El gobierno de Túnez debe dejar de hostigar a los presos políticos después de liberarlos, advierten organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los ex presos políticos suelen ser sometidos a diversas medidas represivas que les impiden continuar con sus vidas, marginándolos a ellos y a sus familias, según Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, y Amnistía Internacional, con sede en Londres.
El estudio de HRW divulgado este miércoles, "A Larger Prison: Repression of former political prisoners in Tunisia" ("Una gran prisión: represión de ex presos políticos en Túnez"), de 42 páginas, reúne pruebas de una letanía de malos tratos infligidos por las autoridades.
"El gobierno les impide llevar una vida normal", señaló Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Medio Oriente y África del norte. "Debería adoptar políticas de rehabilitación y de reintegración para cuando salen de la cárcel", apuntó.
"Las autoridades se aseguran de que la vida de un preso político liberado sea similar a una gran prisión, tienen vigilancia, los amenazan y padecen un cóctel de restricciones", añadió Whitson.
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La abrumadora mayoría de los presos considerados políticos pertenecen a dos categorías. Primero, aquellos acusados de pertenecer al partido islamista proscrito Annahda. Segundo, los condenados por la ley antiterrorista de 2003.
El presidente tunecino Zine el-Abidine Ben Ali consolidó su poder, según analistas, al explotar las caducas amenazas de organizaciones islamistas como Annahda y reunir apoyo local e internacional para la ley de 2003.
El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (SGPC, por sus siglas en inglés), una encarnación temprana de Al Qaeda en el Maghreb islámico, se adjudicó en 2002 el ataque con bomba contra una sinagoga de la isla turística tunecina de Jerba.
Ben Ali se sirvió del atentado como pretexto para aprobar una serie de leyes controvertidas en 2003, en un intento por luchar contra organizaciones terroristas trasnacionales.
Pero los detractores del mandatario lo acusan de concentrarse en la seguridad y en afianzar su poder político a expensas de las libertades civiles. Ben Ali goza de amplio apoyo del ejército.
Las medidas antiterroristas de 2003 "permitieron sobre todo que el Estado presionara a la sociedad civil y se propagaran más allá de los habituales partidarios de Annahda", señaló Amel Boubekeur, investigadora del Centro Carnegie para Medio Oriente de Beirut, en un editorial del Huffington Post previo a las elecciones presidenciales de 2009.
"Pero la ampliación de las normas de lucha contra el terrorismo sólo logró radicalizar a muchos jóvenes que nunca antes habían considerado unirse a ningún movimiento islamista", añadió.
"La amenaza de Annahda se usa para restringir la competencia oficial de partidos políticos genuinos", a diferencia de las organizaciones islamistas insurgentes trasnacionales, dijo Boubekeur a IPS.
"En las pasadas elecciones presidenciales, el acuerdo del gobierno fue no te quejes de la falta de libertades en Túnez porque corremos el riesgo de vivir lo mismo que sufrió Argelia en los años 90", añadió, en alusión a la sangrienta guerra civil que padeció ese país vecino.
Por su parte, Amnistía Internacional le pidió al presidente Ben Ali que "terminara con las hostilidades y la intimidación de ex presos políticos y les permitiera continuar con sus vidas como personas libres", según el informe "Freed but not free: Tunisia's former political prisoners" ("Liberados, pero no libres: ex presos políticos de Túnez"), divulgado el lunes de la semana pasada.
También pidió la inmediata liberación de Sadok Chourou, ex presidente de Annahda, y de "todos los otros presos de conciencia detenidos por ejercer en paz su derecho a la libertad de expresión"
Además solicitó la liberación incondicional e inmediata del periodista Taoufik Ben Brik.
El profesional se opone desde hace tiempo al régimen de Ben Ali y defiende la libertad de expresión en Túnez.
Reporteros Sin Fronteras señaló que las autoridades tunecinas acosaron constantemente a Ben Brik llevándolo preso y confiscándole documentos durante casi una década. Los servicios de seguridad también lo sometieron a diversas tipos de intimidación y de vigilancia.
Ahora, el periodista está preso por cargos falsos a raíz de un accidente de tránsito en 2009, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
El caso de Ben Brik revela las restricciones a la libertad de movimiento, una de las principales técnicas que emplea el régimen tunecino para reprimir a la oposición, según CPJ.
Muchos ex presos políticos tienen grandes dificultades para conseguir documentos para poder viajar, según HRW y Amnistía.
Los ciudadanos que consideran que fueron víctimas de un trato injusto del gobierno pueden llevar el caso a la justicia.
Pero aun cuando el tribunal especial dictamina que las autoridades infringieron la ley y que debieron otorgarles el pasaporte, el Estado igual se niega a emitirlo, lo que muestra la falta de independencia del sistema judicial en ese país, según el informe de HRW.
La organización trató de obtener comentarios oficiales sobre su informe del Ministerio del Interior y Desarrollo Local y del de Justicia y Derechos Humanos, pero sin éxito.
