Organizaciones indígenas y campesinas del norte de Perú se movilizaron pacíficamente este lunes por 16 reclamos, entre ellos la derogación de decretos legislativos que vulneran sus derechos. El gobierno autorizó a los militares a intervenir en la protesta y calificó la jornada como un fracaso.
"Quieren militarizar nuestros territorios para provocarnos, reprimirnos y luego echarnos la culpa de las consecuencias", dijo a IPS el dirigente indígena Saúl Puertas, secretario general de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Puertas se refería a los 33 muertos, entre civiles y policías, que dejó el enfrentamiento entre los indígenas y los uniformado el 5 de junio de 2009 en la localidad norteña de Bagua, en la Amazonia peruana.
La movilización de este lunes fue pacífica y responde a un acuerdo alcanzado el 29 de enero por las bases del norte del país de Aidesep y de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) ante la falta de respuestas del gobierno a sus reclamos.
Las regiones movilizadas fueron Amazonas, Cajamarca, las zonas altas de Piura (Huacabamba y Ayabaca), además de algunas localidades de Lambayeque y La Libertad —en el extremo noroccidental del país—, que rechazan la extracción de recursos naturales en territorios comunitarios.
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Según reportes de periodistas de Bagua, en Amazonas, los indígenas no se acercaron a la "Curva del Diablo", en la carretera Fernando Belaúnde Terry, el epicentro de los hechos de violencia en junio pasado, que permaneció custodiada por las fuerzas de seguridad.
Llamó la atención de las autoridades la movilización de centenares de comuneros en la provincia de Jaén, de la vecina región de Cajamarca.
El domingo, el Poder Ejecutivo autorizó por decreto la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía "para "proteger a la población de las amenazas a su seguridad" en esas regiones. El día anterior, el primer ministro Javier Velásquez Quesquén había dicho a una radio local que al gobierno no le temblaría la mano para poner orden ni permitiría otro "baguazo".
En una conferencia de prensa este lunes, Velásquez Quesquén sostuvo que la protesta fue "casi nula" y "un fracaso", si bien reconoció su carácter pacífico.
"El estilo de este gabinete no es sentarse a conversar con aquellos que toman carretera Solo les aplicamos la ley", dijo.
En la tarde, Puertas encabezó una marcha hacia la sede del Congreso legislativo en Lima, a la que se adhirieron sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otros grupos sociales solidarizados.
"Nuestros hermanos sólo han realizado caminatas y mítines. No se ha acordado bloquear carreteras ni puentes, sólo queremos expresar lo que pensamos", dijo Puertas.
Los reclamos, a los que se adhieren también la Organización Regional de los Pueblos Indígenas Amazónicos del Norte del Perú y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, incluyen el "rechazo total" al informe de una comisión investigadora designada por el Ejecutivo sobre los hechos de Bagua.
El motivo del rechazo es que el documento no valora de manera equilibrada las responsabilidades de las autoridades y los uniformados en los hechos que condujeron a la masacre, según los indígenas.
Las organizaciones también reclaman que cese la persecución a líderes indígenas, que se permita el retorno del presidente de Aidesep, Alberto Pizango, asilado en Nicaragua, y que se libere a tres nativos encarcelados sin pruebas fehacientes de su presunta responsabilidad en la masacre: Feliciano Kahuasa Rolin, Danny López Shawit y Asterio Pujupat Wachapea.
También piden freno a las concesiones mineras y petroleras en la Cordillera del Cóndor, la Amazonia y en zonas altoandinas en el norte y oriente.
Precisamente, poco antes el gobierno suspendió las actividades de exploración en Amazonas de la minera Afrodita, de capitales canadienses, debido a que no acreditó el derecho de uso del terreno.
La compañía anunció que impugnará la medida y los dirigentes indígenas temen que el Estado ceda una vez más.
Velásquez Quesquén alegó que tras esta medida del gobierno, los indígenas ya no tienen una razón de peso para protestar.
Pero dos reclamos reiterados de los nativos siguen en la congeladora: la derogación de seis decretos legislativos que vulnerarían sus derechos y la demora en aprobar la ley general de consulta a los pueblos indígenas.
En el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno promulgó un centenar de decretos en uso de las facultades que le delegó el parlamento, de los cuales una decena infringían derechos consagrados de los pueblos indígenas y debían ser derogados, según dictaminó una comisión multipartidaria del Poder Legislativo.
La recomendación fue emitida en diciembre de 2008. Pero hasta el momento sólo se han derogado cuatro decretos: 1.015, 1.073, 1.064 y 1.090.
Los decretos 1.064 y 1.090 modificaban el régimen de manejo forestal y el uso de tierras agrarias y fueron considerados inconstitucionales por legisladores, juristas y organizaciones nativas.
Mientras, las normas 1.015 y 1.073 habilitaban la venta de tierras comunales con una autorización que requería apenas los votos de la mitad más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria.
Los otros seis decretos están referidos a la titulación de tierras de las comunidades y siguen sin debatirse, dijo a IPS la congresista Gloria Ramos, presidenta de la comisión multipartidaria encargada de recomendar soluciones a la demanda indígena.
La comisión ya emitió un segundo informe sobre los procedimientos de consulta que debe seguir el Congreso para normas que afecten a los nativos, pero sigue sin aprobarse.
"No hay voluntad del gobierno ni de la bancada (bloque) oficialista para respetar los derechos de estas poblaciones y avanzar en estas iniciativas", dijo Ramos a IPS.
En forma paralela, una comisión sobre pueblos indígenas del parlamento se encuentra trabajando en un proyecto de ley general de consulta, en cumplimiento al artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) según el cual los Estados deben consultar a los indígenas cada vez que se toman decisiones que los afectan.
Perú suscribió este instrumento internacional en 1993, pero hasta el momento no ha dado pasos concretos para concretar su aplicación.
La presidenta de esa comisión legislativa, Elizabeth León, dijo a IPS que se está elaborando el proyecto a partir de una propuesta de la Defensoría del Pueblo, de una de las mesas de diálogo que conformó el Ejecutivo después de los sucesos de Bagua y de un dictamen legislativo.
El presidente de la Conacami, Mario Palacios, señaló que tan importante como aprobar la ley es consultar a los nativos sobre su contenido. "Esta ley debe tener un carácter de consulta en la que se busque llegar a un acuerdo con los indígenas, a un consentimiento, para que no solo sea una cuestión administrativa", dijo a IPS.
Palacios resaltó que el gobierno no ha cumplido con las recomendaciones que la OIT le hizo llegar hace un año sobre el tema. "Es hora de actuar, no puede seguir dando la espalda a sus responsabilidades y esperar que la protesta se agudice una vez más", sostuvo.
