El veredicto de la Corte Internacional de Justicia sobre el conflicto que mantienen Argentina y Uruguay por la instalación de una fábrica de celulosa junto a un río común, ofrece una vía de salida a un prolongado desencuentro, dicen diplomáticos y expertos.
La Corte dictaminó este martes que al autorizar la construcción de una planta de celulosa junto al río Uruguay, compartido con Argentina, Uruguay "incumplió" sus obligaciones de brindar información sobre la radicación de actividades que puedan tener impacto en el curso de agua.
El tribunal dio la razón a Argentina en este punto. No obstante, reconoció también que Uruguay "no incumplió" con la preservación del ambiente, considerado el asunto "de fondo" en la demanda presentada por Buenos Aires contra Montevideo.
Esa denuncia se basó en varias presuntas infracciones del Estatuto del Río Uruguay que los dos países adoptaron en 1975 para la administración conjunta del tramo limítrofe de ese largo curso de agua.
Los magistrados consideraron que "no hay evidencia suficiente" de que la fábrica Orión, que empezó a funcionar en noviembre de 2007, contamine el río con dioxinas, furanos, fósforo y otras sustancias tóxicas, y por eso, sostuvieron, "no hay motivo para ordenar el desmantelamiento" de la planta.
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La Corte distinguió entre obligaciones "de procedimiento" y "de fondo" del Estatuto, y rechazó que Uruguay haya incurrido en infracciones sustantivas al continuar con la construcción de la planta pese al desacuerdo argentino.
El Estatuto no establece la obligación del consentimiento. Por eso Uruguay no estaba "obligado a no construir" la fábrica una vez que fracasó, el 3 de febrero de 2006, un período infructuoso de negociaciones establecidas por los dos países, afirmó la Corte.
Antes de esa fecha, sostuvieron los magistrados, Montevideo violó sus obligaciones de informar, notificar y negociar. Pero la "conducta errónea de Uruguay no puede extenderse más allá de ese período", indicaron.
Los gobiernos reaccionaron con prudencia ante el fallo y tanto diplomáticos como expertos recomendaron aprovecharlo para iniciar una etapa de cooperación, a pesar de la resistencia de habitantes del lado argentino del río compartido.
La fábrica Orión, construida por la compañía papelera Botnia y vendida luego a UPM, ambas finlandesas, produce unas 3.000 toneladas diarias de pasta de celulosa en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos, en el oeste de Uruguay y sobre el río homónimo.
La comunidad organizada de la ciudad argentina de Gualeguaychú, distante a unos 35 kilómetros de la costa de Fray Bentos, rechaza su funcionamiento por temor a la contaminación.
Frustrados los intentos de una solución bilateral, Buenos Aires demandó a Montevideo el 4 de mayo de 2006 ante la Corte, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, último garante del cumplimiento del Estatuto. Ahora, el gobierno de Cristina Fernández recibe el veredicto con cauteloso optimismo.
La embajadora Susana Ruiz Cerutti, que encabezó la delegación argentina, rescató las recomendaciones de la Corte sobre la necesidad de "volver al camino de la cooperación , que nunca debimos abandonar".
La diplomática subrayó que para la Corte el Estatuto "es un instrumento muy importante para proteger el río y ninguna de las partes puede apartarse de él como lo hizo Uruguay".
El politólogo argentino Vicente Palermo, uno de los compiladores del libro "Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos", dijo a IPS que Buenos Aires debería proponer a Montevideo un "curso de cooperación a escala regional".
"Argentina tiene que apartarse, de modo público e inequívoco, de intenciones o exigencias contra Uruguay respecto a Botnia", y "reconocer la validez de los estudios ambientales y aceptar la propuesta uruguaya de monitoreo conjunto", propuso.
El nuevo gobierno de Uruguay podría ayudar. La relación de Buenos Aires con el ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010) "estaba muy desgastada", observó. En cambio, la nueva administración encabezada por José Mujica "cuenta con más libertad de iniciativa".
El canciller de Uruguay, Luis Almagro, reiteró en conferencia de prensa la disposición del gobierno de Mujica de mantener el camino del "diálogo, entendimiento y apoyo" con las autoridades argentinas.
El ministro destacó que, para la Corte, Montevideo no había violentado sus obligaciones de fondo, establecidas en los artículos 35, 36 y 41 del Estatuto, lo que denotaba la "excelencia" de la política ambiental de este país.
Almagró sostuvo que el fallo fortalece la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU, establecida por el Estatuto), y anunció que este mismo martes se comunicaría con su par argentino Jorge Taiana para acordar un encuentro bilateral.
Lejos de ese camino, los vecinos de la ribera argentina del río no quedaron satisfechos. En diálogo con IPS, el abogado Osvaldo Fernández, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, opinó que el veredicto "no soluciona" el conflicto y que "la lucha va a continuar".
Desde hace más de tres años los asambleístas mantienen cortado el acceso al puente Libertador General San Martín, sobre el río Uruguay, que conecta a ambos países.
"El fallo es absurdo. Se explaya con contundencia respecto de la ilegalidad de la conducta de Uruguay, pero no le pone ninguna sanción", protestó Fernández.
Los miembros de la Asamblea se reunirán este miércoles para analizar el veredicto en profundidad. El domingo 25 harán una marcha de protesta contra la fábrica, y volverán a reunirse el miércoles 28 para definir sus estrategias.
En ese encuentro, decidirán si mantienen o no bloqueado el puente. No descartan promover otra denuncia en La Haya, si aparecen nuevas pruebas de contaminación, o ante órganos internacionales de derechos humanos, dijo el abogado.
Mientras, María Selva Ortiz, de la organización ambientalista uruguaya REDES-Amigos de la Tierra, dijo a IPS que el fallo "era previsible", pues resulta "obvio" que Montevideo violó los procesos establecidos en el Estatuto.
Cuando el tribunal dice no tener elementos para concluir que la fábrica contamina "se refiere a los límites permitidos", indicó. "Por el momento está dentro de los parámetros controlados. Eso no quiere decir que no haya contaminación. Cuando uno mira los niveles de la contaminación de esas plantas, es algo sumamente peligroso a largo plazo", alertó.
"De todas formas, este diferendo no tenía nada que ver con las preocupaciones que el movimiento ambiental uruguayo plantea desde los años 90", sobre el modelo de industrialización forestal de este país.
Para REDES-Amigos de la Tierra, el bloqueo del puente y el malestar que causó en Uruguay "consolidaron el apoyo de la opinión pública a la empresa" Botnia, sostuvo.
Es de esperar que ahora el debate se centre en "el modelo productivo y el tipo de economía que representan estos proyectos", dijo Ortiz.
Y señaló una paradoja: en Uruguay "somos ricos en praderas y las estamos llenando de árboles, mientras en la Amazonia cortan árboles para poner vacas y plantar alimentos", indicó.
* Con aportes de Raúl Pierri (Montevideo).
