Los aplausos con que los periodistas interrumpieron al presidente de la Corte Constitucional de Colombia cuando anunció el 27 de febrero que la ley de referendo reeleccionista acababa de morir, celebraban el fin de una larga y costosa incertidumbre nacional.
La ley 1.354 de convocatoria de un referendo, aprobada por el Congreso legislativo el 20 de mayo de 2009, con base en la recolección de cerca de cuatro millones de firmas que pedían la reelección del presidente Álvaro Uribe, había suscitado toda clase de dudas y temores que ocuparon la atención colombiana por sobre temas de mayor urgencia, como el de la salud, el del desempleo o el de la seguridad urbana.
Pero bastó que nueve colombianos, investidos con la dignidad de jueces, dijeran "no" a la reelección, objeto de esa ley, para que cesara la incertidumbre y se suspendiera el aparato político y publicitario que hasta ese momento respaldaba las pretensiones de Uribe de gobernar en un tercer período consecutivo.
El propio presidente, que había alegado a favor de su propósito el argumento del estado de opinión, superior al Estado de derecho en una intervención minutos después del pronunciamiento de la Corte dijo, por primera vez, que ese estado de opinión debía operar ajustado a las leyes.
Al contrario de lo que habían querido entender sus seguidores, sobre la voz del pueblo, que por ser la misma de Dios debía prevalecer sobre las leyes y las instituciones, en el discurso de la Corte y en el posterior del presidente quedó claro que las leyes y las instituciones deben acatarse porque son las que garantizan la vigencia de los derechos del pueblo.
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Así, con este final pacífico y de justa académica, culminó el apasionado debate, de la misma manera que en la historia colombiana se han frustrado los propósitos de otros dos mandatarios que se propusieron tener el beneficio de la reelección.
A comienzos del siglo XX y tras la sangrienta Guerra de los Mil Días, cuando ya había adelantado una exitosa tarea de reconstrucción del país, el general Rafael Reyes (1904-1909) prescindió del Congreso y convocó una Asamblea Nacional que votó la extensión de su mandato de seis a 10 años.
A partir de ese momento, Reyes tuvo en contra al clero, que lo trató como traidor y dictador, a la prensa, que llamó a "una liga de común defensa", y a los ciudadanos comunes que, a la llegada de Reyes a la noroccidental ciudad de Medellín, "lo dejaron entrar en silencio y aislamiento".
También a los líderes políticos, que acordaron "no pagar contribuciones dictatoriales, porque con esa sola medida pondremos fin pacífico a la dictadura", según las crónicas de la época.
Y así fue, sin revueltas ni derramamiento de sangre, como la presión de la opinión pública impuso la silenciosa salida de Rafael Reyes, en marzo de 1909.
El general Gustavo Rojas Pinilla (protagonista en 1953 de un incruento golpe de Estado) fue el otro presidente que, apegado al poder, quiso la reelección. Como Reyes, se apoyó en un legislativo de su hechura: la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) que, tras elegirlo para el período 1954-1958, comenzó a proponer su reelección para el siguiente cuatrienio.
Entonces, tuvo en contra desde un comienzo al cardenal Crisanto Luque. "No conviene una segunda vez, conviene volver al régimen civil", dijo el arzobispo.
Y cuando la ANAC votó 76 a 1 a favor del segundo período, siete ex presidentes dijeron no en un manifiesto, el cardenal Luque condenó la corrupción oficial en una pastoral, los estudiantes promovieron un paro, los comerciantes cerraron sus negocios, los industriales se sumaron al paro y los banqueros exigieron el retiro inmediato del general presidente.
Para entonces, la prensa y las universidades se habían adherido también al movimiento cívico. Ante un país en paro y no obstante haber sido elegido presidente para el segundo período por la ANAC, el 10 de mayo de 1957 el general abandonó el poder y el país.
En defensa del dictador, la policía y el ejército habían dado muerte a 40 personas, pero la ciudadanía inerme no había derramado una gota de sangre.
Esta vez la evidencia de los abusos legales cometidos en nombre de la opinión mayoritaria, leal a Uribe, tuvo la fuerza suficiente para demostrar, además, que un tercer período desestabilizaría institucionalmente al país.
La opinión de la Procuraduría General, favorable al referendo, había desestimado las acusaciones contra el proceso de recolección de firmas y la aprobación de la ley 1.354 en el Congreso, porque según el procurador lo importante era el querer de la ciudadanía.
Pero la Corte Constitucional demostró que las violaciones a los procedimientos legales atentaban contra esa voluntad popular, puesto que se trataba de garantías protectoras del estado de opinión.
Así lo habían manifestado ya los conjueces nombrados por el Tribunal Electoral en noviembre de 2009, en un fallo que pretendieron desautorizar los defensores de la reelección, mientras juristas, ex magistrados y ciudadanos del común presentaban ante la Corte Constitucional sus objeciones al referendo.
La conciencia ciudadana tuvo ante sí en los últimos meses una confluencia de hechos que encendieron luces de alarma, como no había sucedido antes en los más de siete años de gobierno de Uribe.
Aún permanece vivo el escándalo de los "falsos positivos" o asesinatos de 1.708 personas por los que son investigados 1.150 militares que, presionados por sus superiores que reclamaban resultados en la lucha contra la guerrilla, hicieron pasar como bajas en combate esos crímenes de campesinos y trabajadores.
También están vivas las reacciones por el abuso del programa Agro Ingreso Seguro, una multimillonaria distribución de dineros públicos a poderosos empresarios agrícolas que habían aportado a las campañas electorales del presidente.
Este caso puso en evidencia una política de favorecimiento a grandes empresarios e industriales, a través de exenciones tributarias y concesiones para estimular la inversión, y de exclusión de los medianos y pequeños empresarios del campo.
En las últimas semanas, manifestaciones en las calles de las principales ciudades rechazaban una propuesta de reforma de la salud que afectaría los intereses de enfermos graves sometidos a tratamientos de alto costo, y que impondría dilaciones burocráticas a las demandas sanitarias urgentes de la población.
Coincidió con las protestas contra la reforma de la salud, el asombro y la irritación de la población ante la paralización de obras públicas urgentes en la capital y en el resto del país, inexplicablemente entregadas a un mismo grupo monopólico de concesionarios, cercano al gobierno.
Revivió, casi al mismo tiempo, la indignación ante el fenómeno de los llamados "parapolíticos" (vinculados a los escuadrones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia). De los más de 100 legisladores involucrados en esos pactos ilegales, 85,7 por ciento pertenecen a la coalición de gobierno, según datos de la Corte Suprema de Justicia.
Esa Corte ordenó el 24 de febrero el encarcelamiento, por segunda vez, del ex senador Mario Uribe, primo del presidente, lo que puso de nuevo ante la conciencia pública un hecho que ha pervertido la política y la ha convertido en una acción criminal.
Un día antes, el mismo tribunal supremo había condenado a 40 años de prisión a uno de esos parapolíticos, el ex senador Álvaro García, lo que reiteró el escándalo y dio nuevos motivos al rechazo.
Todos estos hechos parecen reflejarse en las encuestas recientes. La última conocida, de la firma Datexco, indica que 47 por ciento de los encuestados se mostraron contrarios al referendo.
La misma encuesta, al formular la hipótesis de una participación de Uribe en las elecciones presidenciales del 30 de mayo, encontró que no obtendría más de 50 por ciento de los votos.
Esto, sumado al aumento del desempleo, actualmente en 14,6 por ciento, y a las voces críticas que reclaman un "no más" para la Presidencia de Uribe, son señales de una fatiga del poder que haría inviable un tercer mandato.
Por eso, el aplauso con que se recibió la sentencia en el recinto de la Corte Constitucional se pudo entender como un respiro de alivio y de orgullo.
En efecto, Colombia marcó una singularidad de fortaleza institucional que la hace distinta de otros países del continente donde la racha reeleccionista no ha encontrado barreras.
Después de las pretensiones de Reyes y Rojas Pinilla, rechazados sin necesidad de disparar un tiro en este país que ha vivido más de un siglo de guerras civiles, este tercer intento ha encontrado la misma lógica, descrita por el filósofo y sociólogo Karl Raimund Popper (1902-1994).
En una democracia es posible tumbar a un presidente sin disparar un tiro, decía. Aquí han bastado las razones de los magistrados, más contundentes que los cañonazos.
