Francisco Jiménez, integrante del no gubernamental Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, fue detenido el 7 de este mes en la capital mexicana por agentes de la fiscalía del sureño estado de Chiapas. Un caso más de detención arbitraria, según activistas.
A Jiménez se lo acusa de retener a un funcionario de la Secretaría (ministerio) de Agricultura en 1999. Se encuentra recluido en una prisión del estado de Nayarit, a unos 2.600 kilómetros al noroeste de la capital mexicana, lejos de sus familiares y compañeros.
Su caso, calificado por organizaciones de derechos humanos de detención arbitraria, es ilustrativo de la situación que enfrentan los activistas en este país norteamericano, tema principal del Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos iniciado este viernes en la capital mexicana y que concluirá este sábado.
"Hemos venido exigiendo que el Estado impulse un programa nacional para defensores de derechos humanos. Hay un marco internacional que tiene que aplicarse de manera precisa", señaló a IPS el activista Abel Barrera, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el sureño estado de Guerrero.
Este estado ha sido escenario de numerosas amenazas y ataques contra activistas, al grado de que 107 promotores de derechos humanos han recibido medidas provisionales de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
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La coyuntura de los activistas, los mecanismos de protección garantizados por convenios internacionales y la elaboración de una guía sobre estos tratados centraron la atención de la jornada de este viernes, que transcurrió a puertas cerradas para los medios de comunicación.
Los defensores padecen intimidaciones, agresiones y asesinatos por su labor, según varios informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de organizaciones no gubernamentales de este país.
Además, en marzo el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas entregó una serie de observaciones al Estado mexicano, entre las cuales figura la seguridad de los activistas.
El Comité, formado por 18 expertos independientes, es el responsable de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976 y ratificado por México en 1981.
Para Raúl Vera, el obispo católico de Saltillo, ciudad ubicada al norte de la capital, el empeoramiento de la situación humanitaria se relaciona con la aplicación desde la década del 80 del modelo económico neoliberal, que alejó al Estado de la regulación de las actividades económicas.
"Se ha favorecido que el dinero se acumule en pocas manos y se han violentado derechos sociales, económicos, laborales", denunció ante IPS Vera, quien inauguró el encuentro en su calidad de connotado defensor de los derechos humanos en México.
El gobierno ya anunció que instaurará un mecanismo nacional de protección de los promotores, pero todavía no se han dado pasos en esa dirección.
La reunión coincide con la aprobación en el Senado el 8 de este mes de una reforma constitucional que establece que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Los cambios a 11 artículos constitucionales, que también estipulan que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar los atropellos, están ahora en manos de la Cámara de Diputados.
"La reforma pendiente de ser aprobada se convertirá en un precedente fundamental para continuar armonizando el marco constitucional mexicano con los más altos estándares internacionales de protección", evaluó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos, un colectivo que agrupa a entidades de todo el país.
El director para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, resaltó, en una carta abierta enviada el 13 de este mes al parlamento, que la aprobación de las reformas "representaría un paso fundamental para garantizar una mayor protección".
México arrastra dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, por el caso de un dirigente comunitario desaparecido por militares en Guerrero en 1974 y el de tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Además, la Corte analiza los casos de dos jóvenes indígenas violadas por soldados en el estado de Guerrero en 2002, sentencias que estarían listas en el segundo semestre de este año.
Durante 2009, la Comisión Interamericana, que tiene facultad para presentar casos a la Corte, recibió 232 denuncias provenientes de México, un reflejo del estatus de los derechos humanos en este país de más de 107 millones de habitantes.
"La reforma constitucional no nos garantiza mucho, pues son necesarios cambios estructurales para evitar las violaciones", evaluó Barrera, cuya organización ha sido de las más activas en la materia.
El encuentro nacional converge también con el segundo aniversario de la captura de Raúl Hernández y otros cuatro miembros de la no gubernamental Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) en Guerrero.
Hernández y sus compañeros fueron detenidos el 17 de abril de 2008 acusados de homicidio. La organización humanitaria Amnistía Internacional los considera prisioneros de conciencia al concluir que no existían pruebas del delito y que su aprehensión se vincula con su trabajo humanitario.
"La única manera en que las violaciones pueden disminuir es que el Estado retome su papel y su responsabilidad social", planteó Vera.
