La ley aprobada en India hace cuatro años para promover cambios profundos en la vida de las comunidades selváticas tradicionales no logra su cometido.
La confusión general, la corrupción y la intransigencia del Departamento Forestal complicaron los ya débiles esfuerzos para llevarla a la práctica, según activistas y los propios funcionarios responsables.
"Es una ley complicada, pero ahora tampoco se toman medidas para mejorar su comprensión entre los funcionarios del Departamento Forestal ni de los comités de aldeas", los que concentran los reclamos de tierras, señaló Tanushree Das, de la organización no gubernamental Vasundhara, con sede en esta ciudad del oriental estado de Orissa. "Patina en todos los ámbitos", añadió.
"La forma en que el gobierno gestiona los reclamos de territorios selváticos y comunitarios es un fracaso total", indicó Sahajahan Bari, de la organización Pragati, en el distrito Koraput, donde residen comunidades tribales.
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"La reglamentación que rige la Ley de Derechos Selváticos fue divulgada en enero de 2008. Pero los propios funcionarios responsables de su aplicación no la entienden", añadió Bari, quien participó en una concentración realizada este mes en Bhubaneswar y que reunió a más de 600 activistas y jefas locales de los 30 distritos de Orissa para discutir el asunto.
Millones de pobladores selváticos siguen viviendo en los mismos lugares en los que están confinados desde la época de la colonia y privados de los derechos sobre sus territorios ancestrales.
La ley aprobada hace cuatro años debió corregir esa situación.
Por un lado, permite reclamar títulos de propiedades selváticas ocupadas o cultivadas y que son consideradas "invadidas". Por otro lado, permite acceder, usar y vender los productos recolectados tradicionalmente en esos territorios, como hojas para confeccionar platos, jugos de palmeras, plantas medicinales y frutas.
También otorga a una comunidad, que suele ser una aldea, el derecho de gestionar y proteger la selva de acuerdo a sus tradiciones, pese a ser propiedad del Estado.
Las comunidades tribales representan más de ocho por ciento de los más de 1.100 millones de habitantes de India. Alrededor de ocho millones de sus integrantes habitan en este estado, caracterizado por su vasto territorio selvático.
En Orissa reside la mayor población tribal del país, después de los estados vecinos de Chhattisgarh y de Jharkhand.
"Se reiteraron explicaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos forestales comunitarios", como lo prevé la ley, pero "hubo muy pocos avances" en este estado, reconoció en una circular interna Ashok Kumar Tripathy, secretario principal del Departamento de Desarrollo de Castas y Tribus Registradas de Orissa, la mayor entidad estatal responsable de ejecutar la ley.
Los dalits, por fuera del sistemas de casta hindú, y los adivasis, población originaria del territorio indio, tienen reservadas cuotas especiales en la Constitución del país para ingresar a instituciones educativas y cargos públicos a fin de mejorar su situación socioeconómica, entre otros beneficios con motivo de las privaciones y los siglos de exclusión.
La Ley de Derechos Selváticos tiene artículos que complican su implementación.
Uno de ellos, por ejemplo, estipula que un indígena tiene que haber usado el territorio antes de los años 80, y quien no lo es debe probar que reside allí desde hace al menos 75 años.
Pero en la mayoría de los casos eso es imposible porque los miembros de las comunidades tribales, como los que pretende amparar la ley, no suelen vivir más de 50 años.
Una de las razones por la cual más de dos tercios de las 300.000 solicitudes de reclamos de propiedad recibidas hasta el 1 de este mes fueron rechazadas es porque los interesados no podían probar que hace 75 años que usan el territorio, reconoció Biswar Kumar Nayak, secretario especial del Departamento de Desarrollo de Castas y Tribus Registradas de Orissa.
La ley tiene aspectos controvertidos, pero Nayak considera que su ritmo de cumplimiento es "justo".
Algunas áreas alejadas no se han inspeccionado, en tanto en otras, es imposible reconocer las líneas divisorias de las tierras. En una zona, los rebeldes maoístas incendiaron un edificio público con todos los registros de propiedad.
Otra de las razones de las demoras en las transferencias de tierras son los enfrentamientos entre aldeas vecinas por la línea divisoria y por las plantaciones maduras.
Los activistas también señalan que es común que las solicitudes enviadas por correo, sencillamente, no lleguen a destino.
Pero también sostienen que los actuales y anteriores funcionarios públicos constituyen uno de los más graves obstáculos para el cumplimiento de la ley. Una de las causas puede ser porque la norma otorga a los beneficiarios un poder significativo sobre los territorios asignados, según activistas.
En todo el país hubo casos de funcionarios retirados de los departamentos forestales que presentaron demandas legales para suspender la aplicación de la ley. Una de esas solicitudes, que argüía que las comunidades destruirían la selva y sus recursos si se les otorgaban derechos sobre ella, fue anulada el año pasado en Orissa.
Además, es común que no ayuden a las personas a ejercer sus derechos como lo prevé la ley, según Bari, de la organización Pragati.
Por ejemplo, una comunidad que quiera reclamar determinado usufructo de la selva, primero debe presentar una descripción de las cualidades curativas de las plantas medicinales que pretende recolectar, detalles de la delimitación del área de pastoreo y los nombres y cantidades de los productos que obtendrán de la vegetación, apuntó.
También debe presentar un mapa a mano del área reclamada.
Incluso "después de terminado el enrevesado proceso, no suele aparecer el funcionario clave del equipo de verificación", añadió Bari.
La corrupción también complicó la implementación de la ley.
Funcionarios de poca jerarquía, que suelen visitar distintas localidades para medir los territorios, a menudo exigen sobornos equivalentes a unos 110 dólares a cambio de gestionar el trámite, según Sebati Behera, de la organización Adima Adibasi Ekta Manch (Foro de Unidad Tribal Primitiva), del distrito de Boudh.
La activista relató que hace tres meses se encontró con un grupo de representantes de nueve familias tribales que estaban pagando el equivalente a unos 500 dólares en efectivo a unos funcionarios públicos. Ella se los arrebató y se los devolvió a los indígenas.
