El megaproyecto Olmos, que transvasará aguas del río Huancabamba por un túnel trasandino hacia tierras desérticas de la costa norte de Perú, es presentado como gran palanca de desarrollo agrícola, pero hay disputas por la tierra, agua y plantaciones que pueden agudizarse.
En el plan original la obra incluía tres fases: el desvío del río Huancabamba, que proviene de las alturas de la región de Piura, a través de un túnel por debajo de los Andes, la construcción de un complejo hidroeléctrico y la irrigación de 110.000 hectáreas en el valle costero de Olmos.
La empresa brasileña Odebrecht ganó la licitación de la obra del transvase en marzo de 2006. En su primera etapa trasladará unos 400 millones de metros cúbicos de agua de los 750 millones proyectados inicialmente. Odebrecht también logró hacerse cargo de la obra de irrigación, calculada en más de 200 millones de dólares. Pero el proyecto hidroeléctrico está congelado.
Para la gerencia del Proyecto Especial Olmos, es la panacea del crecimiento de Perú. El túnel de casi 20 kilómetros debajo de la cordillera es promocionado por la cadena de televisión estadounidense Discovery Channel como el segundo más profundo del mundo.
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"Unos 2,5 millones de metros cúbicos de agua (si se cumple la ampliación del plan inicial) llegarán a los granjeros más pobres del país", señala un reportaje de Discovery.
Lo cierto es que las 38.000 hectáreas que serán irrigadas en la primera etapa no son de productores agrícolas pequeños ni medianos.
Son terrenos que el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) expropió a la comunidad campesina de Olmos y que serán puestos a la venta en lotes de al menos 1.000 hectáreas y a un precio base de 4.100 dólares por cada una de ellas.
"Pero los campesinos igual se muestran expectantes, porque piensan que podrán irrigar sus tierras. Eso va generar un conflicto", alertó a Tierramérica el secretario de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Grandes Proyectos de Lambayeque, Luis Carbajal.
Enrique Salazar, gerente general del proyecto Olmos, ratificó que las tierras serán vendidas a "empresarios con solvencia económica que pueden enfrentar un mercado exigente de agroexportación".
"Esto no está diseñado para pequeñas propiedades. La idea es generar unidades de producción permanentes para que los agricultores tengan empleo, eleven su nivel de vida y dejen de lado la clase campesina postergada", dijo a Tierramérica.
De manera adicional, aseguró, se irrigarán 5.500 hectáreas de agricultores del valle viejo de Olmos, que pagarán por el agua a Odebrecht.
Según Carbajal, ese modelo llevará a la invasión de tierras. Además, es probable que los campesinos empiecen a talar bosques nativos, de algarrobo, zapote, huarango y hualtaco, para reemplazarlos por cultivos exportables, como espárragos o alcachofas.
El gerente de recursos naturales del gobierno regional de Lambayeque, Juan Sandoval, señaló a Tierramérica que se están promoviendo dos áreas de conservación para reducir los impactos en flora y fauna. Pero reconoció que no es suficiente y que en las 38.000 hectáreas "hay tierras vírgenes con bosques ralos y densos".
Carbajal recordó que el proyecto contemplaba la generación hidroeléctrica para aprovechar la caída del agua. Pero, suspendida esa fase, se echarían a perder 80 millones de metros cúbicos de agua de los 400 millones que se necesitarán para toda el área, insistió.
La Comisión de Defensa de los Grandes Proyectos de Lambayeque denunció al gobierno regional ante la Contraloría, por supuesta sobrevaloración del proyecto. Desestimada esa presentación, se pasó a la Fiscalía, donde aún está en revisión.
La controversia tocó al propio gabinete del presidente de Alan García. La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, discutió con el primer ministro Javier Velásquez Quesquén sobre la propuesta de Odebrecht para la irrigación, que entendía debía ser mejorada.
Cecilia Blume, ex asesora del Ministerio de Economía, explicó a Tierramérica que el gobierno entregó a Lambayeque 70 millones de dólares para el transvase y se puso como garante del resto de los 330 millones de dólares que faltaban para la inversión. Ese monto debía generarse con la venta de tierras fiscales en Olmos.
Sin embargo, el valor de los terrenos, según Blume, depende del riego. Si sólo van a contar con agua la mitad del día, como proponía Odebrecht, el precio de las tierras cae y, con ello, los fondos para pagar el transvase.
Tras una reunión del gobierno y Odebrecht el 13 de este mes y, según anunció Aráoz dos días después, la firma mejoró su propuesta.
"Antes, con todos los ingresos, el proyecto de irrigación sólo iba a dar 74 millones de dólares al pueblo en 200 años. Hoy podemos decir que (ingresarán) 98 millones en 40 años, lo que significa el pago en ese lapso de 35 por ciento del costo del transvase", explicó a la prensa local.
El pago por las tierras, dijo Aráoz, será inmediato y el plazo para completar la venta de las 38.000 hectáreas es de 20 meses.
* Este artículo fue publicado originalmente el 24 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
