El tratamiento a una embarazada de 27 años que padece cáncer se convirtió en terreno de batalla entre las autoridades de salud de Nicaragua y el movimiento que reclama la despenalización del aborto terapéutico.
Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una de las organizaciones que presionó para que el gobierno de Nicaragua atendiera a Amalia, contó a IPS la historia de la joven que se ha convertido en un símbolo de quienes abogan por restablecer el aborto terapéutico en este país.
Amalia es el nombre ficticio de una joven originaria de Peneloya, comunidad de la costa del océano Pacífico en el departamento de León, situada 92 kilómetros al noroeste de Managua.
En enero, la mujer, trabajadora en su hogar con una hija de 10 años, acudió al centro de salud de su comunidad con dolores en el tórax, dificultades de respiración y emisión de sangre por la garganta. El diagnóstico fue cruel: padecía un cáncer agresivo que requería atención urgente, y estaba embarazada.
El 12 de febrero fue internada en el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales de León y ahí comenzó su lucha. La paciente no recibía la atención especializada para su caso, denunciaron sus familiares a organizaciones de derechos humanos.
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Los médicos no sabían cómo proceder, ya que el tratamiento contra el cáncer obligaba a aplicar radio y quimioterapia que, a su vez, generan un alto riesgo de aborto, según explicó a IPS Mayte Ochoa, integrante del Grupo Estratégico contra la Penalización del Aborto Terapéutico.
Desde 2006, la interrupción inducida del embarazo pasó a estar criminalizada sin excepciones en este país centroamericano, incluso si la vida de la madre corre peligro. Toda persona que fomente, induzca, apoye o provoque un aborto puede ser condenada a penas de cuatro a ocho años de cárcel.
La demanda de despenalizar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro o el embarazo sea fruto de violación e incesto es la gran reivindicación con que se va a celebrar en Nicaragua el Día Internacional de la Mujer, el 8 de este mes, y que este año las Naciones Unidas dedican a promover la igualdad de derechos y de oportunidades.
El médico Ricardo Cuadra, director del hospital público donde Amalia está ingresada, aseguró a IPS que nunca le negaron atención médica y que se creó una junta médica para analizar a fondo el caso y aplicar todas las medidas posibles.
"Era un caso especial, donde está en riesgo la vida de la madre y de la criatura, debía tratarse con mucho cuidado y no actuar a la ligera y así lo hemos hecho", dijo Cuadra.
Desde que se conoció la denuncia y hasta que el 26 de febrero el gobierno izquierdista de Daniel Ortega autorizó la aplicación de quimioterapia, se sucedieron protestas y presiones para que Amalia tuviese la oportunidad de interrumpir su embarazo y recibir el tratamiento que podía salvarle la vida.
Organizaciones feministas se manifestaron frente al hospital, realizaron marchas de protestas en Managua y enviaron cartas de denuncia a organizaciones internacionales de derechos humanos.
Al debate se sumaron organizaciones de diferentes confesiones religiosas, diputados de oposición, intelectuales y grupos médicos independientes.
Representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud y del Centro de Mujeres Ixchen exigían a las autoridades el aborto terapéutico para Amalia.
La Asociación Médica Nicaragüense, integrada por médicos que practican mayoritariamente en el sector privado, emitió un comunicado rechazando las presiones de organizaciones civiles.
"El aborto no la va a curar de su cáncer ni de sus metástasis, por lo que hay que brindarle terapia adecuada, ya sea curativa o paliativa y asegurarle calidad de vida", dijeron los médicos de la asociación.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron comunicados abogando ante el Estado de Nicaragua la aplicación del derecho a la salud de Amalia.
Amnistía recordó que Nicaragua ha ignorado llamados de expertos de las Naciones Unidas, incluyendo el Comité Contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos, de revocar la ley que criminaliza el aborto en forma absoluta.
La mortalidad materna llega a 170 fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos.
Casi 40 por ciento de las defunciones maternas en las zonas rurales se producen entre niñas y adolescentes menores de 19 años, y se registra "un aumento sistemático de los fallecimientos por causas obstétricas indirectas", vale decir, por abortos realizados en forma insegura, según un reporte difundido por Human Rights Watch con base en cifras oficiales.
En América Central, el aborto también está prohibido sin excepción en El Salvador y Honduras, aunque en este último país el Colegio Médico establece la interrupción del embarazo si la vida de la madre peligra, y también es legal desde 2007 la píldora anticonceptiva de emergencia.
En el hospital, y cuando Amalia cursaba ya una gestación de 12 semanas, se creó finalmente una comisión médica para decidir sobre su tratamiento, que demoró casi 10 días en aprobar la aplicación de la terapia contra el cáncer.
Antes, Amalia firmó una carta responsabilizándose por cualquier daño a su gestación durante el periodo de medicación, ya que los médicos no aprobaron el cese del embarazo.
El 26 de febrero, la procuradora especial para la Mujer, Deborah Gradisson, informó que el Ministerio de Salud había decidido aplicar el tratamiento contra el cáncer a Amalia.
La mujer fue trasladada de León a Managua y sometida el 1 de este mes a quimioterapia, según fuentes médicas.
Gradisson explicó que los médicos advirtieron que la terapia afectaría al feto, que posiblemente no sobreviva al tratamiento.
Fuentes médicas que solicitaron anonimato informaron a IPS que la enfermedad de la joven está bastante avanzada y hay dudas sobre su recuperación. Las autoridades médicas del Ministerio de Salud prefirieron no dar declaraciones a IPS.
