El aumento de los secuestros de inmigrantes centroamericanos que atraviesan México en ruta hacia Estados Unidos será el tema a tratar el lunes próximo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Agrupaciones no gubernamentales mexicanas denunciarán estos abusos en esta entidad con sede en Washington, adscrita a la Organización de los Estados Americanos y cuyo 138 periodo de sesiones comenzó el 15 de este mes.
"Vivimos un verdadero desastre humanitario que las autoridades quieren maquillar a toda costa", dijo a IPS el sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador del Centro de Atención Pastoral Católica para Migrantes, en el sureño estado de Oaxaca.
Solalinde, quien trabaja desde 2005 en la defensa de los derechos humanos de los centroamericanos indocumentados, viajará a Washington para relatar sus avatares en el terreno, que le han acarreado amenazas de muerte de traficantes de personas y secuestradores, llevándolo a pedir medidas de protección.
En enero de 2007, el presbítero, quien también dirige un albergue para inmigrantes, ayudó en Oaxaca a un grupo de centroamericanos a escapar de sus captores e incluso presentó una demanda penal contra policías municipales y autoridades, querella que guarda polvo en los vericuetos de la justicia mexicana.
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Anualmente, miles de centroamericanos atraviesan el territorio mexicano con la intención de radicarse en Estados Unidos. Pero en su calvario están expuestos a ultrajes de pandilleros, policías municipales y bandas de criminales.
Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se registraron 9.758 secuestros de inmigrantes, según un informe especial de la estatal, pero autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
"El secuestro de inmigrantes en México está al alza", señaló a IPS Maureen Meyer, coordinadora del Programa sobre México y Centroamérica de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
"Sin embargo, las cifras existentes no reflejan de ninguna manera la dimensión completa del fenómeno, pues, dada la vulnerabilidad de los inmigrantes, muchos casos no son reportados", agregó. Esta institución respaldará las intervenciones de los activistas mexicanos en su estadía en la capital estadounidense, en las que pedirán que el gobierno proteja a los inmigrantes, combata el secuestro y persiga penalmente a los responsables.
Autoridades migratorias mexicanas han detenido este año a 4.164 personas de origen centroamericano, según cifras oficiales.
En la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también estarán presentes Raúl Vera, obispo de Saltillo, ciudad ubicada al norte de la capital, el cura Pedro Pantoja, director de un refugio para inmigrantes y del proyecto "Fronteras con justicia", y representantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas de protección a los derechos de los centroamericanos indocumentados.
En el sureño estado de Veracruz, 13 policías municipales permanecen bajo arraigo bajo sospecha de secuestrar y extorsionar a inmigrantes centroamericanos. Los plagios de indocumentados se planean en Oaxaca y se ejecutan en Veracruz, con la colusión de funcionarios públicos y agentes municipales y estatales, según Solalinde.
El párroco, quien propuso la creación de una fiscalía para inmigrantes, pedirá a la Comisión que tramite medidas cautelares para su persona y sus colaboradores en vista del acoso en su contra, protección que el Estado mexicano le ha negado.
El rescate exigido a los familiares de las víctimas, radicados en Estados Unidos o en sus países de origen, oscila entre los 1.500 y los 5.000 dólares, según la investigación de la CNDH. Por ello, el secuestro se ha convertido en un negocio lucrativo para las agrupaciones criminales.
"La actuación de las autoridades competentes en la materia no ha correspondido a la gravedad y frecuencia del delito, pues la comisión de éste ha permanecido constante o se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad", cita el informe especial.
Ante las numerosas denuncias de atropellos, el gobierno de El Salvador abrió en enero un consulado en la zona de Oaxaca para atender a los ciudadanos de ese país. Pero ni siquiera esa legación se ha salvado, pues sufrió la incursión de supuestos policías federales casi un mes después de su inauguración.
"Parecería que los secuestros se han convertido en otra fuente de ingreso para los grupos criminales que operan en México y a lo largo de la frontera con Estados Unidos, que están involucrados en el narcotráfico, la piratería de productos y la extorsión", destacó Meyer.
La mayoría de los inmigrantes opta por no tramitar una queja oficial, a causa de la maraña de diligencias legales, además de exponerse a la deportación a sus patrias natales.
"Nos ha costado mucho trabajo que la gente nos entienda. Pero hay grupos que pretenden ponerla en contra nuestra, con el pretexto de que los migrantes delinquen", expuso Solalinde.
El Senado mexicano analiza la aprobación de una ley antisecuestro que penalizaría también el plagio de los indocumentados.
"La audiencia destacará los modos en que las leyes y las políticas mexicanas vuelven más vulnerables a los migrantes y les impiden acceder a la justicia, así como las autoridades mexicanas son cómplices de esta práctica. La petición es que la Comisión recomiende al gobierno mexicano tome medidas al respecto", indicó Meyer.
Durante el periodo de sesiones, que concluirá el 26 de este mes, la Comisión también escuchará exposiciones sobre las agresiones a periodistas en México y el acceso a servicios de salud de la población indígena en el sureño estado de Chiapas, uno de los más pobres del país.
