El último informe de Que Nadie Toque a Caín documenta no menos de 346 ejecuciones en Irán en el 2008, una cifra que ha sido ampliamente superada en este último año por la teocracia de este país que continúa ostentando la terrible primacía de la pena capital en el mundo después de China.
Pero los números reales pueden ser aún más altos que los registrados, porque las autoridades iraníes no emiten estadísticas oficiales sobre esta materia, de modo que los cómputos se efectúan en base a las noticias publicadas en los diarios locales y a las estimaciones de las organizaciones humanitarias, que evidentemente no pueden acceder a los datos sobre la totalidad de las ejecuciones.
Mohammad Mostafei, un abogado iraní que es el defensor de muchos detenidos que se encuentran en el «brazo de la muerte» y en particular de 25 condenados a la pena capital por delitos cometidos cuando eran menores de edad, sostiene que el número real de las ejecuciones es muy superior al de las estimaciones de las organizaciones humanitarias. «He calculado que en el 2008 ha habido más de 400 ejecuciones y que podrían ser más de 500 y hasta 600», según afirma este abogado que el 26 de junio del 2009, por haber tomado parte en las manifestaciones populares que estallaron en todo el país en respuesta a las fraudulentas elecciones del 12 de junio, fue detenido y llevado a una localidad desconocida.
La ejecución de personas menores de edad en el momento de cometer crímenes implica una violación frontal a la Convención sobre los Derechos del Niño, que Irán ha firmado y ratificado y sin embargo sigue practicando.
El ahorcamiento es el método preferido por los ejecutores de la legislación islámica, pero se han verificado casos de lapidación en los dos últimos años y también de condenados que han sido arrojados a un precipicio.
También se verifica la continuidad de la represión en contra de miembros de minorías religiosas o étnicas, en particular de las etnias azerí, curda y baluchi, así como la aplicación de la pena capital por motivos esencialmente políticos o por delitos no violentos.
Dos hombres -Mohammad Reza Ali Zamani, de 37 años y Arash Rahmani Pour, de 20 años fueron ahorcados el 28 de enero pasado bajo la acusación de militar en la organización filo-monárquica Tondar. Al parecer se trata de la primera ejecución de condenados a muerte por haber participado en las manifestaciones de protestas consiguientes a la fraudulenta reelección del Presidente Mahmoud Ahmadinejad, mientras se ha denunciado que bajo los mismos cargos otras 13 personas han sido sentenciadas a la pena capital.
Además de la pena de muerte la legislación islámica iraní dictamina diversas formas de tortura, la mutilación de miembros, fustigaciones y otras penalidades crueles, inhumanas y degradantes. No se trata de casos aislados. Se cuentan por millares los jóvenes que cada año son sometidos a la fustigación por consumir alcohol o por asistir a fiestas frecuentadas por hombres y mujeres. El régimen acosa particularmente a las mujeres que considera no suficientemente cubiertas por el velo en las calles o lugares públicos.
Cuando en el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la histórica resolución a favor de una moratoria universal de las ejecuciones capìtales, Irán fue el único país que rechazó categóricamente la propuesta. El gobierno de Teherán ha optado por asumir y practicar políticas de oposición categórica a las normas internacionales y a las convenciones sobre derechos humanos.
El significado de esta actitud desafiante se comprende más fácilmente en relación al desarrollo en curso del programa nuclear iraní. Pero es necesario reflexionar sobre el hecho de que, si hoy el gobierno de Irán representa una amenaza a la seguridad internacional en el plano nuclear, esto se debe a que por demasiado tiempo se ha permitido que se convirtiera en una amenaza para la seguridad de sus propios ciudadanos y ciudadanas. Desde este enfoque la política europea y su búsqueda de un «diálogo constructivo» con Teherán han redundado en la omisión de reclamos a las autoridades iraníes sobre el respeto puntual de los derechos humanos y por lo tanto implican una grande y grave responsabilidad.
Y es igualmente grave que Italia siga considerando al régimen islámico como un interlocutor válido para la solución del problema del Oriente Medio cuando en realidad es parte de ese problema. Es precisamente el respeto de los derechos humanos fundamentales lo que el sistema teocrático hoy no se puede permitir, porque entraría en crisis. Europa y el Occidente deben revisar su política hacia Irán en base a esta contradicción para centrarla en la exigencia de la observancia de los derechos humanos. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Elisabetta Zamparutti, diputada y tesorera de Que Nadie Toque a Caín.
