«La reforma a la salud es urgente y trasciende el tema del aumento de impuestos que sólo aplazará la crisis», dijo la especialista Marcela Vélez, tras cuatro meses de polémica entre el gobierno y los sindicatos y usuarios que fue zanjada por la Corte Constitucional de Colombia.
Ante ello, el gobierno del derechista presidente Álvaro Uribe emitió el 23 de diciembre una serie de decretos de Emergencia Social, que buscaban aumentar el número de afiliados a estas entidades, creadas por la Ley 100 de 1993.
Los decretos restringían el suministro de medicamentos, limitaban las autorizaciones de consulta con especialistas e imponían pagos compartidos en enfermedades de alto costo, sancionando a los médicos que desatendieran el mandato.
En enero se inició una cadena de protestas lideradas por la Academia Nacional de Medicina, agremiaciones científicas, sindicales y usuarios, que se mantuvo hasta el 15 de este mes. Al día siguiente, la Corte Constitucional declaró inexequibles la mayoría de los decretos.
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"Aunque la situación del sistema de salud es grave, no había una situación extraordinaria para que el gobierno recurriera a la figura de la Emergencia Social", justificó la Corte.
Del grueso de la reforma, el tribunal aceptó mantener hasta diciembre tres decretos relacionados con la obtención de recursos.
El primero obliga a girar sin intermediarios los dineros que por ley corresponden a clínicas y hospitales, y los otros conservan impuestos a cervezas, cigarrillos, licores, casinos y juegos de azar.
Además, reiteró al gobierno la necesidad de elaborar una reforma integral que permita sacar al sistema de la crisis, mediante un proyecto que debe tener curso normal en el Congreso legislativo, proceso contrario a la emergencia de diciembre.
La Corte recordó la Sentencia T-760 de 2008, que pidió equilibrar la oferta de servicios entre los distintos tipos de usuarios, en cumplimiento de la Constitución de 1991.
El pronunciamiento del tribunal no causó sorpresa porque los proyectos "tenían demasiados vicios de forma", aseguró a IPS la médica Vélez, especialista en salud pública y autora del estudio "Salud: negocio e inequidad. Quince años de la Ley 100 en Colombia", publicado en 2008.
Por ello, el gobierno ya había iniciado la elaboración de un nuevo proyecto que fue radicado el lunes en la secretaría general del congreso legislativo.
El nuevo texto será estudiado por las Comisiones Tercera y Séptima, encargadas de temas económicos y de salud en el parlamento.
Los ministros Diego Palacio, de la Protección Social, y Óscar Zuluaga, de Hacienda, insistieron en la urgencia de aprobar la iniciativa antes de que termine el gobierno de Uribe en agosto.
"No lo creo posible porque son muchos temas los que hay que analizar. No es solo el aumento de ingresos con destino al sector", sostuvo Vélez.
Entre ellos está el suministro de medicinas. Para el tratamiento de cáncer, por ejemplo, las EPS solo admiten 25 productos mientras en el mercado existen más de 100.
A esto se suma que los precios de los medicamentos en Colombia ocupan el rango de los más costosos del mundo, según varios análisis comparativos.
"Son muchos temas. Sin alarmismo, creo que la situación más compleja en salud en todo el continente la tiene Colombia", aseguró Vélez.
Según el ministerio de la Protección Social, 25 por ciento de la población colombiana no cuenta con aseguramiento en salud, unos 10,5 millones de personas teniendo en cuenta el Censo de 2005, que estimó en 42 millones los habitantes de Colombia.
Esta "cifra, por provenir del gobierno, es optimista", dijo Vélez.
Pero el presidente del sindicato del estatal Instituto de Seguros Sociales, Saúl Peña, fue más allá y cifró ante IPS en 22 millones el número de colombianos sin seguros de salud.
El informe "La Salud en las Américas 2007", de la Organización Panamericana de la Salud, determinó que Colombia y Estados Unidos coinciden en "los altos niveles de gasto público y bajos niveles de cobertura", situación que podría cambiar en el país del norte con la reforma del presidente Barack Obama aprobada en marzo.
En Colombia hay "manejo desordenado de los recursos por impuestos, que anualmente ascienden a 40.000 millones de dólares", recursos "suficientes para mantener un sistema de salud equitativo, de cobertura universal, gratuito y de alta calidad", consideró Vélez.
La Ley 100 obliga el aporte por trabajador de 12,5 por ciento de sus ingresos mensuales.
Estos recursos, en opinión de los especialistas consultados por IPS, benefician a las EPS que invierten en atención porcentajes menores a los que ordena la ley.
"Del 50 por ciento obligatorio, destinan 35 por ciento para atención en el nivel elemental, 17 por ciento en el intermedio, y tres por ciento para enfermedades de alto costo", dijo a IPS Pedro Huertas, médico especializado en Gerencia en Salud.
Con ello se incumple el mandato constitucional sobre atención obligatoria a toda la población, incluidos los llamados "vinculados", sector integrado por habitantes de la calle y personas de especial vulnerabilidad.
"Los promotores de la Ley 100 prometieron cobertura universal y un plan único de salud para toda la población colombiana, pero no lo han logrado", dijo Vélez.
