Un año después de la controvertida compra irregular de vastas extensiones de tierra en África, las empresas trasnacionales se resisten a respetar un código de conducta que puede asegurar la transparencia.
Los disturbios que hubo por falta de alimentos en diferentes partes del Sur en desarrollo en los últimos dos años fueron de los ejemplos más visibles y directos de la disparada de los precios del sector. Al mismo tiempo, inversores internacionales comenzaron a comprar áreas cultivables en las regiones más fértiles del mundo, en especial en África.
Los gobiernos locales los llaman "inversiones agrícolas", pero muchas de esas operaciones fueron consideradas por varios sectores de la sociedad civil africana y occidental como "robo de tierras". Algunos de los proyectos multimillonarios enfrentaron a los gobiernos y a las grandes corporaciones contra agricultores de subsistencia.
El anuncio de la compañía surcoreana Daewoo de que había arrendado 1,3 millones de hectáreas en Madagascar en noviembre de 2008 generó una dura oposición, que derivó en disturbios que hicieron caer al gobierno.
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El Instituto Internacional de Ambiente y Desarrollo (IIED), con sede en Londres, concluyó en un estudio realizado en 2009: "las inversiones pueden crear nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población local o marginar más a los pobres".
El negocio puede, de hecho, contribuir al desarrollo, pues una mayor cantidad de inversiones puede tener beneficios para la macroeconomía, aumento de producto interno bruto y más ingresos a las arcas del Estado, y también crear oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población, según el estudio realizado por especialistas de la organización, quienes analizaron en detalle los argumentos de la controversia.
Los inversores pueden aportar capital, tecnología, conocimientos, infraestructura y acceso a mercados, según el análisis "Land grab or development oportunity? Agricultural investment and internacional land deals in Africa" ("¿Robo de tierras u oportunidad de desarrollo? Inversiones agrícolas y acuerdos internacionales de tierras en África").
Pero "mientras los gobiernos o los mercados dejan tierras disponibles para los inversores, las poblaciones locales pierden acceso a los recursos de los que dependen, no sólo a tierras, sino también agua, leña y áreas de pastoreo", advierte el estudio.
El debate prosigue un año después. Organizaciones no gubernamentales insisten en que hay pocas razones para ser optimistas.
"Tanzania declaró una moratoria sobre las inversiones en cultivos de biocombustibles en noviembre por la presión de los pequeños agricultores", señaló Antoine Bouhey, quien sigue el asunto para Peuples Solidaires y ActionAid, dos organizaciones que defienden los derechos de los agricultores de los países en desarrollo.
"Pero todavía no tenemos un marco normativo que obligue a los inversores a responsabilizarse por los intereses de las poblaciones locales", añadió.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Mundial y otras instituciones se reunieron en septiembre de 2009 en Nueva York para esbozar posibles principios rectores para las grandes inversiones agrícolas.
"El asunto todavía es muy sensible. A algunos donantes les gustaría redactar un código de conducta, pero es difícil involucrar al sector privado", señaló una fuente que pidió reserva de su identidad.
"Salvaguardas efectivas en el derecho internacional y contratos negociados con habilidad y transparencia son clave para asegurar el derecho al agua y a la tierra de las poblaciones locales", señala el estudio del IIED.
Pero "muchos de los contratos se negocian a puertas cerradas", señaló Camilla Toulmin, presidenta del IIED. "Algunos son tan finos que es patético y dan derecho sustanciales preferenciales para que los inversores accedan al agua", añadió.
Los países africanos tienen leyes que obligan a los inversores a consultar a las poblaciones locales antes de distribuir terrenos, pero suele suceder que la "falta de transparencia, de controles y de igualdad en la negociación de los contratos fomenta la corrupción y los beneficiados terminan siendo los ricos y los más poderosos", como en Mozambique, explicó.
En Senegal, "en teoría, toda distribución de tierras debe estar supervisada por funcionarios locales, pero en la práctica, las autoridades nacionales conceden la potestad a los inversores mediante un mandato poderoso, sin siquiera consultar a la población local", señaló con desilusión Fatou Mbaye, quien sigue el asunto para la organización ActionAid.
"Unas 320 hectáreas fueron destinadas a la producción de biocombustible, la mayoría por inversores extranjeros, quienes suelen recurrir a empresas fantasmas para cumplir con las normas", explicó.
"Pero Senegal sigue importando 60 por ciento del alimento que consume. Las compras de tierras impiden que los agricultores expandan su producción", añadió.
"La realidad en el terreno no es tan simple como la presenta la prensa", indicó Toulmin.
"Hay pruebas de que el interés por tierras cultivables es mera especulación y muchos de los acuerdos no se concretan", añadió.
El IIED publicó una guía con pautas sobre cómo preparar contratos de inversiones más justos que hagan un uso sustentable de los recursos naturales.
"La capacidad del gobierno para negociar y gestionar contratos y de la sociedad civil para examinar los acuerdos suscritos por las autoridades puede realmente significar una diferencia para mejorar las inversiones que involucran a los recursos naturales", sostuvo.
"La cuestión es cómo convencer a los gobiernos y al sector privado de que les conviene lograr un consenso social pues las tierras cultivables son vulnerables al sabotaje. Si la población local no participa, no será fácil proteger la riqueza", concluyó Toulmin.
