Yasuní, llamado el arca de la biodiversidad del planeta, vive días decisivos ante la amenaza de que la riqueza de su subsuelo, el petróleo, termine por imponer su ley en el frágil e incomparable ecosistema de la Amazonia de Ecuador.
Se hacen esfuerzos finales para firmar este jueves 22 un fideicomiso de 3.500 millones de dólares que dejaría intocado el crudo, durante la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que tiene lugar en la ciudad boliviana de Cochabamba.
Pero el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, desconcertó a los ambientalistas al asegurar que "hay muchísima exageración" en cuanto al impacto de la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, en el noreste del país, cuando brindó detalles sobre el "Plan B" si no prospera el fideicomiso, negociado desde 2007.
Correa afirmó también que "la extensión del parque es de 200.000 hectáreas, de las cuales se explotarían 20", cifras muy inferiores a la realidad.
"Quienes defendemos el Yasuní vivimos con una mezcla de susto y perplejidad ante las declaraciones que salen en relación a la explotación petrolera", dijo en un comunicado la organización no gubernamental Acción Ecológica. Puntualizó que las tres referencias del mandatario "son inexactas".
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"No hay nada de exageración en la preocupación por el Yasuní. Es la zona más frágil y maravillosa del Ecuador y está amenazada por una de las operaciones más sucias del mundo", dijo Acción Ecológica, en referencia al área más biodiversa de América del Sur y una de las más biodiversas mundialmente.
Añadió que la también reserva de la biosfera "tiene cerca de un millón de hectáreas", que la cifra dada por Correa "es lo que tiene un bloque petrolero" y que el área afectada sería muy superior a 20 hectáreas, porque se pretende perforar 130 pozos.
Según la directora de la campaña "Salvemos al Yasuní", Esperanza Martínez, "lastimosamente una parte está ya intervenida".
Durante una visita a la zona realizada el día 9 por ambientalistas y delegados de la Defensoría del Pueblo se comprobó que hay pozos exploratorios dentro del parque y en la declarada zona intangible, dijo Martínez a IPS.
También se verificó actividad petrolera en el bloque Armadillo, conectado con la zona intangible del Yasuní, donde no pueden realizarse actividades extractivas y viven pueblos cazadores y recolectores en aislamiento voluntario.
Se trata de "una gran masa de bosques maduros, que garantizaría la conservación de la biodiversidad, el equilibrio climático y de lluvias y la vida de los pueblos indígenas de la zona", según Acción Ecológica.
En Ecuador se consideran pueblos en aislamiento voluntario a "los restos de grupos indígenas amazónicos, antaño más numerosos, que por vivir en lugares remotos y casi inaccesibles de la selva, quedaron, ya desde el tiempo de la Conquista (española) fuera del contacto con los conquistadores", según el experto Miguel Ángel Cabodevilla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso en 2006 medidas cautelares a favor de esos pueblos, que obligan al Estado a protegerlos.
Además, la Constitución vigente desde 2008 determina en su artículo 57 que "los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva", recordó la ambientalista Natalia Bonilla.
Correa calificó el nuevo texto del fideicomiso de "más soberano y digno" que otro cuya firma impidió en diciembre, al detallar el "Plan B" si fracasa el proyecto de proveer a Ecuador de la mitad de los fondos que obtendría de la explotación petrolera en Yasuní.
En el anterior proyecto, aseguró, "mandaban la burocracia internacional y los países donantes, cuando el mayor donante era el Ecuador". Cuestionó también que los fondos "tenían que ir a las ONG (organizaciones no gubernamentales), es decir la argolla de siempre".
El presidente criticó en enero a sus propios negociadores, al explicar su bloqueo un mes antes a la firma del fideicomiso, en la cumbre sobre cambio climático de Copenhague.
Ello provocó la renuncia del entonces canciller, Fander Falconí, y de toda la comisión negociadora de la llamada iniciativa Yasuní-ITT.
Correa dijo que el nuevo fideicomiso tiene un "objetivo central", que no precisó, pero se descuenta es la conservación ambiental y la lucha contra la pobreza, y que el dinero no podrá usarse en otros fines.
Pero ahora "nosotros decidimos esos proyectos, nosotros tenemos voto dirimente, porque esa es plata de Ecuador, es plata pública, es dinero del pueblo ecuatoriano", subrayó.
El fideicomiso sería manejado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se hacen todos los esfuerzos para su firma el jueves 22 en Cochabamba.
"No nos están haciendo un favor por la iniciativa Yasuní-ITT, es el Ecuador que está haciendo el favor al mundo", recalcó el mandatario, pero añadió en una ambivalencia resaltada por los ambientalistas que "lo que más conviene económicamente al país es extraer el petróleo para usar los fondos de su venta en la construcción de escuelas, aeropuertos, carreteras".
Por eso, insistió, si no se firma el fideicomiso, "se podría ir al plan B, que es explotar ese petróleo con los mayores cuidados ambientales".
"Nos afirmamos en la convicción de que el Yasuní no puede explotarse, incluso si no hubieran contribuciones, que esperemos que sí hayan pues ayudarán a cumplir con el ideal de una transición a un Ecuador post petrolero", dijo Acción Ecológica en su comunicado.
El Yasuní representa solo 0,6 por ciento de la Amazonia, pero en biodiversidad sus cifras son de récord. Allí hay 144 variedades de sapos y ranas y en una hectárea puede haber 100.000 insectos y más clases de árboles que en Canadá y Estados Unidos juntos.
