El paramilitarismo de ultraderecha se estaba convirtiendo en la fuerza para dominar a la sociedad colombiana desde el Estado mismo. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se opuso a ello y, como consecuencia, corre «peligro inminente y real», en palabras del ex canciller Augusto Ramírez Ocampo.
Sobre esta situación, IPS entrevistó al presidente encargado del alto tribunal, Jaime Arrubla, para quien la CSJ enfrenta a "la mafia más grande" que haya actuado en Colombia.
Los problemas comenzaron cuando la CSJ conceptuó que la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno para desmovilizar a los paramilitares era sinónimo de impunidad.
El proyecto pretendía que los paramilitares confesaran los delitos que quisieran, a cambio de máximo ocho años de pena.
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En abril de 2006, la Corte Constitucional aprobó la norma, pero condicionando los beneficios a que los desmovilizados confesaran "la verdad completa".
Pero el verdadero enfrentamiento se dio cuando la CSJ empezó a investigar la "parapolítica", los nexos de políticos, casi todos seguidores del presidente Álvaro Uribe, con paramilitares incursos en crímenes de lesa humanidad.
Desde entonces los magistrados y sus familias son objeto de seguimientos y montajes de desacreditación. La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) buscó incluso huellas del narcotráfico en sus patrimonios.
A ello se suman amenazas de muerte. Unos magistrados las reciben mediante grafitis frente a sus casas. Otros, por correo electrónico o por teléfono. Otros se enteran por grabaciones que intercepta la Fiscalía General. "Esos magistrados van a saber lo que es sacarse el premio gordo", conversaban dos sicarios en marzo.
IPS: ¿La persecución continúa?
Jaime Arrubla: Sí. El tema de molestar a los magistrados en su vida privada, de interferirlos, de amenazarlos, de interceptar sus comunicaciones, viene de tiempo atrás y se mantiene. Piensa uno en su seguridad, en la de la familia, en los hijos. Uno tiene algo de seguridad (escolta), pero los hijos no.
IPS: ¿Con qué asuntos relaciona el acoso?
JA: Actualmente, la Corte Suprema adelanta procesos de diversa índole. En lo que tiene que ver con la parapolítica, están vinculados muchos miembros del Congreso de la República.
Cada vez que se produce una providencia contra alguno de ellos, se agudizan las amenazas. Están los procesos de Justicia y Paz, en los que la Corte va a ser segunda instancia. Y los procesos de extradición de toda esa gran delincuencia, solicitada desde otros países, principalmente de Estados Unidos.
Si uno se pone a ver, ahí está comprometida nada más y nada menos la mafia más grande que ha actuado en estos contornos. Una especie de alianza entre el narcotráfico, el paramilitarismo y la clase política que fue susceptible a su presión, y que se dejó cooptar por ellos.
Es una de las bandas criminales más grandes, con un aparato de guerra, con dinero, con presión. No nos cabe la menor duda de que desde allá vienen todas estas amenazas.
IPS: Según la Fiscalía algunas órdenes de persecución provenían de funcionarios de la Presidencia.
JA: Nosotros no manejamos la investigación por las interceptaciones a nuestras comunicaciones y a nuestra vida privada. Eso le corresponde, por competencia, a la Fiscalía. El fiscal octavo delegado ante la Corte presentó ya unas conclusiones, en una audiencia de imputación de cargos, donde dice que funcionarios medios del DAS actuaban por instrucciones de su superior, la entonces directora (María del Pilar Hurtado).
Ella, a su vez, reportaba lo que sucedía a la Casa de Nariño (sede presidencial) y actuaba por instrucciones de algunos funcionarios de Presidencia. A nosotros eso no nos consta. Si eso es así, es aterrador. Quiere decir que se ha utilizado contra la Corte Suprema de Justicia un organismo de inteligencia del Estado que, además, estaba cooptado por los paramilitares, pues está en la cárcel uno de sus anteriores directores (Jorge Noguera).
Nos parece aterrador. No hago más conjeturas de responsabilidad porque es muy delicado; no conozco la investigación. Pero si eso es así, es una página negra en la historia democrática de esta república.
IPS: ¿Cuáles son los miembros de la Corte en mayor riesgo?
JA: Yesid Ramírez y César Julio Valencia, ambos ex presidentes de la Corte y que coincidencialmente han sido objeto de demandas por parte del gobierno. Ramírez por parte del Alto Comisionado de Paz; Valencia por el propio jefe de Estado. Nos parece muy diciente que, además, fueran objeto de investigaciones por el DAS y la UIAF.
Quisiera que no fuera así. Pero serán los investigadores los que tomen las decisiones que tengan que tomar.
IPS: ¿Cómo va a responder legalmente la Corte?
JA: La Corte confía en las autoridades colombianas y espera que haya resultados concretos. Puso la denuncia ante la Fiscalía y la policía, y confía en ellos, pero estará muy atenta para que esas investigaciones no queden a mitad de camino.
Nuestra responsabilidad es que se dé y que se mantenga la Constitución y la Ley. Si vemos que hay obstrucción a la justicia colombiana, actuaremos ante instancias internacionales. Pero no ha sido necesario. Estamos confiando en que la Fiscalía está haciendo su labor: para muestra, el informe del fiscal octavo.
IPS: Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional se interesó en la situación. ¿Mantienen contacto?
JAP: Sí. Permanente. Ha sido muy generoso con la Corte, y tenemos línea directa con él. Si vemos que esto aquí pudiera no funcionar, estaríamos inmediatamente dispuestos a pedir la intervención. Pero como hasta el momento está funcionando, no ha habido necesidad.
