de este martes.
El gobierno estadounidense decidió en marzo retirar las certificaciones a la flota mexicana debido a que arriesga la vida de las tortugas marinas, por lo cual el camarón capturado en alta mar por la flota mexicana no podrá ser ingresado por ahora al mercado del vecino país del norte.
"El cumplimiento de las normas es importante y la presión adicional para apegarse a las reglas internacionales posiblemente sea de ayuda", dijo a IPS Todd Steiner, director ejecutivo de la no gubernamental Red de Restauración Turtle Island (TIRN, por sus siglas en inglés).
TIRN, con sede en el estado de California fronterizo con México, está detrás de la presión ejercida sobre Washington para que aplique sanciones no comerciales por el daño que la captura de camarón en alta mar ocasiona sobre varias especies de tortugas en México, donde comenzó este mes la prohibición de pesca del marisco y que durará hasta octubre.
La Red, que también posee oficinas en Papúa Nueva Guinea y Costa Rica, presentó en noviembre una queja ante un tribunal de California en contra del Departamento de Estado (cancillería) por considerar que la certificación para aceptar camarón extranjero no se basó en un estudio ambiental sobre el impacto de esa pesca.
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Basado en la sección 609 de la ley Pública 101-162 de 1989, el Departamento de Estado certifica que los países proveedores del marisco no amenazan a animales, como las tortugas marinas, para que puedan vender ese producto capturado en alta mar o criado en granjas en el mercado estadounidense.
En mayo de 2009 el gobierno de ese país avaló que 15 naciones, entre ellas México, habían puesto en práctica programas para reducir la captura incidental de tortugas en las actividades de pesca de camarón, cuyo mayor comprador global es Estados Unidos.
Pero el gobierno de Barack Obama decidió retirar la certificación luego de inspecciones realizadas por expertos del Departamento de Estado y de la gubernamental Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en relación con el uso de los llamados Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET),
"El embargo es el resultado de una mala política pesquera, viene de una política permisible de parte del gobierno que permite este tipo de actividades", señaló a IPS Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y Costas de la organización ambientalista Greenpeace.
Los DET son aparejos instalados entre el cuerpo y el bolso de las redes de arrastre y formados por una base cilíndrica de red y una reja, cuya función es desviar a la tortuga para que pueda salir del encierro.
México vende anualmente a Estados Unidos unas 40.000 toneladas de camarones, de las cuales provienen de aguas alejadas de las costas un volumen valuado en 38 millones de dólares. Este país compite con naciones como Tailandia, China y Vietnam.
La pesca de camarón se efectúa con barcos dotados de redes de arrastre en alta mar, con embarcaciones y redes más pequeñas en zonas cercanas a las costas y atarrayas en los esteros. Las regiones favoritas son el noroccidental Alto Golfo de California y en el sudoriental estado de Yucatán.
Las redes de arrastre aprehenden especies que pertenecen a la llamada "fauna de acompañamiento". Por cada kilogramo de camarón atrapado, entre 10 y 14 kilogramos de otras variedades son devueltas al mar muertas o moribundas, según la "Lista roja de especies pesqueras amenazadas en el país", elaborada por Greenpeace.
México cuenta con seis especies de tortugas nativas, de las cuales la negra, la laúd y la golfina son propias del océano Pacífico. Hoy sobreviven apenas unas 2.000 hembras de tortugas laúd.
"La mayoría de las especies se encuentra extremadamente amenazada en la costa del Pacífico", apuntó Steiner.
El "Estudio social de la pesca en México", emprendido en 2009 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), halló exceso de barcos y de captura de especies jóvenes, vedas no respetadas y ausencia de oportunidades de trabajo y de créditos.
Unas 1.350 naves surcan las aguas mexicanas de ambos océanos a la caza del valorado marisco, del cual hay al menos 10 especies.
En 1988, la FAO y el Banco Mundial recomendaron a México acortar la flota camaronera del Pacífico entre 29 y 49 por ciento y entre 50 y 60 por ciento la del golfo de México.
A raíz del anuncio estadounidense del retiro de la certificación, discutible por tratarse de medidas de tipo no comercial contra productos extranjeros, las gubernamentales Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutaron 1.219 supervisiones de barcos camaroneros.
De esa cuenta, las autoridades mexicanas retuvieron 40 naves, decomisaron 40 artes de pesca y más 33.500 kilogramos de productos pesqueros. Además, impusieron multas a 106 barcos por violar las reglas de los DET.
Entre 2005 y 2009, Conapesca retiró 305 permisos de pesca comercial y 95 concesiones para la pesca de camarón, que involucran 400 embarcaciones. La meta para 2010 es sumar 92 naves a esas cifras.
"Los embargos funcionan, pero hacen falta inspección y vigilancia. Hay muchas embarcaciones no reguladas, hay mucha pesca ilegal", dictaminó Olivera, quien sugirió la creación de reservas marinas, "zonas de veda que benefician a la pesca".
La amenaza de un embargo camaronero batía las aguas desde hace algún tiempo. El no gubernamental Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas inglesas) de Estados Unidos ventiló en 2008 la idea para obligar a una mayor protección de la vaquita marina, un mamífero en vías de extinción que habita en el Alto Golfo de California.
El NRDC, la industria y el gobierno mexicano suscribieron ese año un programa para cuidar a la vaquita marina, que ha sido víctima de las redes de arrastre de las embarcaciones camaroneras.
El gobierno mexicano de Felipe Calderón pretende que sus pares estadounidenses inspeccionen nuevamente a la flota para levantar la medida, lo cual podría ocurrir en septiembre próximo.
Este nuevo embargo es la reedición de un veto similar que México sufrió en 1990, cuando el gobierno del vecino país sancionó al sector atunero por amenazar la vida de los delfines. Esa medida fue levantada en 2000, pero esa especie de pescado sólo puede circular en la plaza estadounidense si lleva el sello ecológico Dolphin Safe, impuesto en 2006.
"Espero que la obligación del uso de los dispositivos mejore y que el embargo sea levantado", confió Steiner.
