Hace una semana, 59 estados miembros de la ONU, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) prometieron 10.000 millones de dólares para reconstruir Haití en la próxima década. Pero aún reina la incertidumbre.
En el encuentro de Nueva York, el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, también anunció la creación de una base de datos en Internet para seguir el rastro del dinero aportado.
Ya que los compromisos de la conferencia no son vinculantes, hay temor de que otras prioridades internacionales terminen por bloquear la recaudación de fondos.
En un comunicado de prensa antes de la reunión de donantes, Philippe Mathieu, de la organización Oxfam, recordó que sólo 30 por ciento del dinero prometido para ese país caribeño tras el huracán Mitch en 1998 fue efectivamente desembolsado.
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En la propia conferencia, el ex presidente Bill Clinton (1993-2001), actual enviado especial de la ONU para Haití, admitió que había "fracasado" en sus esfuerzos para reunir fondos antes del terremoto.
"Oxfam ha presenciado otras grandes conferencias" de donantes, dijo Nicole Widdersheim, directora de la oficina de la organización en Nueva York. "Al final del día, cuando las cámaras se apagan y todos se van a su casa, quedan promesas. Todavía no se transforman en dinero real".
Sostuvo que dependía de "los medios y de las organizaciones de ayuda" hacer responsables a las naciones donantes por sus anuncios.
Las dudas sobre la distribución del dinero y el marco para la planificación e implementación de la reconstrucción impidieron cualquier celebración después de la conferencia.
La reunión logró superar su meta inicial (3.800 millones de dólares para los próximos 18 meses), pero los haitianos dudan si los recursos efectivamente les traerán beneficios.
Jessica Desvarieux, reportera de la revista estadounidense Time, escribió desde Puerto Príncipe que "los haitianos temen que el dinero de ayuda no llegue al pueblo, sino que sea usado por el gobierno para sus propios intereses".
Widdersheim señaló que el proceso de reconstrucción había excluido a la sociedad haitiana: la evaluación del desastre hecha por el gobierno de René Préval no había incluido prácticamente ningún aporte de los sobrevivientes.
"Muchas organizaciones de haitianos en el terreno sienten que el proceso consultivo ha sido nulo y vacío", señaló.
"A la persona promedio, sentada en una silla de plástico en un campamento en los alrededores de Puerto Príncipe, realmente no se le preguntó qué quería", añadió.
Según Widdersheim, el gobierno haitiano aceleró la evaluación para poder presentarla a tiempo en la conferencia de donantes. Por tanto, pocos sobrevivientes del terremoto estaban siquiera al tanto de que el proceso de reconstrucción había comenzado. "La mayoría de las personas en los campamentos con las que trabajamos ni siquiera sabían que se estaba realizando" un estudio de evaluación sobre sus necesidades, dijo la periodista.
El sociólogo y experto en temas haitianos Mark Schuller, de la City University de Nueva York, señaló que el proceso de reconstrucción "claramente" fue elaborado "desde arriba", sin consideración real de las necesidades de la población.
También señaló que grupos de base en Haití estaban realizando sus propios estudios de evaluación. "He visto datos cuidadosamente recolectados que fueron totalmente ignorados", dijo, citando un detallado censo que abarcó a más de 11.600 personas en un solo campamento.
Schuller teme que, al no incluir a organizaciones civiles y a los propios sobrevivientes en el proceso, inevitablemente se reiteren errores de pasados esfuerzos de desarrollo.
"Lo que ustedes están viendo es una repetición del mismo proceso de exclusión", dijo, alertando que los donantes, "que tienen poco que ver con la realidad en el terreno", podrían conducir un esfuerzo que sólo "afiance muchos de los problemas de Haití anteriores al sismo". Ese país caribeño tenía una población y una economía excesivamente centralizadas. El área de Puerto Príncipe producía casi 80 por ciento del producto interno bruto. Ahora no hay planes de mudar el aparato gubernamental a otra parte del territorio.
