Inmersos en una prolongada puja de poder, el gobierno y la oposición de Argentina agitan fantasmas de destitución y elecciones anticipadas. La sociedad civil descree de las amenazas y exige atención a problemas como la inflación o la inseguridad.
"La sociedad está expectante de que los dirigentes dejen de escucharse y gritarse entre sí, sumidos en un microclima por demás alejado de sus necesidades", concluyó este mes la encuestadora Management & Fit, que sondeó el clima social ante la disputa política por el uso de reservas para pagar deuda externa.
Si bien el gobierno de Cristina Fernández tuvo enfrentamientos con distintos sectores desde fines de 2007, en los últimos tres meses los choques se agudizaron y abarcan a la oposición, a los medios de comunicación y a tribunales que ponen límites a decisiones de la administración.
Desde que resolvió en enero utilizar reservas del Banco Central para pagar endeudamiento, la presidenta se enfrentó a la oposición que le cuestiona haber apelado a un decreto y no a una ley para cancelar vencimientos. Fernández también acusó de parcialidad a jueces que ordenaron no desviar de ese modo las reservas y anticipó que desconocerá sus sentencias.
El gobierno comenzó a recurrir a los decretos en diciembre, cuando fueron investidos los legisladores elegidos en los comicios de 2009. El oficialismo, que salió debilitado de esas elecciones, perdió su mayoría absoluta, y ahora debe lidiar con una oposición que, si bien está fragmentada, se cierra a sus iniciativas.
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La pelea tuvo momentos de tensión y aún no se resuelve. Los bloques opositores se resisten a aprobar el nombramiento de una nueva titular del Banco Central, la economista Mercedes Marcó del Pont, designada por Fernández, y se niegan a avalar el pago de deuda sin una ley que se debata en el Congreso legislativo.
La líder de la opositora Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, sostuvo que al ignorar a la justicia y al Congreso la presidenta se expone al juicio político y anticipó que la denunciará ante la Organización de los Estados Americanos por pretender ejecutar "un salto autoritario".
La presidenta replicó que había "intentos de destitución evidentes".
Algunos analistas sostienen que las amenazas debilitan la estabilidad institucional. Otros creen que si bien no existe un riesgo real el juego es aventurado. Finalmente están quienes consideran que sólo se trata de formas poco ortodoxas de la disputa política.
El politólogo Sergio Berensztein, de la consultora Poliarquía, sostuvo que "los riesgos de que el conflicto derive en una regresión autoritaria y en un episodio de discontinuidad institucional son cada vez más grandes".
Berensztein descartó una salida como el golpe de Estado cívico-militar que terminó con el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras en junio de 2009, aunque el desenlace que prevé tampoco es bueno si sigue la escalada.
"En Argentina existen procedimientos institucionales como el voto de censura al jefe de gabinete o el juicio político a la presidenta", advirtió Berensztein.
La socióloga Norma Giarraca, de la Universidad de Buenos Aires, declaró a IPS que el gobierno se maneja con amenazas casi desde su asunción. Recordó que la primera vez que Fernández advirtió de intentos de destitución fue durante el conflicto con las patronales agrarias que se prolongó durante varios meses de 2008.
El problema, advirtió, es que ahora también hay un amplio sector de la oposición que también apuesta "a todo o nada". "Hay un juego especular donde ni el gobierno ni la oposición rompen la lógica de amigo y enemigo. Todos piensan en cómo acumular poder para su partido o su sector y nada más", cuestionó.
Para Giarraca, a este gobierno "le cuesta mucho negociar y buscar consenso y ahora que perdió la mayoría amenaza con la destitución porque no puede asumir una práctica negociadora". A su vez, la oposición, que parecía mostrar una imagen de mayor sensatez, ahora también "parece que va por todo", dijo.
En diálogo con IPS, la politóloga Ana María Mustapic, de la privada Universidad Torcuato Di Tella, consideró "difícil" que el conflicto llegue a una situación tan extrema. "Para eso habría que pensar que la oposición está interesada (en la destitución del gobierno) y no parece el caso", añadió.
Ella cree que el gobierno "prefiere ser visto como víctima" ante la pérdida de poder, pero no ve condiciones objetivas para una destitución. A diferencia de la crisis de Honduras, en Argentina hay juicio político, un proceso que permite la destitución del presidente, recordó.
Esa institución exige el voto de dos tercios del Congreso, que difícilmente se consigan, dijo. Mustapic tampoco cree posible adelantar las elecciones y no percibe un clima de descontento como el de vísperas de la salida anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) o antes de la renuncia de Fernando de la Rúa (1999-2001).
Según Management & Fit, 64,3 por ciento de sus encuestados "no creen que haya un plan de la oposición, los medios y la justicia para desestabilizar al gobierno". Además, 78 por ciento recomiendan a las partes enfrentadas dialogar, y 79 por ciento quisieran que el pago de la deuda se resolviera en el Congreso y no a través de un decreto.
"La gente pide diálogo, consenso, fin a los enfrentamientos. Pide que el ruido entre dirigentes políticos dé paso a la búsqueda de soluciones para sus problemas, como la seguridad, la inflación, el empleo", añade el estudio de la consultora.
El dirigente de los desempleados, Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa, dijo a IPS que los riesgos de una destitución "son macaneos a los que nos tiene acostumbrados el gobierno para atemorizar a una sociedad que, en realidad, ya no le cree".
"No hay condiciones políticas para una destitución La gente, en los barrios, se burla cuando la presidenta dice que los problemas que denuncian los medios corresponden al 'país virtual' porque a ellos la inflación los está matando de verdad", apuntó.
Para Alderete, lo que la población más postergada reclama es que se atienda de manera urgente la falta de empleo, el clientelismo, la inflación, la indigencia, las falencias en salud y en educación y los problemas de inseguridad.
Pero, por el momento, los políticos están inmersos en sus propias e interminables disputas, criticó.
