La pena de muerte perdura imperturbable en muchos países porque cuenta con la aquiescencia de una mayoría considerable de la población o porque se nutre de supuestos valores ancestrales de esos pueblos.
El Congreso Mundial Contra la Pena de Muerte, que sesiona en Ginebra, dedicó intensos debates a objetar esas creencias, consideradas un obstáculo para la erradicación de la pena capital.
Los expertos y activistas de todo el mundo que participan del congreso observaron que las mediciones de opinión pública presentan con frecuencia un grado de aproximación dudoso y recordaron que científicos reputados han considerado que las encuestas son "muy susceptibles de manipulación por las elites".
La organización no gubernamental Amnistía Internacional, con sede en Londres, ha mencionado que por lo menos 36 países mantienen vigente el castigo capital, pero sin intención alguna de ejecutar personas y sin que aparentemente se produjeran alteraciones del orden social.
En esos países hay que cuestionar seriamente el argumento de que hay que conservarlo para satisfacer las exigencias de la opinión pública, reaccionó Roger Hood, profesor de derecho penal de la británica Universidad de Oxford.
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El académico recordó que un colega de Togo le había comentado hace dos años que las autoridades de ese país africano no podían derogar la pena porque existía un fuerte sentimiento popular en favor de su vigencia, a pesar de que en los últimos 30 años nunca se había aplicado.
Pero seis meses más tarde, Hood se enteró de que Togo había borrado de su sistema jurídico la pena de muerte para todos los delitos.
Cuando se habla de que la opinión pública favorece las ejecuciones, cabe apuntar que "todos sabemos que el resultado de los muestreos de opinión pública depende de la forma en que se presenten las preguntas y de las noticias del día", comentó la relatora sobre la pena de muerte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Renate Wohlwend.
En Japón, donde se ejecutaron 15 personas en 2008, el gobierno difundió a comienzos de este mes los resultados de una encuesta de opinión sobre el sistema judicial.
Las personas interrogadas debían elegir entre tres respuestas: La pena de muerte debe ser abolida sin condiciones, en algunos casos la pena de muerte no puede ser evitada y no sabe/depende.
La segunda opción fue escogida por 85,6 por ciento de los consultados. Entre ellos, 51,5 por ciento opinó que los delitos violentos aumentarán si se deroga la pena de muerte.
El método de la encuesta, incluida la presentación de las preguntas, despertaron numerosas críticas, refirió Maiko Tagusari, una abogada miembro del Centro por los Derechos de los Presidiarios, de Japón.
Pero antes que nada hay que precisar que el llamado "apoyo público" está condicionado por la política del gobierno japonés de realizar ejecuciones en el mayor secreto y por su fracaso en divulgar la información necesaria sobre la pena de muerte y sobre el sistema de justicia en su conjunto, subrayó Tagusari.
Amnistía Internacional sostiene que, al mantener las ejecuciones en secreto, muchos gobiernos se aseguran de que la opinión pública no pueda debatir la realidad de la pena de muerte.
En 2009, el número de asesinatos fue en Japón el más bajo desde 1945. Sin embargo, la gente cree que los delitos atroces están en aumento, relató Tagusari.
A los condenados que se encuentran en el corredor de la muerte nunca se les avisa la fecha de su ejecución, nadie sabe cómo se selecciona a la próxima víctima de la pena capital y también se ignora cuantos prisioneros fueron condenados y ejecutados erróneamente, subrayó.
Los métodos de ejecución por ahorcamiento no han cambiado en Japón por casi 140 años. Eso nunca ocurriría en una sociedad democrática si la ciudadanía recibiera la información necesaria, sostuvo la abogada.
La experiencia de Europa, donde la pena de muerte ha sido erradicada, demuestra que la abolición es un asunto que deben manejar los parlamentarios, sin guiarse por consultas de opinión pública, enfatizó la relatora Wohlwend.
Ningún partido gobernante ha perdido las elecciones en Europa a causa de la abolición. La introducción previa de una suspensión de las ejecuciones ayudó a reasegurar a la población que esa moratoria no causa el aumento de los delitos violentos, insistió.
En gran parte de Europa, la acción de políticos valientes determinó que el público en general abrazara la causa de la abolición, recordó.
La pena de muerte es un castigo que intrínsecamente supone un tratamiento cruel, inhumano y degradante para el delincuente, recordó Hood. Por eso no se la puede justificar con la excusa de que la presión pública para aplicarla, sostuvo.
Hood citó a una penalista china, la profesora Mo Hongxian, quien declaró recientemente que "la opinión pública no representa necesariamente a la justicia".
Mo se declaró esperanzada en que una política de restricción ajustada de la aplicación de la pena de muerte en China "reduciría la inclinación pública hacia una justicia de venganza contra los delitos".
China fue el país que registró en 2008 el mayor número de condenas a muerte, al totalizar 7.003, y también de ejecuciones, que llegaron a 1.718, según las estimaciones de Amnistía Internacional.
Sin embargo, Hood recordó que en la sesión de marzo de 2007 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el representante de China dijo que "los alcances de la aplicación de la pena de muerte serán revisados a la brevedad y se espera que esos alcances sean reducidos, con el objetivo final de la abolición".
Respecto de la validez de los argumentos de los "valores asiáticos" de la "cultura china", como fundamentos de la perdurabilidad de la pena de muerte, Hood citó los casos de dos regiones con amplia mayoría de población china, las de Hong Kong y Macao, que favorecían ese castigo capital antes de que el régimen colonial británico lo derogara.
Más tarde, tras el regreso de ambos enclave a la jurisdicción china, no se han registrado demandas serias o presiones para la reimplantación de la pena de muerte, a la vez que ha proseguido el descenso de la tasa de homicidios, dijo Hood, citando estudios de expertos chinos y occidentales.
