La Unión Europea (UE) financia la elaboración de un proyecto de ley contra productos falsificados en Uganda que, por su amplitud, puede perjudicar la importación de medicamentos genéricos a este país africano sumido en la pobreza.
Alrededor de 90 por ciento de los medicamentos utilizados por el sistema de salud ugandés son importados y 93 por ciento de ellos son genéricos.
Una parte de los 6,8 millones de dólares recibidos por los ministerios de Turismo, Comercio e Industria fueron otorgados por la UE en el marco de un acuerdo firmado en julio de 2009 para contribuir con la redacción del proyecto de ley.
El tratado se propone llevar a la práctica los Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) entre la UE y los países de África oriental.
El ministro de Industria, Simon Lokodo, reconoció en entrevista con IPS, que el proceso de redacción del proyecto de ley contó con fondos de la UE.
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"Gracias al apoyo de la UE pudimos contratar a una persona que nos ayudó a profundizar en el asunto y a trabajar con otra gente para redactar el proyecto, que está a estudio del gabinete", señaló.
No tiene nada de raro que la UE financie políticas contra productos falsificados en el marco de su apoyo al sector comercial, dijo Lokodo a IPS.
"Nuestros mercados están inundados de productos falsificados que no sólo impactan en nuestra vida sino que matan a nuestra industria. Creo que es mejor trabajar con la UE, entre otros, para luchar contra eso", añadió.
Los activistas no entienden por qué el gobierno ugandés se empeña en adoptar una norma tan amplia que penalice la producción e importación de medicamentos genéricos, lo que impedirá que millones de personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), y con paludismo reciban el tratamiento correspondiente.
La decisión de Uganda sorprende porque, en tanto que país menos adelantado, tiene plazo hasta 2016 para dotarse de una norma que proteja las patentes del sector farmacéutico, según el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Trips, por sus siglas en inglés).
La Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que contempla los Trips, extendió el plazo hasta 2016 para las patentes farmacéuticas tras la reunión de noviembre de 2001.
Una parte de los 6,8 millones de dólares recibidos por este país en julio de 2009 eran para redactar un proyecto de ley contra las falsificaciones, confirmó a IPS el director de la sección de política y comercio de la delegación de la UE en Uganda, Harvey Rouse.
"Ayudamos al Ministerio de Comercio a reformar su política, sus normas y reglamentos, incluidos los productos falsificados. El respaldo se enmarca en el programa de desarrollo al sector privado y comercial, vinculado con los EPA, que se implementará en los próximos cuatro años", explicó.
El proyecto "apunta sólo a las personas que violan los derechos de propiedad intelectual protegidos", indicó el responsable de operaciones comerciales de la UE en Kampala, Alex Nakajjo.
"La UE no favorece el comercio de productos falsificados y no deben confundirse éstos con los medicamentos genéricos", apuntó.
Además, "impulsó una disposición para que los países en desarrollo puedan acceder con mayor facilidad a medicamentos genéricos en el marco de los Trips. En tanto que uno de los mayores donantes, la UE cree en, y promueve, el acceso" a ese tipo de fármacos para las naciones pobres.
Pero el proyecto ugandés, al igual que la ley adoptada en Kenia y la que adquirirá la Comunidad de África oriental, no distingue entre medicamentos genéricos legales y falsificados, según el Programa de Propiedad Intelectual y de Justicia en la Información (Pijip), de la Facultad Washington de Derecho, de la American University, con sede en esa ciudad estadounidense.
El Pijip tiene un plan de capacitación para usar de forma flexible las normas de propiedad intelectual y garantizar la disponibilidad de medicamentos genéricos.
No hay que confundir ese tipo de fármacos con los falsificados, coinciden activistas, pero el proyecto de ley no atenderá el problema de la mala calidad pues lo confunde con la propiedad intelectual.
El proyecto de ley tiene más que ver con intereses comerciales que con cuestiones de seguridad, sostuvo Sisule Musungu, especialista en derechos de propiedad intelectual.
La prueba, según él, es que la norma pasa por el Ministerio de Comercio y no por el de Salud, que hace años que trabaja en estándares de seguridad para fármacos, y que participarán la aduana y la policía y no las autoridades sanitarias.
Otro indicio es que los fondos para el proyecto fueron otorgados en el marco de un programa de comercio y no de salud pública.
Si la liberalización comercial continúa para los productos agrícolas e industriales, la UE y Estados Unidos ya no podrán competir con Brasil, en el primer sector, ni con China e India, en el segundo, indicó Musungu.
Lo que le queda a la UE y a Estados Unidos en términos de ventaja comparativa son los servicios y los derechos de propiedad intelectual.
"La propiedad intelectual se volvió una parte importante de la política exterior de la UE. Los grandes jugadores de Occidente no iban a llegar muy lejos atendiendo el asunto por la vía común porque muchos países en desarrollo son conscientes de las consecuencias que tiene para la disponibilidad de medicamentos, entre otros productos", apuntó.
"El discurso de los productos falsificados es básicamente una estrategia para promover de otra forma leyes de propiedad intelectual", concluyó.
La iniciativa de la UE de promover una ley contra los productos falsificados se remonta a 2008, según pudo averiguar IPS al investigar los orígenes de la ley.
La UE financió la Conferencia de Revisión del Sector Comercial, del Ministerio de Comercio, realizada el 30 de octubre de ese año, mediante un programa "de apoyo técnico para terminar con el acuerdo de asociación económica".
En esa instancia se discutió por primera vez el proyecto de Productos Falsificados, presentado por el presidente de la Fundación del Sector Privado de Uganda (PSFU, por sus siglas en inglés) y ex ministro de Finanzas, Gerald Ssendaula.
La PSFU, que representa a 81 asociaciones empresariales y entidades del sector público, fue de las primeras organizaciones de Uganda en trabajar con otras de África oriental para impulsar políticas contra los productos falsificados en el ámbito regional y nacional.
"El sector privado observa con preocupación que las penas previstas por el proyecto no son suficientemente severas como para disuadir conductas inadecuadas en materia de marcas registradas y de productos falsificados. Apelamos al gobierno a que revise los artículos importantes para prever castigos más duros", señaló Ssendaula.
El presidente de PSFU propuso cinco años de prisión y establecer relaciones con otras entidades internacionales para frenar la importación de productos falsos.
Por su parte, Rouse dijo a IPS que Uganda no tiene una legislación adecuada ni logra que se cumplan los derechos de propiedad intelectual. Además, la falta de severidad de las penas fomenta el comercio de productos falsos.
Este país también necesita una institución específica para combatir el problema, lo que se refleja en el proyecto de ley.
La mayoría de los estados prevén un "engaño deliberado" o la piratería "a escala comercial" para considerar que hubo falsificación y violación de propiedad intelectual.
La Organización Mundial de la Salud fija un mínimo según el cual un producto es considerado falso: "etiquetado fraudulento y deliberado" y "la distorsión de la identidad o de la fuente".
El proyecto de ley de Uganda prevé multas importantes y hasta condenas de más de 20 años de cárcel. La severidad no se condice con los recursos civiles aceptados en el ámbito internacional para violaciones de derechos de propiedad intelectual, indicó Musungu.
Numerosos especialistas consideran que este país tiene las normas necesarias para combatir el problema como la Ley de Propiedad Intelectual, de Ley de Marcas Registradas, la Ley de Patentes, la Ley de Comercio Secreto y partes del Código Penal que castigan la venta de productos falsificados.
