«Vivimos instantes de tensión muy difíciles porque creemos que en el momento menos pensado nos truncan la vida de un solo tajo», dijo a IPS el dirigente Tito Gálvez, del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos de Guatemala.
Gálvez era compañero de Evelinda Ramírez y Octavio Roblero, dos de los cuatro activistas de derechos humanos asesinados en 2010 en este país, donde defender las libertades sigue siendo una actividad de vida o muerte.
Además de Ramírez y Roblero, Germán Curup y Juan Antonio Chea fueron asesinados entre el 1 de enero y el 17 de febrero, y sus crímenes siguen sin resolverse. Y en 2009, se registraron 353 ataques contra defensores, según organizaciones de derechos humanos.
El Frente de Resistencia, una organización no gubernamental con sede en el occidental departamento de San Marcos fronterizo con México, y la trasnacional española Gas Natural-Unión Fenosa mantienen una disputa por la distribución de la energía eléctrica a nivel local.
El conflicto llegó a tal punto que el gobierno decretó el estado de prevención entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, limitando garantías de los ciudadanos, como la libertad de locomoción y de emisión del pensamiento.
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"Nuestra oposición es contra los abusos de la empresa eléctrica. Ellos sí pueden andar con gente armada haciendo micos y pericos (alboroto), mientras que el gobierno aquí no hace nada", se quejó Gálvez.
Ante los asesinatos de los defensores derechos humanos y los ataques contra su labor, las reacciones no se hicieron esperar.
"La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) insta al Estado guatemalteco a maximizar sus esfuerzos para investigar estos crímenes, esclarecerlos judicialmente y juzgar a los responsables materiales e intelectuales", expresó esta entidad de la Organización de los Estados Americanos en un comunicado de prensa publicado el 25 de febrero.
La CIDH también hizo un llamado al Estado de Guatemala a adoptar "de manera urgente" todas las medidas necesarias para la debida protección de las defensoras y defensores de derechos humanos".
De acuerdo a un informe de la no gubernamental Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, 16 activistas, entre sindicalistas, campesinos y otros dirigentes, fueron asesinados en 2009.
Además, según el documento, se registraron 353 ataques en 2009, casi uno diario. Estos aumentaron 36 por ciento con respecto a 2008 y 83 por ciento en comparación a 2000.
"El número de asesinatos contra defensores se ha incrementado de manera desmedida, las agresiones son cada vez más graves, lo cual demuestra todo el interés en desarticular la actividad de derechos humanos", dijo a IPS Luisa Pineda, dirigente de la Unidad de Protección, mientras atendía una denuncia por agresión a un compañero.
Guatemala, con 13 millones de habitantes, es uno de los países más violentos de América Latina, según las estadísticas.
En 2009 se cometieron 6.451 homicidios, casi 18 diarios, de los cuales apenas 230 culminaron tuvieron sentencia judicial, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un cuerpo creado por las Naciones Unidas, a pedido del Estado.
Para velar porque no se cometan atropellos contra la vida, el ambiente y los derechos laborales, agrupaciones de derechos humanos mantienen un papel activo en este país centroamericano. Pero no escapan a la ola de violencia.
El dirigente de la agrupación sindical Frente Nacional de Lucha, Luis Lara, dijo a IPS que esa entidad presentó 250 recursos de exhibición personal o hábeas corpus.
Este recurso tutela derechos fundamentales a la vida y a la libertad frente a actos u omisiones de autoridades que puedan lesionarlos.
"En el último semestre del año pasado y en lo que va de este año se ha agudizado el hostigamiento a nuestros dirigentes", aseguró el activista.
"Hay muchos compañeros amenazados de muerte, a quienes les mandan una esquela con sangre y se las meten debajo de la puerta de la casa o les hacen llamadas telefónicas con amenazas", relató.
A su juicio, "esta situación se deriva de las denuncias por actos de corrupción y por nuestra exigencia en la mejora de servicios públicos y privados. Hay una estrategia articulada entre el poder económico y político-militar para detenernos".
La peligrosa labor de los activistas de derechos humanos en Guatemala ha llevado a la Cicig, creada por las Naciones Unidas a pedido del Estado, a incluir en sus tareas la investigación de estos hostigamientos.
Esta tarea es riesgosa en toda la región centroamericana y en México, donde continuamente los defensores caen abatidos por las balas o son víctimas de agresiones.
Agrupaciones de derechos humanos en Honduras han registrado más de 4.234 atropellos, entre persecución a líderes sociales, atentados y allanamientos, desde el golpe de Estado del 28 de junio perpetrado contra el presidente Manuel Zelaya.
Tres ambientalistas fueron asesinados en 2009 en El Salvador y en Nicaragua activistas de derechos humanos han denunciado la participación de las fuerzas de seguridad en el hostigamiento de sus dirigentes.
Más al norte el panorama hostil persiste. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 128 casos de agresiones a activistas, 10 de las cuales terminaron en asesinato, entre enero de 2006 y agosto de 2009.
Basilio Sánchez, del Comité de Desarrollo Campesino, dijo a IPS que velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en Guatemala la vida de varios de sus compañeros.
"A ellos (los empresarios) no les gusta que se hagan entrevistas a los trabajadores. Por reclamar nuestros derechos existen ese tipo de amenazas", denunció. El año pasado esa organización perdió a dos de sus miembros en sendos ataques armados.
"Pedía subsidio al gobierno para paliar la crisis alimentaria. Lamentablemente hubo enfrentamiento entre policías y campesinos, y a los pocos días fue asesinado", dijo sobre uno de esos muertos.
