La oposición republicana de Estados Unidos quiere acordar con el gobierno unas condiciones especiales para mantener tras las rejas y juzgar a supuestos «terroristas» detenidos en Guantánamo.
Un académico estadounidense para quien el presunto cerebro del ataque del 11 de septiembre de 2001, Jalid Jeque Mohammad, no debería tener un juicio, está asesorando al senador Lindsey Graham, del opositor Partido Republicano, para crear un "marco de acción para los detenidos" en la guerra contra el terrorismo.
Esas nuevas pautas que se propondrían a la Casa Blanca incluyen modificaciones al hábeas corpus, una figura que tutela el derecho a la vida y a la libertad frente a actos u omisiones de autoridades, y la detención indefinida para personas que no han sido enjuiciadas, pero son "demasiado peligrosas para dejarlas en libertad".
Benjamin Wittes, académico y director de investigaciones en derecho público de la Brookings Institution, fue uno de los autores de una columna publicada la semana pasada en el diario The Washington Post, donde se argumenta que juzgar a Mohammad sería una pérdida de tiempo y dinero.
El proceso contra Mohammad "no es indispensable" y, además, "la batalla política sobre juicios militares versus juicios civiles no vale la pena", afirman en ese artículo Wittes y Jack Goldsmith, ex fiscal general adjunto del gobierno de George W. Bush (2001-2009) que enseña derecho en la Universidad de Harvard.
El mismo diario reportó que Graham presentó un anteproyecto de ley ante la Casa Blanca con el fin de llegar a un acuerdo con el gobierno de Barack Obama.
El acuerdo es desechar el anunciado proceso de Mohammad en la justicia ordinaria a cambio de que el senador apele a su influencia entre sus correligionarios republicanos para que acepten cerrar la prisión militar de la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
En sus primeros días como presidente, Obama había prometido que cerraría la cuestionada prisión para el 1 de enero de este año, un plazo que se venció hace bastante.
Una de las principales razones de ese fracaso fue la repugnancia de varios países, Estados Unidos incluido, a recibir a los detenidos allí aunque ya no fueran considerados un peligro para la seguridad nacional, pero que no podían ser repatriados pues podían ser torturados en sus lugares de origen.
Así, todavía hay unos 210 prisioneros en Guantánamo, jamás acusados formalmente de ningún delito.
Graham propone crear un "tribunal de seguridad nacional" para juzgar a esos detenidos, una idea que Obama rechaza.
Otra idea del senador es crear nuevos procedimientos para las solicitudes de hábeas corpus que se presenten a favor de esos prisioneros. Esto otorgaría al gobierno la responsabilidad de justificar la detención prolongada, una facultad que ahora tienen los jueces federales.
El senador ha recibido críticas tanto de conservadores como de liberales por intentar un acuerdo con Obama. Pero, ante las intensas críticas del Congreso, el Poder Ejecutivo podría inclinarse por demostrar su interés en una solución bipartidista.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) considera que "detener a personas de forma indefinida sin acusación penal y sin suministrarles medios para apelar su arresto es antiestadounidense y viola nuestro compromiso con el debido proceso y el Estado de derecho".
"Los procesos en tribunales federales son la forma más veloz y segura de impartir justicia, y sus resultados serían acatados dentro y fuera del país", añadió la ACLU en un comunicado.
Desde los ataques con aviones de pasajeros contra Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001 se han celebrado más de 300 juicios vinculados a delitos de terrorismo en tribunales federales. Mientras, la justicia militar apenas llevó a término tres procesos.
Pero el senador Graham reclama al gobierno que apele al fuero militar para juzgar a los detenidos en Guantánamo, lo que implica que el fiscal general Eric Holder eche atrás su decisión de someter a Mohammad y a otros cinco sospechosos a proceso en un tribunal federal.
Daphne Eviatar, alta asesora de la organización no gubernamental Human Rights First, dijo a IPS que sería un error juzgar a esas personas en un "nuevo y no probado sistema de justicia militar que deja sin solución todas las flaquezas legales y carece de legitimidad internacional".
"Lo correcto es juzgarlos de modo legítimo, por jueces experimentados en impartir justicia a cientos de terroristas internacionales en los últimos ocho años, y no tomar el cobarde camino de la detención indefinida", agregó Eviatar.
David Frakt, profesor de la Escuela de Leyes de la Western State University y teniente coronel de la fuerza aérea, dijo a IPS que las llamadas comisiones militares "son un ámbito para tratar delitos de guerra, si bien están autorizadas también para juzgar algunos otros delitos, como apoyo material al terrorismo, conspiración y terrorismo".
Pero "la inmensa mayoría de los detenidos que han sido acusados hasta ahora recibieron cargos no vinculados al derecho de guerra, para los cuales los tribunales federales son más apropiados", indicó.
Frakt es conocido por haber ejercido la defensa del ex detenido de Guantánamo Mohammad Jawad, un supuesto "combatiente enemigo ilegal" que había sido acusado ante un tribunal militar por hechos acontecidos cuando era menor de edad, en diciembre de 2002.
Jawad fue exonerado y regresó a su país, Afganistán, en agosto de 2009.
