Grupos de derechos humanos instan al gobierno de Francia a que adopte una ley contra el financiamiento de compañías fabricantes de bombas de racimo, que han matado o mutilado a miles de civiles en los últimos 40 años.
Pero activistas señalan que el tratado tendrá un efecto limitado si leyes nacionales no impiden que bancos y otras instituciones financieras den apoyo económico a las empresas que las fabrican.
"Hay ambigüedad y contradicciones aquí en Francia porque el país ha ratificado la Convención y la promueve activamente, pero el gobierno no ha señalado aún que la financiación debe ser prohibida", dijo a IPS Thierry Philipponnat, miembro la junta ejecutiva de la oficina francesa de Amnistía Internacional.
"Es una situación extraña, en la que una actividad ha pasado a ser ilegal, y sin embargo todavía puede ser financiada", añadió.
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Amnistía y otros grupos señalaron que, si bien bancos y aseguradoras francesas han claramente adoptado una política de no invertir en compañías fabricantes de bombas de racimo, algunas no son del todo transparentes.
"No dirán a dónde van los fondos", dijo Philipponnat. "El hecho es que los fabricantes de municiones reciben financiamiento, y alguien tiene que estar dándoselo. Eso es lo que hace posible la producción".
En todo el mundo, instituciones financieras han seguido invirtiendo más de 43.000 millones de dólares en fábricas de municiones de racimo a pesar de la Convención, dicen activistas.
Organizaciones no gubernamentales encabezadas por Amnistía realizaron una conferencia de prensa esta semana en París para presionar a los legisladores franceses en vísperas de una discusión sobre la Convención prevista para el 6 de mayo en el Senado.
La cámara alta del parlamento debatirá el borrador de una ley que traduzca lo establecido en ese pacto internacional. El proyecto luego irá a la Asamblea Nacional, la cámara baja, y se espera que la legislación sea aprobada antes del verano boreal.
Las bombas de racimo son armas que contienen dentro múltiples sub-municiones o bombetas de diverso tipo y con alto poder. Pueden ser lanzadas desde aviones o disparadas por artillería, estallando en el aire y esparciendo los explosivos en un amplia área, hiriendo a civiles.
Algunas de las sub-municiones no explotan, y por su apariencia y tamaño pueden ser tomadas como juguetes por niños y niñas, alertó Amnistía. Los activistas estiman que 60 por ciento de las víctimas civiles de estas armas son menores de edad.
Según Handicap International, organización no gubernamental que ayuda a minusválidos, estas bombas han causado más bajas civiles en Iraq en 2003 y en Kosovo en 1999 que cualquier otro tipo de armamento.
La organización señala que el "uso masivo" de estas armas en Líbano por parte de Israel en agosto de 2006 causó la muerte de más de 200 civiles en el año siguiente al cese del fuego.
"Durante más de 40 años, las bombas de racimo han matado y herido a personas inocentes, causando un sufrimiento indescriptible, pérdidas y penurias por miles en más de 20 países", señaló el grupo en una declaración.
"Esas armas causan muerte y hieren a civiles durante los ataques y por varios años después debido a la contaminación letal que dejan cuando no explotan en el impacto", añadió.
El tratado para prohibir las municiones supuso una victoria para los grupos por los derechos humanos. Fue negociado en Dublín en mayo de 2008 y adoptado en una ceremonia en Oslo en diciembre pasado. No obstante, a los activistas les gustaría ver de los gobiernos pasos concretos para garantizar que ese armamento sea "totalmente erradicado".
Entre los países que no han firmado la Convención se destacan Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, Israel, Pakistán e India, y algunos todavía producen municiones de racimo.
Muchas naciones latinoamericanas y asiáticas todavía no han firmado el tratado. La última en hacerlo fue Mauritania, el 19 de abril, elevando a 40 el número de países africanos en la Convención.
Jean-Marc Boivin, jefe del departamento de acción política y apoyo legal de Handicap International, señaló que, si bien Francia ratificó la Convención en septiembre pasado y no era productor de bombas de racimo, la postura del gobierno no es aún "muy estimulante".
"Tenemos que hacer una clara mención en la ley que el financiamiento está prohibido, tanto el directo como el indirecto", dijo a IPS.
También destacó que el grupo había logrado que una institución bancaria cambiara su política gracias a una fuerte campaña de publicidad contra este tipo de inversiones.
"Se vieron obligados a revisar su posición para salvar su imagen", explicó.
La aparente renuencia de París a prohibir el financiamiento de estas armas es un claro ejemplo de la tradición en Francia de distanciarse formalmente de ciertas prácticas mientras se mira para otro lado cuando compañías las siguen aplicando, dijeron activistas.
Hasta 2007, el gobierno francés insistía en que las bombas de racimo eran indispensables para su ejército, pero cambió de postura ante la presión de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales.
Yves Repiquet, presidente de la Comisión Nacional Consultiva sobre Derechos Humanos, organismo gubernamental que asesora a legisladores, señaló que Francia ahora debía prohibir las inversiones en esas armas, como lo han hecho Bélgica, Luxemburgo y Nueva Zelanda.
