Sindicatos de Bulgaria y de Rumania llevan adelante fuertes protestas contra las medidas anticrisis de sus respectivos gobiernos, que implicaron considerables recortes en los presupuestos.
En 2009, el producto interno bruto (PIB) de Rumania cayó siete por ciento. Frente a un déficit presupuestal de 7,2 por ciento ese año, el primer ministro rumano Emil Boc anunció este mes que este país tendría que adherirse estrictamente a un plan de austeridad económica para no "terminar como Grecia".
En Sofía hubo alertas similares. Bulgaria gozaba de superávit presupuestal cuando fue impactada por la crisis económica y financiera mundial. Esto permitió al gobierno búlgaro cerrar 2009 con un déficit presupuestal de menos de uno por ciento del PIB y evitar, hasta ahora, solicitar un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), como hizo Rumania ese año.
Sin embargo, la economía de Bulgaria cayó cinco por ciento en 2009, y en los primeros dos meses de este año ya acumulaba un déficit de 1,8 por ciento del PIB, lo que llevó a varios expertos a realizar duras advertencias.
"El gobierno está demostrando su incapacidad para controlar el déficit presupuestal", sostuvo Georgi Ganev, jefe de investigaciones económicas del independiente Centro para Estudios Liberales, de Sofía.
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"Si los mercados extranjeros olfatean incapacidad para mantener el presupuesto, el escenario griego se lanzará con toda su fuerza, mucho más fácil y mucho más rápido que en la propia Grecia", alertó.
Bulgaria y Rumania, miembros de la Unión Europea (UE) desde 2007, aspiran a ingresar a la zona euro en los próximos cinco años, y una de las condiciones es mantener el déficit presupuestal por debajo de tres por ciento del PIB.
El 24 de este mes, el gobierno búlgaro, de centroderecha, discutió con sindicatos y líderes empresariales sus planes de incrementar el impuesto al valor agregado a 22 por ciento. Los trabajadores alertaron que una medida así sería un golpe para los ya sobrecargados consumidores.
Además, Sofía anunció la semana pasada que había negociado potenciales recortes salariales en el sector público con los sindicatos, a cambio de la garantía de que no habría despidos masivos en 2010. No obstante, el 25 de este mes, algunos ministros reconocieron que reducirían el número de sus funcionarios.
Los líderes búlgaros también han estado considerando la introducción de un "impuesto al lujo" contra propietarios de casas, automóviles y yates costosos, o contra aquellos que posean depósitos bancarios de más de 50.000 euros.
Pero, después de la reunión del 24 de este mes con los sindicatos y empresarios, la aplicación de estas medidas es incierta.
Como sus pares rumanas, las autoridades búlgaras están dispuestas a preservar el actual sistema de impuestos de tasa plana ("flat tax"), considerado un estímulo de la actividad económica.
Mientras, las protestas públicas y las negociaciones con sindicatos en los últimos meses obligaron a Sofía a renunciar a una serie de medidas propuestas para aumentar los ingresos fiscales, como elevar las contribuciones obligatorias a la salud pública y los costos de los servicios sociales para las pequeñas empresas.
Sindicatos en todo el país, incluyendo la mayor agrupación de trabajadores de la industria búlgara, Podkrepa, grupos de agricultores y federaciones de las fuerzas policiales amenazan con más huelgas en abril.
En Rumania, el gobierno anunció que recortaría 15.000 empleos en la educación este año. Esta medida, junto a la cancelación de los prometidos aumentos de salarios para los maestros, desató protestas de trabajadores del sector en todo el país durante marzo, y se tienen previstas más acciones en abril.
Agricultores rumanos protestaron la semana pasada en la capital, reclamando el pago de subsidios adeudados de 2009 y exigiendo la continuación de la ayuda oficial este año.
La agricultura fue el sector más productivo en 2009, comparado con años anteriores, ofreciendo un apoyo efectivo a la economía, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Rumania.
En estos días, legisladores rumanos discuten un proyecto de ley que introduciría impuestos a pequeñas empresas, como las de reparación de zapatos, los talleres de arte y los sitios de camping.
Otro proyecto en debate propone cobrar los servicios médicos en hospitales públicos, yendo en contra de una larga tradición en el país de salud pública.
Mientras, en Bulgaria se teme que un plan de reforma de la salud lanzado el 1 de febrero derive en el cierre de más de 20 hospitales considerados insuficientes, la mayoría en áreas rurales.
Los cortes en educación, salud y administración estatal son inevitables, aseguran líderes rumanos y búlgaros.
Esas medidas también van de acuerdo con los términos del acuerdo alcanzado por Rumania el año pasado con el FMI, con las condiciones para ingresar a la eurozona y con los planes anticrisis apoyados por la UE en países como Grecia e Irlanda (las naciones europeas con peor desempeño durante la crisis financiera).
La economista Anna Coote, jefa de políticas sociales en la lathe New Economics Foundation, centro de estudios británico dedicado a investigaciones sobre calidad de vida, dijo a IPS que una forma de evaluar las medidas en Europa oriental era considerar los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI en varios países en los años 80 y 90, "con desastrosos resultados en muchos casos".
Por su parte, el economista Douhomir Minev, de la Academia Búlgara de Ciencias, también expresó sus dudas de que los recortes de gastos sean una forma de afrontar la crisis económica.
Para él, los gobiernos deberían aprovechar la crisis como una oportunidad para mejorar sus sistemas de recaudación de impuestos, y hacer más transparentes y mejor regulados los sistemas fiscales y bancarios.
