La igualdad de oportunidades para las mujeres se abre campo con las nuevas constituciones y leyes de género en América Latina y el Caribe, aun si su aplicación real es un distante objetivo.
Esa brecha incide en la vida cotidiana de millones de latinoamericanas y caribeñas, pues en la región «la pobreza tiene rostro de mujer», como recordó Laura Chinchilla tras recibir una de las mayores oportunidades provistas por su país, Costa Rica: la elección como primera presidenta en su historia.
Para reforzar la importancia de promover leyes e instituciones a favor de la equidad entre los géneros, las Naciones Unidas decidieron que este año el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, esté dedicado a la «Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades: progreso para todos». Se trata, entre otras cosas, de reflexionar sobre los soportes legales con que cuentan las mujeres para su desarrollo.
América Latina y el Caribe fue «la primera región en la que todos los estados son parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)», recordó a TerraViva la venezolana Evangelina García Prince, ex vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para el seguimiento de ese instrumento, adoptado en diciembre de 1979. Según García Prince, en el contexto regional «se han dado en los últimos 15 años algunos cambios prometedores», aunque sean «insuficientes para solventar la vieja deuda que los Estados mantienen con la igualdad de mujeres y hombres».
La aplicación de los nuevos textos «se dificulta con el entramado económico, social, cultural y político de nuestras sociedades, la escasez de recursos y la fragilidad de muchas instituciones que deben aplicarlos», dijo a TerraViva Virginia Olivo, quien dirige la coalición Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.
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«Todos los días nos preguntamos sobre la aplicación de las leyes, que no bajan al hábitat de las mujeres. Las instituciones y el Estado no cumplen, pero hay aliados, funcionarios comprometidos», observó a TerraViva Carmen Morales, directora de Programas de la no gubernamental Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer (Semillas).
Para García Prince «la principal amenaza a la posibilidad de más y mejores disposiciones legales, y que tengan factibilidad administrativa, está en una cultura jurídica y político-administrativa fuertemente androcéntrica y claramente reactiva a iniciativas que desafíen las relaciones tradicionales de poder entre los géneros».
Justamente, el reforzamiento de la institucionalidad y las leyes fue una de las 12 prioridades que estableció hace 15 años la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing.
En la nueva arquitectura legal latinoamericana se destaca, a favor de la igualdad, que casi todas las constituciones nacionales reconocen los tratados, pactos y convenciones internacionales o regionales que obligan a adoptar los principios de igualdad y no discriminación, y los incluyen en sus textos. Todos los países cuentan, además, con instituciones dedicadas a promover la igualdad entre los géneros.
También «ha crecido el número de países que sancionan leyes de igualdad, de igualdad de oportunidades y no discriminación, sobre la violencia contra las mujeres, y hay interés en crear normas subnacionales o municipales», dijo García Prince.
Nuevas constituciones no sólo recogen esos principios, sino que su redacción subraya la equidad al visibilizar los géneros de la población. Se describe a los venezolanos y venezolanas, bolivianas y bolivianos, presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta, ministras y ministros, diputados y diputadas, fiscal o fiscala.
Entre las más recientes, la Constitución de República Dominicana consagra la igualdad ante la ley, prohíbe cualquier acto que menoscabe las condiciones de igualdad de los derechos de mujeres y hombres, y ordena promover «las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género».
La nueva Constitución de Ecuador, al consagrar la igualdad y prohibir toda discriminación, ordena al Estado «formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres», así como incorporar el enfoque de género en planes y programas, con carácter obligatorio para el sector público.
En Bolivia, su nueva carta magna ordena para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria «con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres», y además prohíbe y ordena sancionar toda discriminación fundada, entre otras, en razones de sexo, orientación sexual o identidad de género.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, el nuevo parlamento, 46 escaños son ocupados por mujeres (28 por ciento) y, al recomponer su gabinete para su segundo mandato el presidente izquierdista Evo Morales designó este año a 10 mujeres entre sus 20 ministros, en una paridad de género con un solo precedente regional: el gobierno de la chilena Michelle Bachelet.
Ese empoderamiento debería aplicarse sobre el femenino rostro de la pobreza en Bolivia, donde seis de cada 10 mujeres son pobres, ellas solas dirigen 29 por ciento de hogares, su presencia en el mercado laboral es de 40 por ciento y su remuneración, con iguales tareas, es apenas 57 por ciento de la de los varones.
Brechas parecidas cruzan el continente, pues según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región la pobreza es 1,15 veces más alta en mujeres que en hombres, y la diferencia es marcada en Panamá (1,37 veces), Costa Rica (1,30), República Dominicana (1,25), Chile (1,24) y Uruguay (1,21 veces).
Según el mismo organismo, en Brasil y México las profesionales perciben la mitad de los salarios que sus colegas hombres, en Uruguay, Chile y Costa Rica la distancia oscila entre 30 y 40 por ciento, y en la región, con 200 millones de pobres, hay 85 millones de mujeres que no disponen de ingresos propios.
Entre 1990 y 2008, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Honduras, Colombia, México, Uruguay, Perú y Nicaragua promulgaron leyes de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que identifican como discriminación la existencia de normas, ausencia de ellas o situaciones fácticas que desmejoren la situación femenina.
Pero en su parte resolutiva las leyes remiten a planes y programas que elaboren los distintos entes del Estado, aunque sin mandatos claros sobre los soportes materiales para esos rosarios de buenas intenciones.
Allí es donde aparecen los obstáculos propios de la cultura política que señala García Prince, en la forma de códigos penales, civiles, laborales, de comercio o electorales, «francamente obsoletos o plagados de disposiciones discriminatorias».
«Podría citar el caso de México, donde la legislación sobre la materia es abundante (cuatro leyes tocan el tema) pero no la satisfacen las ejecutorias, como lo demuestra la viva polémica que vive ese país en la materia de derechos sexuales y reproductivos con las legislaciones en los diferentes estados de la República», señaló García Prince.
México «es un país que invierte, y donde los esfuerzos gubernamentales por tener una política definida están a la vista, pero aún son claramente insuficientes para cumplir las garantías de su abundante legislación», agregó.
La ley mexicana sobre el acceso a una vida libre de violencia es seguida en 28 de sus 32 estados, pero ha sido insuficiente para erradicar el feminicidio. En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar los derechos de tres jóvenes asesinadas en 2001 en la norteña Ciudad Juárez.
Un informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos elogió los avances legislativos como «iniciativas estratégicas muy útiles para avanzar hacia la igualdad y la vigencia de los derechos de las mujeres», pero a pesar de ello «la igualdad real es todavía una tarea pendiente en todos los países».
Más aún, «los gobiernos les dan una importancia relativa, como lo demuestra el poco peso que tienen los organismos de la mujer responsables de aplicar esas leyes y su limitado presupuesto», y concluye que «ante el menor descuido, es fácil que esas conquistas experimenten un retroceso o, como mínimo, una inmovilización».
* Con aportes Emilio Godoy (México) y Franz Chávez (La Paz).
