La crispación entre España y Venezuela disminuye y aumenta al vaivén de las declaraciones de sus dirigentes, por un problema que se remonta a 1989 y 1990, cuando llegaron a suelo venezolano unos 30 vascos militantes de la organización separatista armada ETA.
La tormenta se desencadenó el 1 de marzo, cuando el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional (tribunal con jurisdicción en todo el territorio de España) requirió a su gobierno que pidiese colaboración al de Venezuela para investigar los vínculos entre ETA y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el expediente de Velasco, un presunto enlace entre las dos organizaciones es Arturo Cubillas, quien llegó a Venezuela en un grupo de deportados vascos en 1989, tiene un alto cargo en el gubernamental Instituto Nacional de Tierras y habría co-organizado un entrenamiento de insurgentes colombianos y venezolanos por expertos en explosivos de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad).
Ese entrenamiento se habría realizado en distintos puntos del occidente de Venezuela, al tiempo que las FARC y ETA sumarían esfuerzos para varios atentados, entre ellos un presunto intento de asesinato del derechista presidente colombiano Álvaro Uribe durante una visita a España.
Para las autoridades españolas, ETA es una organización terrorista. Las campesinas e izquierdistas FARC, también tildadas de terroristas por Bogotá, se alzaron en armas en 1964.
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Velasco se apoyaría en parte en documentos de un computador atribuido al comandante "Raúl Reyes", portavoz internacional de las FARC que fue abatido el 1 de marzo de 2008 durante una incursión del ejército colombiano en Ecuador.
Bogotá maneja discrecionalmente la divulgación del supuesto contenido de uno o de varios computadores, presuntamente incautados en el campamento de Reyes.
El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que esperaba de Venezuela "una explicación ante estas informaciones que parten de la Audiencia Nacional", con sede en Madrid.
Mientras la secretaria de organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español, Leire Pajín, reclamaba "una explicación inmediata" de Venezuela, el opositor y centroderechista Partido Popular (PP) exigía retirar el embajador e incluso romper relaciones si se evidenciaba apoyo del gobierno venezolano a la supuesta entente ETA-FARC.
Este extremo habría sido una mala noticia para corporaciones españolas como Telefónica, que hace en Venezuela negocios de 3.000 millones de dólares anuales, o Repsol-YPF, que busca gas en el Golfo de Venezuela y acaba de ganar una licitación con socios indios y malasios para producir en siete años hasta 480.000 barriles diarios de petróleo.
"No tengo que dar explicaciones ni a Zapatero ni a nadie en este planeta. Que le pida explicaciones a ese juez irresponsable", fue la respuesta del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien además denunció el expediente de Velasco como parte del cerco internacional contra su gobierno dirigido, según dijo, desde Washington.
El canciller español Miguel Ángel Moratinos matizó entonces que Zapatero no pedía explicaciones sino información, Chávez encontró esa posición más aceptable, y las cancillerías produjeron un comunicado conjunto para manifestar su voluntad de luchar contra el terrorismo y su compromiso de colaborar en los ámbitos judicial y policial.
Analistas de temas internacionales consultados por IPS coincidieron en que el choque golpeaba más a Madrid que a Caracas, por la oportunidad que tiene el opositor PP de explotar electoralmente lo que presenta como falta de firmeza para combatir a ETA y defender a los jueces que persiguen a ese grupo.
"Incluso pareciera que esta situación sorpresiva agarró desprevenido al gobierno de Zapatero, a juzgar por los titubeos y cambios de léxico", comentó María Teresa Romero, docente de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela.
Sin embargo, "también la imagen internacional del presidente Chávez se resiente, y todos estos datos se acopian para alinearlo entre gobernantes que deben explicar su conducta con respecto a pactos y tratados contra el terrorismo o por los derechos humanos", dijo Romero.
El dirigente opositor venezolano Teodoro Petkoff, editor del diario Tal Cual, criticó que, "sea un pedido de la Audiencia Nacional española o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la reacción del presidente es siempre superexcitada, defensiva e insultante, siempre reacia a referirse a los hechos concretos que se le señalan".
En cambio, el diputado oficialista Calixto Ortega, de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (poder legislativo unicameral), dijo que el expediente de Velasco "forma parte de una campaña internacional que pretende distorsionar la realidad de Venezuela", país que "no ha tenido colaboración de ninguna naturaleza con ningún grupo irregular".
El canciller venezolano Nicolás Maduro acusó al juez Velasco de integrar "la mafia de ultraderecha que dirige José María Aznar", el ex jefe del gobierno español, lo que llevó a Zapatero y a otros portavoces a defender tanto al dirigente del PP como al magistrado y al Poder Judicial de su país.
Ahora, como parte de la proclamada nueva cooperación antiterrorista, Zapatero dijo que viajará a Caracas el director general de la Policía y Guardia Civil españolas, Francisco Javier Velázquez.
Mientras, las relaciones entre Colombia y Venezuela, muy tirantes desde hace más de un año, son objeto de una mediación que dirige, por encargo de gobiernos de la región, el presidente dominicano Leonel Fernández.
