El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, pretende que las policías de Colombia y Estados Unidos ayuden a esclarecer siete asesinatos de periodistas perpetrados en menos de dos meses en su país, mientras aguarda la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El periodista Jorge Orellana, conocido popularmente como "Georgino", fue asesinado a mansalva el 20 de este mes, corriendo la misma suerte que sus colegas Joseph Andoni Hernández Ochoa, David Meza, Nahum Palacios, José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, todos ultimados en marzo.
El 13 de este mes también fue acribillado el joven locutor radial Luis Chévez.
Cinco de ellos eran comunicadores del interior del país y, según lo trascendido, Mairena y Suárez, del nororiental departamento de Olancho, estaban siguiendo la pista a presuntos narcotraficantes. Pero la policía aún no revela los posibles móviles de sus muertes.
Todos fueron ajusticiados por desconocidos que se conducían en motocicletas y les dispararon más de una decena de tiros, una modalidad que la policía y el Observatorio de la Violencia, iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tipifican como sicariato.
[related_articles]
Orellana trabajaba en un canal de televisión de la norteña ciudad de San Pedro Sula, 250 kilómetros al norte de la capital hondureña, y era catedrático de la Escuela de Periodismo de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Su muerte activó la presión local e internacional sobre Lobo, quien retornó el miércoles de una gira de actividades oficiales y académicas en Estados Unidos.
Según el mandatario, la ayuda extranjera solicitada para identificar a los culpables será en el ámbito de la policía de investigación criminal, y destacó el trabajo en esta área del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Colombia, el otro país al que Lobo quiere solicitar asistencia, lleva décadas como uno de los sitios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y está viviendo el escándalo de un aparato estatal de inteligencia montado para espiar y sabotear a opositores, activistas y periodistas.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), arribará a Honduras la segunda semana de mayo para iniciar una investigación sobre estos crímenes.
La delegación examinará, además, las denuncias de hostigamiento e intimidación formuladas por miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, que encabezó las protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya.
A estos hechos se suman las amenazas de muerte recibidas por el superior de la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica de Honduras, el sacerdote Ismael Moreno, por dar protección a una joven violada presuntamente por policías en agosto de 2009 en medio de las manifestaciones contra el golpe cívico militar.
Moreno, director de la Radio Progreso, en la ciudad del mismo nombre, y opuesta al golpe de Estado, fue sacado del país el fin de semana, aseguraron a IPS sus compañeros jesuitas. Esta comunidad religiosa tiene su centro de trabajo en la región norte de Honduras.
El subprocurador general del Estado, Ricardo Rodríguez, dijo a IPS que se investigan todos estos hechos y que se prepara junto a las instancias gubernamentales la respuesta al último informe anual de la Comisión Interamericana, que ubicó a Honduras por vez primera en la lista de países violadores de derechos humanos, junto a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.
El informe detalla los atropellos cometidos tras el derrocamiento de Zelaya, entre los que se destaca el clima de amenaza e intimidación que sufrió la prensa.
"Tenemos un mes para responder al informe, pero si viene en mayo esa misión a investigar el asesinato de periodistas, mejor, vamos a cooperar y no ocultar nada", dijo Rodríguez.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, ha declarado en la última semana que los asesinatos de periodistas no obedecen al ejercicio profesional, pero se rehúsa a dar las posibles causas.
En diálogo con IPS, Álvarez reiteró su teoría y exhortó a los periodistas a "ser prudentes", refiriéndose a la inseguridad del país, donde un promedio de 14 personas fallecen de forma violenta cada día. La mayoría de estas muertes se atribuyen a bandas de narcotraficantes.
Álvarez ha sido interpelado por el Congreso legislativo para que la próxima semana entregue un reporte sobre el avance de las investigaciones.
Pero los comunicadores ponen en duda las afirmaciones del ministro.
Esta semana grandes medios de comunicación iniciaron una campaña de presión para esclarecer los crímenes y periodistas recolectan firmas a través de redes sociales como Facebook y Twitter, condenando la impunidad en que se encuentran los casos y demandando transparencia en la investigación.
Elán Reyes, presidente del Colegio de Periodistas, la principal organización del gremio en el país, condenó los hechos, pero llamando a la prudencia y autorregulación en el periodismo, un consejo que le valió fuertes críticas por llevar implícito un llamado a la autocensura, extremo que él rechazó.
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, dijo el 20 de este mes en San Salvador que Honduras se encuentra en estado de "alerta roja" y calificó a este país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
