El 16 de febrero, frente a enviados del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) de Nueva York, y de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, el presidente Álvaro Uribe reivindicó a su gobierno como el único que logró reducir a casi nada la cifra de periodistas asesinados por año, y dedujo que ello lo convertía en uno de los mayores defensores de la libertad de prensa en la historia nacional. La premisa es menos discutible que la conclusión; el año pasado sólo fue asesinado José Everardo Aguilar por ejercer su oficio, y en 2002, el primer año del gobierno de Uribe, la suerte de Everardo la tuvieron seis colegas.
Los entierros de periodistas, por dramáticos que sean, no son un buen termómetro para la libertad de prensa. Como lo ha planteado el editorialista de Daily News Juan González, la cifra de cero muertos puede ser el síntoma de que los enemigos del interés público ya no necesitan matar periodistas.
La tranquilidad de hacer periodismo sin temor de ser asesinado es un buen punto de partida. Los colombianos miramos con envidia el ejemplo argentino. En 1997, cuando un personaje de la mafia sintió que su influencia en la Casa Rosada le permitiría asesinar a un periodista y pasar desapercibido, los periodistas comenzaron a vestir botones con el rostro del fotógrafo inmolado (José Luís Cabezas) y la palabra justicia, en todos los eventos públicos y privados. Cuatro meses después del primer aniversario, luego de recibir la primera citación judicial para responder por el crimen, Alfredo Yabrán se autoimpuso la pena capital con su escopeta. Argentina, que pasó décadas de represión militar, es un país en el que hoy la sociedad civil y los periodistas dialogan sobre lo sustancial de la libertad de prensa: el libre acceso a la información de interés público, la distribución democrática de la publicidad oficial, las garantías para su independencia, etcétera.
Aquí esos son temas secundarios. México comienza a disputarle a Colombia el anti-honor de ser el país más peligroso para los periodistas, y han entrado otros latinoamericanos en la lista, con violencia similar a la nuestra. A diferencia de otros países, Colombia no está en la lista global por la coyuntura de una invasión rusa o norteamericana, una dictadura o el robo de una elección (Georgia, Ruanda, Nigeria, Iraq, Afganistán, Argelia…). Es, podría decirse, una violencia que nace de las actividades de los traficantes de lo ilícito y, como en Argentina, de sus relaciones con el poder en las esferas públicas.
Los dos principales periódicos de Bogotá, entre 1978 y 2001, informaron sobre el asesinato de 164 periodistas. Esta cifra eleva el promedio que el CPJ comienza a contabilizar a partir de 1992, con 72 muertos. La pregunta es si estos más de 200 muertos han sido suficientes para crear la situación que González describe, o si Colombia es un país capaz de reclamar un ambiente de paz para ejercer el buen periodismo; sin los muertos (obviamente) pero con un Estado que estimule la crítica y entienda que ésta es una herramienta para superar los eventuales errores de sus políticas.
En Colombia se han hecho operaciones Cabezas. Todos los periódicos del país publicaron su espacio editorial en blanco, a propósito de la muerte del periodista Guillermo Cano en 1986 y la Unesco bautizó con su nombre el Premio Mundial de Libertad de Prensa. En otra ocasión, más de tres millones de personas le hicieron calle de honor a Jaime Garzón en 1999 en Bogotá. Pero nunca ha sido condenado el autor intelectual del asesinato de un periodista.
El gobierno explica su éxito con un programa de protección, que provee escoltas, chalecos antibalas, carros blindados, equipos de comunicación, etcétera, a periodistas en riesgo, que en este momento son 81 en todo el país. Éste programa fue una herencia del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), ligada a deseos expresos de los donantes de la cooperación internacional, que Uribe ha recibido más que ningún otro en la historia colombiana.
Al terminar 2002, el primer año del gobierno Uribe, el Ministerio de Trabajo había autorizado la liquidación de 560 miembros del personal de manejo y confianza de medios de comunicación en Bogotá. Eran periodistas de alto perfil en medios que cerraron o se redujeron como consecuencia de la crisis económica y de la actual crisis de la prensa.
Ya hablando de libertad de prensa, antes que por nuevos medios de comunicación, el vacío de la crisis de 2003 fue suplido por servicios de televisión presidenciales que le permiten al gobierno hacer su propia imagen, sin la mediación de los medios, al estilo que hoy es norma en el neo-populismo latinoamericano.
Las organizaciones de libertad de prensa visitaban al presidente para plantearle su mayor preocupación: varios miembros de su gabinete (sus tres jefes de inteligencia y su secretario general) están bajo investigación por su posible relación con una red de agentes del gobierno que espiaba a periodistas (y a otros actores de la política); que al menos en un caso (el de la investigadora de la muerte de Jaime Garzón) esa información había sido utilizada para aterrorizarla (describiendo la muerte de su hija), y que parte de la información había sido aportada por el guardaespaldas que el gobierno le había facilitado.
Los 81 protegidos, están felices de entrar en esta contabilidad como periodistas no asesinados, pero no se sienten más libres ahora que cuando podían ir al trabajo en transporte público y hacer entrevistas en la calle sin la compañía de guardaespaldas. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Ignacio Gómez, Presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, recibió el Premio Mundial de Libertad de Prensa del Comité de Protección de Periodistas en 2002 y otros reconocimientos por sus trabajos de investigación y de defensa de la libertad de prensa.
